Pactar para cumplir.

Jorge Amado Méndez.
Abogado.

El reciente baño de realidad que nos dio el ministro de Hacienda al recordarnos que los problemas de la República Dominicana cumplen 22 años siendo exactamente los mismos, no debería pasar como una declaración más de la semana. Es la radiografía de una parálisis colectiva. Que el déficit fiscal, las pérdidas del sector eléctrico y la asfixia del gasto público sigan en el mismo lugar que a principios de siglo demuestra que el crecimiento económico dominicano ha funcionado como una anestesia eficaz, pero peligrosa. Nos volvimos expertos en administrar los síntomas mientras postergamos la cirugía.

Para dar el salto definitivo al desarrollo, el país ya no necesita parches legislativos ni discursos de buena voluntad. Urge un gran acuerdo político e institucional de amplio espectro, similar en magnitud a los Pactos de la Moncloa, aquel hito español que demostró que las fuerzas políticas antagónicas pueden deponer armas partidarias para rediseñar las reglas del juego. Sin embargo, la realidad dominicana exige una dosis extra de audacia, me refiero a que el verdadero desafío no es solo firmar un nuevo diseño institucional, sino blindar el cumplimiento de todo lo acordado.

Nuestra historia reciente demuestra que no padecemos de falta de diagnóstico, sino de un preocupante déficit de consecuencias. La Estrategia Nacional de Desarrollo manda a ejecutar pactos nacionales. Se han firmado acuerdos educativos y eléctricos con bombos y platillos, pero la ausencia de mecanismos punitivos independientes permite que lo acordado se desvanezca al ritmo de los ciclos electorales. Un pacto de gran envergadura en nuestro contexto debe proteger las reformas frente al clientelismo y la conveniencia del gobierno de turno, convirtiendo las metas de desarrollo en políticas de Estado inamovibles. Sin auditoría social y penalizaciones al incumplimiento, cualquier documento será solo papel mojado.

Mientras se construye ese consenso macro, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. Las herramientas de contingencia, como la reciente ley fiscal de anticrisis, es un excelente ejemplo de medidas modernizadoras parciales. Demuestran que la gradualidad es útil y que el Ejecutivo necesita agilidad operativa para responder al entorno. Sin embargo, estas victorias parciales deben ser el puente, nunca el destino final. El peligro de acostumbrarnos a las reformas de emergencia es que alivian las presiones del día a día, pero nos hacen olvidar los cambios de fondo.

Esperar a que una crisis económica nos estalle en la cara para forzar las transformaciones es una irresponsabilidad histórica. El salto al desarrollo no llegará por inercia ni por el simple paso del tiempo, llegará cuando la clase política demuestre la madurez necesaria para amarrarse las manos en favor del futuro nacional. Es hora de un pacto definitivo, sellado por el compromiso inquebrantable de su cumplimiento. Solo así romperemos el ciclo de las últimas dos décadas.

¡Atrévanse!