“El voto que puede romper el equilibrio: cuando la democracia se viste de uniforme”

Rolando Espinal.
En exclusiva para El Avance.

Vamos a hacer el ejercicio incómodo. El que nadie quiere hacer porque suena a herejía, a traición, a miedo rancio. Vamos a ponernos el traje del abogado del diablo y a preguntar lo que los defensores del voto militar no quieren escuchar: ¿y si devolver ese derecho no es justicia, sino un suicidio institucional? ¿Y si la historia, esa vieja maestra que siempre llega tarde, nos está gritando que no hemos aprendido nada?

Porque hay una razón por la que el artículo 208 de nuestra Constitución prohíbe el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y esa razón no es el capricho de un dictador ni la ocurrencia de un burócrata. Es la memoria. Es la cicatriz. Es el eco de los golpes de estado, de los cuarteles que decidían presidentes, de las balas que resolvían lo que las urnas no podían.

Pero claro, hoy somos modernos. Hoy somos demócratas de manual. Hoy creemos que el soldado que empuña un fusil es, ante todo, un ciudadano. Y tienen razón. Tienen toda la razón del mundo. Hasta que la razón se estrella contra la realidad.

El problema no es el derecho. El problema es el uniforme. El problema no es la persona, es la institución. El problema no es el ciudadano que vota, es el votante que porta un arma y obedece una cadena de mando. Porque en las Fuerzas Armadas no hay individuos, hay una jerarquía. Y en esa jerarquía, la voluntad del superior es ley. ¿Alguien cree, sinceramente, que un soldado raso va a votar en contra del candidato que su coronel apoya? ¿Alguien cree que un cabo va a marcar una boleta distinta a la que su sargento sugiere, aunque sea con un guiño, aunque sea con un silencio?

El jurista Julio Cury lo dijo sin anestesia: "Definitivamente lo más recomendable es que los cuerpos armados se mantengan al margen de lo que es la política porque sería utópico pensar que un militar ejerza el sufragio por un partido contrario". Y no es cinismo, es realismo. Es saber que el voto secreto es una ficción cuando el que vota sabe que su superior puede preguntar, puede investigar, puede castigar. No hace falta una amenaza explícita. Basta con la certeza de que hay ojos que miran.

Los defensores del voto militar señalan con entusiasmo que otros países lo permiten. Chile, Argentina, México, Brasil. Y es verdad. Pero también es verdad que en muchos de esos países el proceso "ha sido muy traumático y ha afectado su desarrollo democrático". Un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode) reveló que "en muchas de las naciones en las que se ha habilitado este tipo de sufragio, al mismo tiempo se ha puesto de manifiesto la politización de las Fuerzas Armadas, se han generado fallas democráticas significativas y se han producido acciones políticas suspicaces". No es un dato menor. Es una advertencia.

Pero vayamos más allá. Vayamos al hueso. Porque el verdadero temor no es que el soldado vote mal. El verdadero temor es que vote bien. Que vote con conciencia. Que vote con criterio. Que vote y luego exija. Porque un militar que vota es un militar que se siente parte. Y un militar que se siente parte es un militar que puede reclamar. Sueldos dignos. Equipamiento adecuado. Condiciones de vida que no sean una broma macabra. Y eso, queridos amigos, es lo que realmente asusta al poder. No el voto en sí, sino lo que viene después.

El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, lo dijo sin rodeos: el país no cuenta con "los niveles de institucionalidad necesarios para entregar más poder a miembros de las fuerzas militares o policiales". Y ahí está la clave. La institucionalidad. La madurez democrática. La capacidad de absorber una reforma de esta magnitud sin que el sistema se desmorone. ¿Tenemos esa capacidad? ¿De verdad creemos que nuestra democracia, tan joven, tan frágil, tan llena de vicios clientelares, puede soportar que 50 mil uniformados entren al juego electoral sin que el tablero se vuelque?

La historia, esa vieja puta que nunca miente, nos recuerda que entre 1854 y 1924 los militares dominicanos sí votaban. Y también nos recuerda lo que pasó después. Golpes. Dictaduras. Sangre. No fue el voto lo que causó todo eso, pero el voto era el síntoma de una politización que terminó devorando a la democracia. La reforma constitucional de 1978 no fue un capricho. Fue un parteaguas. Fue la decisión de poner un dique para que el río no se desbordara otra vez.

Y ahora, ¿vamos a romper ese dique? ¿Vamos a abrir esa compuerta solo porque suena bonito decir que todos somos iguales? Porque la igualdad es un principio, no una receta. La igualdad no significa que un bombero y un general tengan las mismas responsabilidades, ni que un maestro y un soldado compartan el mismo código de conducta. La igualdad no es uniformidad. La igualdad es reconocer que hay funciones que exigen sacrificios, y uno de esos sacrificios puede ser, legítimamente, la suspensión temporal del derecho al voto mientras se está en servicio activo. No es una condena perpetua. Es una condición del oficio. Como la del juez que no puede hacer política, o la del fiscal que no puede manifestarse. No es discriminación, es coherencia institucional.

El ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón lo expresó con claridad meridiana: "Uno de los grandes logros que ha tenido la democracia en los últimos años ha sido la de despolitizar las Fuerzas Armadas". Y tiene razón. Despolitizar no es excluir. Es proteger. Es preservar a las instituciones del contagio partidista. Es garantizar que el que defiende la patria no tenga que elegir entre su deber y su preferencia política. Es asegurar que el fusil no tenga dueño, que la bala no tenga candidato, que el cuartel no sea una extensión de un comité de campaña.

Porque, seamos sinceros, ¿alguien cree que los partidos políticos no van a intentar cooptar a los uniformados? ¿Alguien cree que no van a haber generales que se conviertan en operadores electorales? ¿Alguien cree que el poder no va a usar la cadena de mando como una herramienta de movilización? La ingenuidad tiene un límite, y ese límite se llama realidad.

La jueza Sonia Díaz, del Tribunal Constitucional, ha dicho que "es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se le incorpore a la escena social". Y es una voz respetable. Pero incorporar a la escena social no significa necesariamente incorporar a las urnas. Hay otras formas de participación, otras maneras de sentir que se pertenece, otros caminos para que el uniformado sea ciudadano sin que el ciudadano se convierta en un activo político.

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha señalado que la decisión implicaría una modificación constitucional, "lo que, a su vez, conlleva un complejo proceso de análisis y reflexión". Y ese es el punto. Análisis. Reflexión. No ocurrencias. No emociones. No discursos bonitos sobre la igualdad. Porque la igualdad no se construye con gestos simbólicos, sino con instituciones sólidas. Y nuestras instituciones, con todo respeto, no están listas.

No están listas para que un coronel decida el destino de un pueblo. No están listas para que un sargento sea cortejado por un partido. No están listas para que el poder militar se mezcle con el poder político, que es exactamente lo que nuestros padres constitucionales quisieron evitar cuando escribieron el artículo 208.

Y aquí viene la parte más incómoda, la que nadie quiere nombrar: el voto militar no es una demanda orgánica de las Fuerzas Armadas. Es una demanda de algunos políticos que creen que pueden controlar ese voto. Es una demanda de algunos intelectuales que creen que la democracia se perfecciona con gestos, no con estructuras. Es una demanda de algunos periodistas que creen que la igualdad es un eslogan, no un proceso.

Porque si los militares y policías realmente quisieran votar, lo estarían pidiendo en las calles. Y no lo están haciendo. No hay manifestaciones. No hay pronunciamientos. No hay un clamor popular desde los cuarteles. Lo que hay es un debate en las élites, un ejercicio académico, una discusión de salón que no tiene eco en la tropa.

¿Y por qué no tiene eco? Porque el soldado sabe que su voto, en el mejor de los casos, no cambiaría su vida. Y en el peor, lo expondría a represalias. El soldado sabe que la libertad del sufragio es una ilusión cuando la jerarquía lo es todo. El soldado sabe que su comandante no necesita preguntarle por quién votó para saberlo. Basta con observarlo. Basta con medir su entusiasmo. Basta con notar si sonríe más o menos después de las elecciones.

La jueza Valentina Marte Alvarado lo dijo sin titubeos: "Yo pienso que no, que es un punto muy sensible, que tiene que ver con la protección de la soberanía y que esas personas, llamadas a resguardar la seguridad, la integridad de la nación, no pueden tener intereses ni deberle lealtad a ningún partido político". Y esa es la verdad incómoda. La lealtad del militar no puede ser dividida. No puede jurar bandera y después votar en contra de quien la representa. No puede defender la Constitución y después elegir a quien la interpreta. No puede ser el guardián de la democracia y al mismo tiempo un actor de la democracia.

Porque la democracia no es solo derechos. La democracia también es deberes. Y uno de esos deberes es preservar la neutralidad de las instituciones que garantizan la democracia. Las Fuerzas Armadas son una de esas instituciones. Su neutralidad no es un lujo. Es una condición de supervivencia.

Imaginemos, solo por un momento, el escenario más probable: un gobierno popular, un presidente con altos niveles de aprobación, unas Fuerzas Armadas que votan mayoritariamente por él. ¿Qué mensaje envía eso a la oposición? ¿Qué garantía tiene la oposición de que los militares van a defender la Constitución si el presidente que eligieron es desafiado? ¿Qué confianza puede tener el pueblo en que los cuarteles no van a inclinarse hacia el poder de turno?

Y ahora imaginemos el escenario opuesto: un gobierno impopular, unas Fuerzas Armadas que votan en su contra, un descontento que se cocina en los cuarteles, una tensión que crece, un general que cree que tiene el mandato de la tropa para actuar. ¿Eso suena a democracia? ¿O suena a la antesala de un golpe?

El abogado Julio Cury lo resumió con una frase que debería grabarse en mármol: "Si se mantienen arrinconadas las Fuerzas Armadas y no se les da ese derecho, se preserva al menos la politicidad que genera esa facultad". Arrinconadas. Esa es la palabra. No excluidas. No discriminadas. Arrinconadas. Protegidas del contagio. Preservadas de la tentación. Mantenidas en su lugar para que cumplan su función sin distracciones.

Porque la función de las Fuerzas Armadas no es elegir gobiernos. Es defenderlos. No es hacer política. Es hacer patria. No es decidir el rumbo del país. Es garantizar que el rumbo que decida el pueblo sea respetado.

Y aquí llegamos al final de este ejercicio incómodo, a la pregunta que ningún abogado del diablo puede responder sin temblar: ¿y si todo esto es solo miedo? ¿Y si los fantasmas del pasado nos están impidiendo ver un futuro mejor? ¿Y si el soldado de hoy no es el golpista de ayer? ¿Y si la democracia dominicana es más fuerte de lo que creemos?

No lo sé. Nadie lo sabe. Por eso el debate es necesario. Por eso el análisis es urgente. Por eso la reflexión no puede ser aplazada.

Pero una cosa sí sé: la democracia no se construye con prisas. No se perfecciona con gestos. No se fortalece con ocurrencias. La democracia se construye con instituciones. Con confianza. Con madurez. Y la madurez, queridos lectores, no se decreta. Se gana. Se suda. Se construye día a día, elección tras elección, generación tras generación.

¿Estamos listos para dar este paso? ¿O estamos repitiendo los errores que la historia ya nos enseñó? La respuesta no está en este artículo. Está en cada uno de ustedes. En la intimidad de sus conciencias. En la honestidad de sus reflexiones.

Porque el voto militar no es solo un derecho. Es una decisión. Y las decisiones, cuando se toman mal, pueden costar muy caro.