Los partidos como negocios

Los partidos políticos son indispensables para la democracia; nuestra democracia se ha construido con ellos como centro de orden y clave del desarrollo y del orden como sociedad y país. Pero estos no deberían convertirse en una herramienta para beneficiar a un grupo económicamente. Una realidad es que en nuestro país existen partidos con una representación escasa, poca actividad política y mínimas posibilidades electorales, pero que sobreviven gracias al financiamiento que distribuye la Junta Central Electoral (JCE). El problema no es que existan muchas organizaciones ni que cualquier ciudadano pueda crear una alternativa política; todo lo contrario, cerrar esa posibilidad sería cerrar espacios democráticos y favorecer a quienes ya controlan las estructuras tradicionales. La discusión debe estar en otro lugar, pues una cosa es garantizar el derecho a participar y otra muy distinta garantizar el derecho a recibir dinero público.

El sistema debe ajustar sus incentivos. Todo partido que cumpla con la ley debe poder organizarse, presentar candidatos y competir en igualdad de condiciones, pero el acceso significativo al financiamiento estatal debería estar vinculado al respaldo ciudadano demostrado en las urnas y a una actividad política real y verificable. En especial, el accionar de las organizaciones, pues solo aparecen para hacer "acciones políticas" en tiempo electoral y duran 4 años sin hacerse sentir. La JCE debe fiscalizar mejor, establecer unos parámetros más claros y rastreables, que permitan al ciudadano verificar el accionar de estas organizaciones y no quedarse solo con recibir el dinero de la Junta y olvidarse de sus acciones con la sociedad. La sociedad dominicana debe de saber en qué gastaron los fondos los partidos.

La democracia dominicana no necesita menos participación; necesita mejor participación y mayor transparencia. El dinero público destinado a los partidos debería utilizarse para formar dirigentes, elaborar propuestas, investigar políticas públicas, fortalecer la participación de jóvenes y mujeres y construir verdaderas alternativas de gobierno. Y quien utilice irregularmente esos recursos debe enfrentar consecuencias, desde la suspensión del financiamiento hasta la devolución de los fondos y las responsabilidades que correspondan. No debemos impedir que nadie sueñe con llegar a la Presidencia ni colocar barreras que protejan a los partidos tradicionales. Pero tampoco podemos aceptar que crear o mantener un partido se convierta en un modelo de negocio financiado por los contribuyentes. Abramos las puertas de la política todo lo necesario; lo que debemos cerrar es la posibilidad de hacer negocio con la democracia.