Sin control real en las cárceles no hay forma de lograr seguridad en las calles

Los modelos penitenciarios más reconocidos demuestran que una prisión segura no es la que encierra más tiempo, sino la que corta el poder criminal y reduce la posibilidad de reincidir.

Periodista Carlos Del Pozo

La discusión sobre seguridad ciudadana suele concentrarse en lo que ocurre en las calles, aunque una parte del problema se mantiene activo dentro de las cárceles.

Una prisión que permite que internos conserven teléfonos, dirijan estafas, coordinen amenazas o preserven sus redes delictivas no representa una ruptura con el crimen.

Simplemente traslada su centro de operaciones a un lugar que el Estado debería controlar por completo.

Mientras ese dominio persista, cualquier esfuerzo policial tendrá un límite.

El celular es la evidencia más visible de esa debilidad. No es solo un objeto prohibido hallado durante una requisa, sino una expresión de privilegio y poder.

Para que un interno tenga un teléfono necesita alguien que lo introduzca, mecanismos para cargarlo, acceso a señal y, en muchos casos, una red externa que reciba órdenes mueva dinero o identifique víctimas.

Cuando eso ocurre con frecuencia, la responsabilidad no puede recaer únicamente en el recluso.

Revela fallas de vigilancia, corrupción o ausencia de inteligencia penitenciaria.

Los sistemas más valorados en esta materia han entendido que el control y la rehabilitación se necesitan mutuamente.

Noruega es uno de los ejemplos más estudiados. Su modelo no se basa en permisividad, sino en lo que expertos de las Naciones Unidas denominan seguridad dinámica.

Los agentes penitenciarios conocen a los internos, detectan tensiones, recogen información y mantienen reglas claras, mientras la educación, el trabajo y el tratamiento forman parte de la rutina.

La cárcel no es un lugar sin control, sino un espacio donde el control profesional busca evitar que el interno vuelva a delinquir.

Una investigación académica sobre el sistema noruego encontró que la prisión acompañada de formación y oportunidades de inserción redujo de manera significativa la reincidencia. Esa es la medida que importa.

No cuántas personas caben en una cárcel ni cuántos años suma una condena, sino cuántas salen con menos posibilidad de regresar al delito.

Brasil también ha desarrollado el modelo APAC en determinados centros, con disciplina, trabajo, educación, responsabilidades compartidas y vínculos familiares.

Sus resultados han mostrado tasas de reincidencia inferiores a las de las cárceles tradicionales.

No todos los internos pueden recibir el mismo tratamiento. Quienes dirigen estructuras violentas, cometen extorsiones o mantienen capacidad para movilizar redes criminales requieren clasificación rigurosa, separación efectiva, control financiero, monitoreo tecnológico y bloqueo de comunicaciones supervisado desde fuera de los recintos.

Colombia comenzó a aplicar ese criterio con internos de alto riesgo, combinando traslados, decomisos e interrupción de señal.

La lección es clara: al cabecilla no se le puede administrar como si fuera un interno común.

Las autoridades dominicanas han anunciado nuevas infraestructuras y el bloqueo de señal en algunos centros, medidas necesarias, pero todavía insuficientes.

La debilidad está en la falta de un sistema integral y verificable.

El país necesita saber cuántas comunicaciones ilícitas se interrumpen, cuántos celulares entran a los recintos, cómo ingresan, quién responde por ello y cuáles son los resultados en reincidencia.

Sin transparencia y rendición de cuentas, cada anuncio corre el riesgo de convertirse en una promesa más.

El nuevo Código Penal endureció las penas para delitos graves, pero aumentar condenas no resolverá por sí solo la inseguridad.

Si las cárceles no neutralizan el poder criminal ni ofrecen condiciones reales de transformación, el castigo será apenas una pausa.

La seguridad de las calles empieza cuando el Estado recupera el control de sus prisiones y logra que quien entra a ellas salga con menos poder para hacer daño.