Motocicletas eléctricas: una nueva movilidad que desafía la seguridad vial en RD

El auge de estos vehículos entre adolescentes y repartidores plantea retos de regulación, educación vial y fiscalización, mientras especialistas advierten sobre los riesgos de circular sin la preparación adecuada.

Por Martín Severino

Santo Domingo. – Se han convertido en una escena cada vez más habitual en las calles dominicanas: motocicletas y bicicletas eléctricas que avanzan entre carros, autobuses y vehículos pesados, muchas veces conducidas por jóvenes que circulan sin casco y que parecen moverse bajo reglas distintas a las que aplican a los demás usuarios de las vías.

El crecimiento de estos vehículos plantea preguntas que van más allá del simple hecho de la seguridad, ya que una resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), emitida en junio de 2023, estableció límites para la asistencia motorizada eléctrica de bicicletas.

La disposición del órgano autorizado fijó en 32 kilómetros por hora la velocidad máxima para las bicicletas destinadas al transporte de personas o carga, mientras que las patinetas eléctricas quedaron limitadas a 20 kilómetros por hora, violaciones que serían castigadas con multas de uno a tres salarios mínimos y asignó a la DIGESETT la responsabilidad de fiscalizar su incumplimiento.

Sin embargo, la realidad que se observa en las calles obliga a hacer una distinción que resulta determinante para entender el problema y despierta la preocupación, ya que en distintos sectores del país se ha vuelto común observar a adolescentes desplazándose en este tipo de vehículos, algunos sin casco y en medio del tránsito convencional.

El aumento en el uso de motocicletas eléctricas, pasolas y patinetas en las calles de República Dominicana responde a las nuevas necesidades de movilidad de la población, debido a que son alternativas económicas, prácticas y de fácil acceso, especialmente para desplazamientos cortos. Sin embargo, Denisse Cruz, ingeniera civil y especialista en Diseño y Seguridad Vial, advirtió que su expansión está ocurriendo sin una adecuada integración al sistema de tránsito y sin que necesariamente sus usuarios cuenten con los conocimientos básicos de las normas de circulación.

Cruz aclaró que el problema no es la tecnología ni la movilidad eléctrica, sino las condiciones en que estos vehículos están siendo utilizados y la falta de controles efectivos para garantizar una circulación segura. Señaló que su atractivo entre adolescentes y jóvenes está relacionado con la facilidad de acceso, el bajo costo de utilización y la posibilidad de alquilarlos sin realizar una inversión importante, pero advirtió que muchos los perciben como vehículos recreativos, similares a una bicicleta o un juguete, sin comprender que al incorporarse a una vía pública pasan a formar parte del tránsito y quedan expuestos a los mismos riesgos que otros conductores.

La especialista sostuvo que la movilidad eléctrica representa una evolución importante y puede contribuir a sistemas de transporte más sostenibles, pero consideró que en el país su expansión está evidenciando desafíos en materia de regulación, fiscalización y educación vial. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer una clasificación clara de estos vehículos, tomando en cuenta que una patineta eléctrica no necesariamente debe recibir el mismo tratamiento que una motocicleta eléctrica, debido a sus diferencias de velocidad, características y niveles de riesgo.

Sobre la presencia de adolescentes en calles y avenidas de alto tránsito, Cruz calificó la situación como un riesgo considerable, principalmente por la falta de experiencia para identificar peligros, anticipar las maniobras de otros conductores y reaccionar ante situaciones imprevistas. Advirtió que la interacción entre vehículos pesados, automóviles, motocicletas y peatones hace más compleja la circulación, mientras que el reducido tamaño de estos vehículos puede dificultar que sean vistos por otros conductores. También señaló como factores de riesgo la diferencia de velocidad, la falta de infraestructura segregada y la ausencia de equipos de protección.

“No podemos permitir que las calles se conviertan en espacios de aprendizaje mediante prueba y error para menores de edad. Un error de conducción puede tener consecuencias irreversibles”, sostuvo la especialista.

En cuanto a los repartidores que utilizan estos vehículos, explicó que enfrentan una exposición continua al riesgo vial por la cantidad de horas que permanecen circulando y por la frecuencia con que realizan maniobras, giros, detenciones e incorporaciones al tránsito. Entre los riesgos identificó las colisiones, los conflictos en intersecciones, los puntos ciegos, las condiciones deficientes del pavimento y la fatiga acumulada. En el caso de los vehículos eléctricos, agregó que también deben considerarse la autonomía de la batería, el mantenimiento de los frenos, los neumáticos y los sistemas de iluminación.

Cruz también advirtió sobre la presión que pueden experimentar los repartidores para completar rápidamente sus entregas, debido a que sus ingresos o evaluaciones pueden estar vinculados con la cantidad de pedidos realizados y el tiempo empleado. Según explicó, esto puede favorecer comportamientos como el exceso de velocidad, maniobras imprudentes, circulación en sentido contrario, incumplimiento de señales y utilización de espacios destinados a peatones.

Para enfrentar esta situación, la ingeniera civil propuso establecer una regulación y fiscalización acorde con las características de cada vehículo, considerando aspectos como velocidad máxima, potencia, peso y condiciones de circulación. También planteó diferenciar las motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas y dispositivos de movilidad personal; establecer edades mínimas y requisitos de conducción; regular los alquileres mediante mecanismos de verificación de edad, mantenimiento y restricciones de uso; exigir equipos de protección; determinar las vías por las que pueden circular y reforzar la educación y fiscalización dirigida a jóvenes, padres y operadores.

La especialista consideró que la solución no necesariamente es prohibir estos vehículos, sino regularlos adecuadamente, educar a sus usuarios y garantizar que su incorporación al tránsito no represente un riesgo adicional para la población. Afirmó además que en República Dominicana ya existen disposiciones que regulan estos medios de transporte, por lo que entiende necesario fortalecer la fiscalización, especialmente sobre las empresas que los alquilan y permiten su utilización por menores sin las condiciones legales y de seguridad correspondientes.

“No podemos esperar a que ocurran tragedias para actuar. La seguridad vial debe trabajarse desde la prevención, no desde las consecuencias”, concluyó Cruz.

Expansión de estos vehículos exige educación vial

Lo que sí es una realidad es que el crecimiento del uso de motocicletas eléctricas en las calles del país representa una nueva alternativa de movilidad, debido al ahorro en combustible, los menores costos de operación y la reducción de emisiones y ruido. Sin embargo, Aníbal Germosén, especialista en seguridad vial, advierte que la expansión de estos vehículos debe estar acompañada de educación vial, condiciones técnicas de seguridad y una fiscalización efectiva por parte de las autoridades.

Germosén explica que la popularidad de estos vehículos entre adolescentes y jóvenes está relacionada con sus precios, la facilidad para realizar trayectos cortos, la independencia que ofrecen y el atractivo de la tecnología. No obstante, señaló que el problema surge cuando el acceso a estos medios de transporte no está acompañado de la formación necesaria para utilizarlos correctamente. A su juicio, el país está ante una nueva alternativa de movilidad, pero su crecimiento puede superar la capacidad de regulación y educación vial si las autoridades no actúan oportunamente.

Razón por la que llamó especialmente la atención sobre los adolescentes que conducen estos vehículos en calles y avenidas de alto tránsito, debido a que pueden carecer de la experiencia necesaria para identificar peligros y reaccionar ante situaciones imprevistas. También advirtió que quienes trabajan como delivery permanecen durante varias horas expuestos a colisiones, caídas, fatiga, estrés, condiciones climáticas adversas y distracciones relacionadas con el uso del celular para consultar rutas o pedidos.

Asimismo, Germosén señaló que la presión por completar rápidamente las entregas puede incentivar conductas peligrosas, como cruzar semáforos en rojo, circular en sentido contrario, utilizar las aceras o realizar maniobras imprudentes. En ese sentido, planteó que las empresas y plataformas de reparto deben establecer tiempos realistas y evitar incentivos que premien la rapidez por encima de la seguridad.

Ante este escenario, el especialista considera necesario establecer una clasificación clara entre motocicletas, bicicletas asistidas y patinetas eléctricas, debido a que sus características y niveles de riesgo son diferentes. También propone precisar requisitos relacionados con edad, formación, licencia y registro, además de establecer condiciones técnicas, límites de velocidad y vías autorizadas.

A esto se suma el uso obligatorio de casco adecuado, luces, mantenimiento, educación vial y una fiscalización efectiva, mientras que para los repartidores plantea capacitación, descansos y condiciones laborales que prioricen la seguridad.

En definitiva, el auge de las motocicletas eléctricas, bicicletas asistidas y patinetas representa una nueva realidad en la movilidad dominicana, impulsada por la economía, la facilidad de desplazamiento y los avances tecnológicos. Sin embargo, su presencia cada vez más frecuente en calles y avenidas, especialmente en manos de adolescentes y repartidores, plantea desafíos que no pueden ignorarse. La falta de experiencia, el uso inadecuado de estos vehículos, la ausencia de equipos de protección y las maniobras imprudentes aumentan la exposición a accidentes en un tránsito donde conviven vehículos de tamaños y velocidades muy diferentes.

El desafío para las autoridades no consiste en frenar esta alternativa de transporte, sino en garantizar que su crecimiento vaya acompañado de reglas claras, educación vial y una fiscalización efectiva. También resulta necesario involucrar a las familias, los comercios y las plataformas de reparto para promover una conducción responsable y evitar que la rapidez o la facilidad de acceso se impongan sobre la seguridad. La prevención debe ser la prioridad antes de que se produzcan tragedias, porque modernizar la movilidad no significa únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino asegurar que quienes las utilizan puedan desplazarse sin poner en peligro sus vidas ni las de los demás.