Puesto en 29, la confirmación de un gran fracaso social e institucional

Celebrar la muerte de un sospechoso expresa el hartazgo frente al crimen, pero también la desconfianza de una sociedad que dejó de esperar justicia.

Por el periodista, Carlos Del Pozo

La expresión “puesto en 29” se ha popularizado para referirse a la muerte de un delincuente real o supuesto a manos de la Policía, un desenlace que algunos sectores incluso aplauden.

Sin embargo, celebrar que los agentes maten a una persona como castigo por los delitos que le atribuyen significa aceptar que la Policía sustituya a los tribunales e imponga una pena de muerte que la Constitución dominicana prohíbe.

A mí también la delincuencia me tiene “jarto”.

Quien sale a trabajar, nuestros hijos y demás familiares pueden convertirse en víctimas.

Esa angustia es legítima, pero entregarle a la Policía la facultad de decidir quién merece morir nos expone a otro peligro.

Ese aplauso compromete a la Policía, al Ministerio Público, a los tribunales y al sistema penitenciario.

La Policía informó que mantiene 53,877 órdenes de arresto pendientes, una cantidad que no representa necesariamente a igual número de personas.

También atribuyó más de diez registros policiales al detenido por el asalto a Kenny Grullón.

Una ficha no equivale a una condena, pero ese historial obliga a preguntar qué ocurrió con las investigaciones, las acusaciones y las decisiones judiciales. ¿Dónde falló la protección que debía recibir la ciudadanía?

La cárcel tampoco puede quedar fuera del examen.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó sobre decomisos de celulares y otros objetos prohibidos a internos de Las Parras, además de medidas de aislamiento mientras se determinan las sanciones.

Las requisas son necesarias, pero encontrar esos artículos obliga a investigar cómo entraron y quién facilitó su circulación.

Y con eso volvemos a los mismos males de siempre, es decir; una cárcel nueva que reproduce los mismos privilegios y complicidades de los viejos modelos.

El Salvador merece estudiarse por sus resultados en seguridad y por el control que ha impuesto en sus cárceles, una experiencia que obliga a las autoridades dominicanas a explicar por qué nuestros recintos siguen siendo vulnerables al ingreso de celulares, drogas y otros artículos prohibidos.

Sin embargo, ese control debe ejercerse dentro de la ley, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque reconoce mejoras en la seguridad de El Salvador, también ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia.

Por otro lado, en Brasil, el método APAC combina disciplina, trabajo, educación y acompañamiento familiar.

Su Consejo Nacional de Justicia ha destacado resultados en reinserción y reducción de reincidencia.

Son experiencias que obligan a examinar tanto el control del delito como el trato a las personas detenidas.

Cesare Beccaria, sostuvo que la certeza del castigo disuade más que su crueldad.

Esa reflexión conserva vigencia cuando una sociedad comienza a confiar más en una bala que en un expediente.

Si permitimos que un agente decida quién debe morir, la apariencia, el barrio o una denuncia falsa pueden sustituir las pruebas.

Un policía corrupto también podría utilizar ese poder para silenciar a quien conozca sus complicidades.

El inocente ejecutado jamás podrá demostrar el error.

Vale la pena precisar que una muerte durante una intervención policial no constituye automáticamente una ejecución extrajudicial.

Los agentes pueden enfrentar amenazas que hagan indispensable emplear fuerza letal para proteger vidas, pero cada caso debe investigarse de manera independiente.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece que privar intencionalmente de la vida solo es admisible cuando resulta estrictamente necesario para proteger otra ante una amenaza inminente.

Tener antecedentes no autoriza a matar.

La respuesta exige capturas oportunas, investigaciones sólidas, decisiones judiciales responsables y cárceles que impidan seguir delinquiendo mientras preparan la reinserción.

También exige atender a las víctimas, cuyo abandono alimenta la demanda de venganza.

Celebrar un cadáver deja sin respuesta las fallas que permitieron llegar hasta allí.

“Puesto en 29” termina siendo la confesión de una derrota institucional: la sociedad aplaude que alguien murió,  porque dejó de creer que el Estado podía hacer justicia.