La Justicia cambió

La República Dominicana atraviesa, quizá sin terminar de darse cuenta, una de las transformaciones institucionales más profundas de su historia reciente. Durante décadas, los casos de corrupción se manejaban en silencio, entre archivos guardados y complicidades políticas que convertían la impunidad en norma. Hoy, esa lógica comienza a quebrarse. Los casos se investigan, los expedientes llegan a los tribunales y las autoridades informan a la ciudadanía con una transparencia que antes parecía impensable. El país decidió cambiar.

La reacción frente al caso SeNaSa es el ejemplo más reciente de esta nueva cultura de rendición de cuentas. El gobierno ordenó auditorías, remitió el expediente al Ministerio Público y tomó decisiones administrativas con rapidez. Se comunicó abiertamente, se ofrecieron detalles y se explicó cada paso. Este nivel de apertura no solo responde a un deber ético, sino también a una apuesta por fortalecer la confianza en las instituciones.

Este cambio tiene efectos que trascienden lo político. Un país donde los casos se investigan y la justicia opera de manera independiente es un país más atractivo para invertir, más estable y más predecible. La seguridad jurídica no se decreta; se construye con hechos. La República Dominicana está enviando al mundo una señal poderosa de que aquí las reglas importan, aquí se cuida el patrimonio público y aquí las instituciones funcionan. Ese compromiso, sostenido en el tiempo, será uno de los mayores legados para las próximas generaciones.