Vive la France

Francia vuelve a ser escenario de protestas sociales que terminan empañadas por la violencia y la destrucción. Lo ocurrido durante el pasado fin de semana en París demuestra cómo grupos de delincuentes pueden aprovechar las manifestaciones legítimas para disfrazarse de «justicieros» y convertir el reclamo ciudadano en una oportunidad para sembrar el caos. Una cosa es salir a las calles para exigir mejores condiciones de vida, educación y oportunidades, y otra muy distinta es destruir comercios, incendiar propiedades y atacar a quienes nada tienen que ver con las decisiones del Gobierno. La protesta pacífica es un derecho; el vandalismo es un delito. Y confundir ambas cosas es hacerle un enorme daño a la democracia.

Entre las imágenes que circulan de los disturbios, resulta especialmente conmovedor el testimonio de un comerciante francés que cuenta cómo dedicó toda su vida a levantar su negocio, para verlo destruido en apenas un fin de semana. ¿Qué justicia existe en destruir el patrimonio de una persona que ha trabajado honestamente durante décadas? ¿Qué reivindicación social puede justificar que una familia pierda su sustento? Quienes utilizan las causas sociales como excusa para robar, destruir y provocar desorden no están defendiendo al pueblo, sino perjudicándolo.

La historia francesa nos recuerda una y otra vez la fuerza de la movilización popular, pero también los peligros de permitir que la violencia termine desplazando las demandas legítimas. Las autoridades tienen la obligación de escuchar a quienes protestan y garantizar su derecho a manifestarse, pero también de proteger a los ciudadanos, sus propiedades y sus medios de vida. Cuando una protesta termina golpeando al pueblo trabajador y honesto, pierde buena parte de su legitimidad ante la sociedad. Ninguna causa se fortalece destruyendo el esfuerzo ajeno. Porque reclamar justicia es un derecho, pero utilizar ese reclamo para cometer injusticias jamás podrá ser una forma de alcanzarla.