Ajuste de la realidad

La decisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de incrementar el límite del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) y redefinir las viviendas de bajo costo, aumentando su tope en un 3.4% hasta alcanzar RD$5,193,655.47 para ajustarlo a la inflación, es entendible desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, esta medida pone de manifiesto un problema de fondo: no corresponde con los ingresos reales de la mayoría de la población dominicana.

Desde 2017, la política de indexación salarial ha estado suspendida para quienes perciben ingresos superiores a RD$416,220 anuales. En ese mismo periodo, la inflación acumulada ha sido del 40.12%, impactando de manera significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de la clase media. Esto genera una preocupación legítima, ya que los ingresos no se actualizan al mismo ritmo que los impuestos o los precios del mercado inmobiliario, alejando a muchas familias de la posibilidad de adquirir una vivienda digna.

Esta situación representa un desafío, pero también una oportunidad para el gobierno de abordar esta disparidad mediante la implementación de una política de indexación salarial que compense el impacto de la inflación. Además, sería crucial desarrollar incentivos que faciliten el acceso a viviendas asequibles. Este tipo de medidas son indispensables para garantizar que los dominicanos puedan alcanzar el sueño de tener un hogar propio y digno para sus familias.