SARD califica de ilegal emplazamientos que les hace el Senado

Santo Domingo. – La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) se encuentra en un proceso para que se reconozcan sus derechos sobre el inmueble que ocupa en el Centro de los Héroes, mientras espera que la Dirección General de Bienes Nacionales complete el traspaso formal del título de propiedad.

Así lo informó la presidenta de la entidad, arquitecta Lucirys Mateo Peña, quien indicó que el gremio ha apoderado a abogados para defender la titularidad del espacio y procurar que las autoridades reconozcan los documentos que, según explicó, respaldan la donación realizada por el Estado dominicano.

Mateo Peña calificó de penosa e indignante la situación que enfrenta la asociación frente al Senado de la República, al considerar que desconocer la documentación existente podría vulnerar los derechos adquiridos por la institución.

Advirtió que este tipo de situaciones genera preocupación para otros gremios del país que cuentan con inmuebles y podrían enfrentar conflictos similares. En ese sentido, llamó a las autoridades a actuar conforme a las normas y las leyes.

Al explicar los antecedentes del caso, la presidenta de la SARD señaló que en agosto de 2004 el entonces presidente Hipólito Mejía derogó un decreto de 2001 que declaraba de utilidad pública dos inmuebles ubicados en el complejo del Centro de los Héroes.

Indicó que, tras las gestiones realizadas por arquitectos para evitar la expropiación del inmueble ocupado por el gremio, el Gobierno de Venezuela, que era su propietario, lo donó al Estado dominicano.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, durante el gobierno de Leonel Fernández, el Estado formalizó la donación a favor de la Sociedad de Arquitectos mediante un contrato suscrito por representantes de ambas partes.

La principal de la SARD explicó que, con el paso de los años, la entidad organizó su documentación institucional, acondicionó el inmueble y desarrolló acuerdos con instituciones públicas para mejorar sus instalaciones, donde actualmente funcionan sus oficinas y salones de actividades.

Entre esos acuerdos, mencionó uno suscrito en 2023 con el Ministerio de Obras Públicas para el remozamiento de sus oficinas y el uso temporal de un área como estacionamiento para empleados de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.

Agregó que los retrasos en el proceso de titulación coincidieron con cambios institucionales relacionados con Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar, por lo que ahora buscan completar el trámite y lograr el reconocimiento formal de la propiedad.