La responsabilidad compartida frente al caos

La anarquía que durante años se ha apoderado de una parte importante del sector motorizado en la República Dominicana ha dejado de ser un simple problema de tránsito para convertirse en un desafío de seguridad y convivencia ciudadana. Violaciones constantes a las leyes de tránsito, circulación en vías prohibidas, irrespeto a los semáforos y, en algunos casos, episodios de violencia han generado una creciente sensación de desorden en las calles. Ante esta realidad, la decisión de la DIGESETT de intensificar la fiscalización merece respaldo. El orden no puede seguir siendo una sugerencia; debe convertirse en una norma que se haga cumplir.

Sin embargo, las autoridades no pueden enfrentar este problema en solitario. El sector privado también tiene una cuota de responsabilidad. Empresas que utilizan servicios motorizados para entregas, mensajería o transporte deben invertir en capacitación, supervisión y protocolos claros para garantizar que sus colaboradores respeten las normas de tránsito. La eficiencia nunca puede estar por encima de la seguridad. De igual manera, la ciudadanía debe asumir un rol más activo, denunciando malas prácticas y respaldando las medidas orientadas a recuperar el orden en las vías públicas.

La transformación de la cultura vial requiere determinación y compromiso colectivo. Es momento de entender que la fiscalización rigurosa no es una persecución, sino una herramienta para proteger vidas. El país necesita una política firme, constante y sin excepciones frente a quienes convierten las calles en territorio sin ley. Y esa tarea solo tendrá éxito si autoridades, empresas y ciudadanos asumen que el respeto a las normas no es una opción, sino una condición indispensable para construir una sociedad más segura y organizada.