Orden en las calles

Por Orlando Jorge Villegas

Hace unos días, tuve la oportunidad en mi programa Líderes de conversar con Aníbal Germoso, creador de la plataforma digital Accidentes RD, un espacio que se ha convertido en un termómetro crudo de la realidad del tránsito en la República Dominicana. De esa conversación salieron dos datos que estremecen a cualquier ciudadano, especialmente considerando los incidentes recientes relacionados al tránsito.

El primero: según datos del INTRANT, menos del 1% de los motoristas en el país tiene licencia de conducir motocicletas. Si consideramos que el parque vehicular de motocicletas ronda los 3.5 millones, estamos hablando de una informalidad prácticamente total. Millones de personas circulando diariamente sin haber pasado por un proceso mínimo de validación de capacidades.

El segundo dato apunta a un fenómeno más puntual, pero igual de preocupante: una parte significativa de las imprudencias en las vías está vinculada a motoristas afiliados a plataformas de delivery. A diferencia del motoconchista tradicional, que opera dentro de un perímetro relativamente limitado, estos conductores recorren largas distancias, utilizan avenidas y autopistas, y lo hacen bajo presión de tiempo. El incentivo es claro: entregar rápido. El resultado también: mayor exposición al riesgo y una conducta más agresiva en el tránsito.

Bajo estas condiciones, lo que se ha instaurado en nuestras calles es un estado de desorden estructural. Un entorno donde una parte importante de los motoristas (no todos, pero sí una proporción crítica) opera bajo una especie de impunidad social tácitamente permitida. No es solo un problema de cultura ciudadana; es, sobre todo, un fallo en la capacidad del Estado para imponer reglas claras y hacerlas cumplir.

Se dice que políticamente los gobiernos no se enfrentan a este problema porque los motoristas son “padres de familia” y porque cualquier medida estricta “quita votos”. Pero esa lectura ignora una realidad igual de poderosa: la sociedad dominicana lo que quiere es orden. Existe una mayoría silente, ciudadanos que cumplen las normas y pagan impuestos, que no necesariamente se expresa con protestas, pero que sí tiene una herramienta contundente: el voto. Y cuando el hartazgo se acumula, ese voto se convierte en un mecanismo de castigo.

De cara al 2028, el orden en las calles no será un tema secundario. La movilidad, la seguridad vial y la capacidad de implementar sistema vial ordenado serán parte del debate político de primer nivel. En ese contexto, cualquier liderazgo que pretenda evadir este problema o abordarlo con tibieza será percibido como incoherente.

Porque al final, más allá de discursos o cálculos electorales, lo que está en juego es algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a transitar con garantías mínimas de seguridad. Y eso, en cualquier sociedad funcional, no debería ser un privilegio. Debería ser la norma.