La viralidad el nuevo requisito para atender los reclamos ciudadanos

ElAvance | 16 noviembre 2026

Cuando una denuncia viral altera las prioridades de una institución, el costo puede recaer sobre quienes reclaman, pero no tienen audiencia, por lo que las autoridades deben explicar cómo deciden a quién atender primero.

Por el periodista Carlos Del Pozo

Dos ciudadanos pueden reclamar el mismo servicio y enfrentar dificultades semejantes, pero si uno consigue hacerse viral y el otro permanece en el trámite ordinario, la institución debe poder explicar cualquier diferencia en la atención que les ofrece, especialmente cuando la urgencia del segundo resulta mayor.

Ese es el aspecto que merece examinarse en República Dominicana: el posible desplazamiento de quienes esperan sin exposición pública, porque detrás de una intervención celebrada en redes puede haber otros expedientes que siguen pendientes y cuyos afectados carecen de medios para hacerse escuchar.

No basta, por tanto, con reconocer que una denuncia difundida consiguió respuesta, sino que también corresponde determinar si la institución actuó por la gravedad del caso o porque su reputación comenzó a verse comprometida, una diferencia que tiene consecuencias para todos los demás usuarios.

Pensemos en una familia que solicita revisar un aumento de la factura eléctrica o en una persona que denuncia una negativa de atención médica, situaciones que deben evaluarse por sus circunstancias y riesgos, aunque sus protagonistas no tengan seguidores ni sepan grabar un video convincente.

La exposición ha movilizado actuaciones concretas, como ocurrió con una factura de Edenorte superior a los RD$30,000 que se hizo viral en noviembre de 2024 y recibió una explicación pública sobre la investigación realizada, según reseñó Diario Libre, así como con la denuncia de negativa de asistencia tras la tragedia del Jet Set, sobre la cual la SISALRIL informó que inició una investigación de oficio después de declaraciones en redes.

Esos casos muestran la utilidad de hacer públicos los reclamos, pero no prueban que otras personas fueran desplazadas ni que las instituciones actúen únicamente bajo presión, por lo que el análisis debe concentrarse en impedir que la notoriedad se convierta en un criterio informal de prioridad.

Para entender ese riesgo conviene mirar al ciudadano que no aparece en la publicación: alguien que quizá perdió una jornada de trabajo para visitar una oficina, entregó sus documentos y regresó a casa con un número de reclamación, confiando en que su caso avanzaría conforme a un procedimiento.

Si esa persona descubre que necesita exponer su angustia para conseguir una respuesta, la institución le está imponiendo una carga adicional, pues además de acreditar su necesidad tendría que aprender a llamar la atención o encontrar a alguien dispuesto a hablar por ella.

Esa presión también puede modificar la conducta de políticos y funcionarios, para quienes resolver un caso conocido ofrece reconocimiento inmediato, mientras atender expedientes sin repercusión exige un trabajo cuyo resultado rara vez se convierte en una publicación celebrada.

Cuando ese incentivo domina, las plataformas digitales pueden influir indirectamente en el orden de atención, porque aquello que sus sistemas hacen visible llega con mayor fuerza al despacho del funcionario, aunque no represente la necesidad más urgente de la población.

La respuesta debe comenzar por reglas de prioridad que puedan explicarse y comprobarse, tomando en cuenta el riesgo, la vulnerabilidad y el tiempo de espera, de manera que una intervención excepcional tenga una justificación más sólida que el volumen de comentarios que produjo.

También hace falta comparar los tiempos de respuesta de los reclamos ordinarios con los de los casos difundidos públicamente, pues esa información permitiría detectar diferencias injustificadas y corregirlas, en lugar de limitar la evaluación a las soluciones que las propias instituciones deciden mostrar.

Las redes deben conservar su capacidad de denunciar y fiscalizar, mientras las autoridades asumen la responsabilidad de que cada respuesta pública contribuya a corregir una falla para todos los afectados, en vez de cerrar solamente el caso que consiguió notoriedad.

El ciudadano que espera sin hacer ruido también debe contar en la gestión pública, porque atender al que se hizo viral no resuelve la desigualdad si quienes tienen una necesidad igual o mayor continúan relegados.