La protección de la niñez no admite excusas

El caso ocurrido en la Fundación Restaurando Vidas, en La Pared de Haina, debe llevar a la sociedad dominicana a una profunda reflexión sobre la responsabilidad del Estado en la protección de nuestros niños y niñas.

Es cierto que muchas personas pueden haber actuado con buenas intenciones para ayudar a menores vulnerables, pero esto no es suficiente cuando se trata de garantizar su seguridad y bienestar. Las imágenes divulgadas sobre las condiciones del centro evidencian que el lugar no reunía las condiciones adecuadas para atender a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades han señalado que la fundación había sido intervenida hace aproximadamente un año. Cabe entonces preguntarse: ¿qué seguimiento se le dio a esa intervención y por qué continuó funcionando si persistían las deficiencias? También debe aclararse si contaba con las licencias y autorizaciones correspondientes.

Este caso no solo debe generar una investigación sobre quienes administraban el centro, sino también sobre los mecanismos de supervisión y seguimiento del Estado.

En cualquier sociedad que se respete, sus niñas y niños son sagrados. Su protección no puede depender únicamente de la buena voluntad de particulares.

El Estado tiene la obligación de garantizar que el personal y todo lugar destinado a su cuidado cumplan con las condiciones de formación, preparación, seguridad, dignidad y bienestar.