La DGII también debió esperar los alivios fiscales para cobrarle más a la clase media rota

ElAvance | 03 noviembre 2026

La DGII, que invoca la inflación para aumentar el marbete, debe esperar los alivios fiscales para una clase media rota, sostenida a fuerza de préstamos y fiao.

Por el periodista Carlos Del Pozo

Si la clase media tiene que esperar hasta 2027 para recibir los principales alivios fiscales, como el ajuste del mínimo exento del impuesto sobre la renta y la eliminación de anticipos para las microempresas, la DGII también debió esperar para cobrar más por el marbete.

El Gobierno debió disponer, mediante el instrumento correspondiente, que el aumento del marbete iniciara a partir del 2027, cuando entren los principales alivios tributarios pendientes de aplicación.

Ambas decisiones debieron coincidir para que la protección anunciada por el Gobierno acompañe la nueva obligación tributaria.

Ese orden importa porque las familias pagan con el dinero disponible. Un beneficio previsto para enero no cubre una cuota que vence ahora en noviembre.

Por tanto, al decidir cuándo aumentar un impuesto, el Gobierno debe considerar los compromisos que ya absorben los ingresos del contribuyente.

Precisamente, en ese sentido Magín Díaz, presentó el Plan Anticrisis con el compromiso de proteger a la clase media y los sectores vulnerables, mientras concentraban un mayor esfuerzo recaudatorio donde existiera mayor capacidad contributiva.

Esa orientación obliga a evaluar cómo se distribuyen las cargas durante la aplicación del paquete. 

Sin embargo, el aumento del marbete comenzó el 29 de octubre.

Las tarifas quedaron en RD$2,000 para vehículos fabricados hasta 2021 y RD$4,000 para los de 2022 en adelante.

Quienes permanecen en el mismo tramo pagan RD$500 o RD$1,000 adicionales, aunque la temporada de renovación concluya en enero 2027.

Dentro del hogar, ese desembolso compite con el préstamo de la vivienda o del vehículo, el alquiler, el colegio, los medicamentos y el transporte o el fiao.

Para cubrirlo puede ser necesario posponer una compra o utilizar la tarjeta.

Así, una obligación tributaria termina convirtiéndose en deuda financiera, con intereses que prolongan su efecto sobre los meses siguientes.

Ahí se explica la expresión “clase media rota”.

Tener una casa o un vehículo no significa haberlos pagado. Detrás de esos bienes puede existir un presupuesto comprometido con los bancos, sin ahorros suficientes para afrontar imprevistos.

La apariencia de estabilidad, oculta en ocasiones, una dependencia continua del crédito.

Por eso, medir la capacidad de pago exige observar también las cuotas pendientes y el ingreso disponible después de cumplirlas.

Un patrimonio financiado permite acceder a bienes, pero limita el margen para asumir obligaciones.

Los alivios anunciados actuarían sobre ese margen.

El ajuste del mínimo exento del ISR permitirá conservar una parte mayor del salario sin pagar ese impuesto.

Entretanto, las exenciones de anticipos para microempresas corresponden a 2027; para las pequeñas empresas se anunció pasar de doce pagos a tres anuales, una facilidad de liquidez que no reduce por sí misma el impuesto definitivo. 

El paquete contempla además mayores deducciones educativas, la eliminación desde 2027 del impuesto por constitución de compañías y aumentos de capital, y la reducción del impuesto sobre hipotecas al 1 % ese año, antes de desaparecer en 2028.

Son beneficios con destinatarios y calendarios diferentes, algunos ya están disponibles, como la amnistía fiscal hasta diciembre de 2026.

No obstante, regularizar deudas tributarias no sustituye el beneficio esperado por un asalariado que cumple sus obligaciones.

La evaluación debe identificar qué recibe cada contribuyente y desde cuándo puede aprovecharlo. 

Además, la secuencia tiene consecuencias para la confianza pública.

Cuando se anuncia protección, el ciudadano espera reconocerla en su presupuesto. Si encuentra primero un cobro adicional, puede interpretar que su necesidad quedó relegada frente a la urgencia recaudatoria.

Magín Díaz, debe hacer valer su palabra promoviendo una revisión del calendario.

Cumplir ese compromiso daría contenido concreto a la protección ofrecida y permitiría exigir el esfuerzo adicional sobre una base más equilibrada.