¿Quién vigila a la justicia?

El caso de Affe Gutiérrez vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta tan incómoda como la de ¿quién vigila a la justicia? Cuando un ciudadano pasa casi 28 meses preso de forma arbitraria, condenado dos veces sin pruebas suficientes y obligado a luchar más de ocho años para demostrar su inocencia, lo que queda al descubierto no es un error aislado, sino una vulnerabilidad profunda de nuestro sistema judicial.

La decisión de la Suprema Corte de ordenar una indemnización millonaria al Estado dominicano es un acto de reparación imprescindible, pero también una confesión institucional de que se violaron derechos fundamentales, hubo negligencia, hubo abuso del uso de la prisión preventiva y, sobre todo, hubo un ciudadano que fue aplastado por la maquinaria de un sistema que debió garantizarle justicia. Ninguna compensación económica devolverá el tiempo perdido, el daño emocional o la estigmatización social que sufrió Affe Gutiérrez.

Este caso debe convertirse en un punto de inflexión. La justicia dominicana necesita mecanismos de supervisión independientes, una revisión seria del uso indiscriminado de la prisión preventiva, sanciones ejemplares para quienes manipulan los procesos y una mejora urgente en la calidad de las investigaciones. No podemos seguir confiando en la idea de que “el sistema siempre tiene la razón”, porque la realidad demuestra lo contrario.