Solicitan abrir investigación de hechos denunciados por empresario Jochi Gómez

Santo Domingo. – La fundación Primero Justicia solicitó a la Procuraduría General de la República abrir una investigación penal por la posible comisión de prevaricación, extorsión, narcotráfico y lavado de activos, que involucra al asesor financiero de la Presidencia Pablo Portes; al director general del Intrant, Milton Morrison; al asesor político de la Presidencia, Mauricio Vengoechea; al expresidente de la Comisión de Recuperación de Bienes del Estado Jorge Luis Polanco; al empresario haitiano y fundador del Grupo GB Group, Gilbert Bigio y al  Pepe Bono, investigado por la justicia española por corrupción y lavado de activos.

Estos hechos se encuentran previstos y sancionados por los artículos 123, 124, 147, 148, 175, 176, 265, 266, 405 y 406 del Código Penal de la República Dominicana, y por la Ley 155-17, sobre lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

Es importante recordar que José Ángel Gómez Canaán (Jochi) es una de las personas con mayor cúmulo de datos de inteligencia, pues era quien se encargaba de monitorear la vigilancia de funcionarios, empresarios y cualquier tipo de actividad contraria al gobierno, según se comprueba en su propia declaración, y en virtud de los múltiples acuerdos con agencias oficiales de seguridad nacional al respecto, según indicó Surun Hernández.

Nos preocupa que, dentro de las acusaciones más graves, se encuentra que el asesor político de la Presidencia de la República,  Mauricio Vengoechea, le exigió a Hugo Beras el 5 % de los ingresos por concepto de revista vehicular, que como sabemos había sido tratada con una empresa española presuntamente relacionada con el  Pepe Bono, investigado por la justicia española por corrupción y lavado de activos, acusado de ocultar parte de su fortuna en la República Dominicana.

Otra de las acusaciones graves la constituye el manejo fraudulento, por parte de Milton Morrison, de la licitación para el otorgamiento del contrato de expedición de licencias de conducir, que asciende a un monto de RD$8,000,000,000.00, para favorecer al empresario haitiano Bigio y a Portes, propietarios del capital accionario de la planta generadora Barcaza instalada en Azua, “Karadeniz”, a la cual el Estado le paga el kilovatio hora a un precio 10 veces mayor que el valor que paga a las demás generadoras.

Otra acusación grave es el manejo irregular de los fondos recuperados de actos de corrupción del pasado gobierno, mencionando inclusive la supuesta pérdida de RD$50,000,000.00 en efectivo, dinero que no tiene posible procedencia lícita y que se sospecha pudo haber provenido de algún soborno.

Asimismo, se denuncia la existencia de un entramado militar que posibilita la operación de una finca en Bánica como punto de almacenamiento de drogas, mencionando inclusive al ministro de Defensa de la República Dominicana y, nuevamente, al empresario haitiano Gilbert Bigio.

Finalmente, otra acusación seria y comprometedora es que el abogado Jorge Luis Polanco habría instruido entregar el sistema de espionaje Pegasus para vigilar y escuchar las conversaciones de funcionarios, lo cual, evidentemente, incluiría a personalidades del ámbito político, constituyendo un grave atentado al Estado de Derecho en la República Dominicana.