Una tragedia evitable

Los familiares de las 18 personas, entre ellas 10 menores de edad, que resultaron con quemaduras graves el pasado domingo 10 de marzo durante la celebración del Carnaval de Salcedo, atraviesan el día de hoy una dolorosa incertidumbre.

La tragedia no solo ha causado angustia entre los parientes de los lesionados, sino que ha provocado aflicción en toda la sociedad dominicana.

Sin dejar de lado el dolor que ha ocasionado la desgracia, lamentablemente es necesario decir que este infortunio se pudo haber evitado.

En primer lugar, la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, ha señalado que los organizadores del Carnaval no contaban con la autorización para utilizar fuegos artificiales en ese evento.

En segundo lugar, la Ley 340-09, para el Control y la Regulación de los Productos Pirotécnicos, prohíbe la fabricación, importación, comercialización, transporte, venta y manipulación de estos artículos, sin la previa autorización del Ministerio de Interior y Policía. Esta norma prohíbe además su venta al público.

Es decir, que en este caso hubo una flagrante violación al ordenamiento jurídico que regula la utilización de los fuegos pirotécnicos y, en consecuencia, lo que se espera es una sanción de acuerdo a lo que establece la señalada normativa.

En ese sentido, le tomamos la palabra al ministro de la Presidencia, Joel Santos, cuando afirmó que está en marcha la correspondiente investigación y que serán sometidos a la justicia aquellos que resulten responsables de esta violación a la ley, cuyas consecuencias aún pueden ser fatales.

Este trágico incidente debe enviar el mensaje a los dominicanos de que las leyes, las normas y los protocolos no se establecen para “gadejo”, como se dice popularmente, sino para que exista un régimen que nos permita convivir con orden y garantías, y, en tal virtud, tienen que ser respetados por toda la población.