Intercambio de disparos y exceso al usar la fuerza; materias pendientes en la Reforma Policial

Santo Domingo, RD.-Pese a que hace más de cuatro años que se inició el proceso de reforma a lo interno de la Policía Nacional, la institución del orden sigue obteniendo malas notas en materias como el abordaje a situaciones de conflicto y la manera en que enfrenta a elementos acusados de cometer delitos.

En el primer caso abundan las denuncias sobre abusos al emplear la fuerza y en el segundo, son comunes los llamados “intercambios de disparos”, método por el que han caído abatidos una gran cantidad de elementos que tenían problemas con la ley, pero que también les ha costado la vida a muchas personas inocentes. Hasta el momento, los esfuerzos por reformar la entidad encargada de la seguridad pública no han logrado frenar la cifra de víctimas en las circunstancias señaladas.

En muchos de estos casos, el uso excesivo de la fuerza se ha convertido en una respuesta común ante situaciones que debieran ser manejadas con protocolos de desescalamiento. A pesar de los intentos de modernización en las políticas de seguridad, la desconfianza en la Policía sigue en aumento, sobre todo entre las comunidades más vulnerables.

Las muertes en intercambios de disparos ponen en entredicho el respeto por los derechos humanos en el país. Aunque algunas víctimas pueden tener antecedentes penales, el marco legal y las convenciones internacionales insisten en que el derecho a la vida debe ser preservado para todos, sin excepciones. 

Un patrón violento en la Policía Nacional

A principios de 2025, varios intercambios de disparos entre la Policía Nacional y presuntos delincuentes resultaron en muertes tanto de civiles como de agentes, lo que ha renovado las preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. En enero, Andrés de los Santos, alias Yanepa y Yuneldy Manuel Mercado Díaz, alias "La Cobra", fueron abatidos en dos incidentes separados, ambos descritos como intercambios de disparos.

A pesar de que las autoridades no reportaron agentes heridos en estos tiroteos, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que todos los intercambios de disparos son investigados exhaustivamente. La funcionaria indicó que, si se determina que hubo un mal proceder por parte de los agentes, se tomarán las acciones necesarias. Sin embargo, la falta de claridad en las investigaciones ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas adoptadas.

Uno de los aspectos más preocupantes de estos incidentes es la presencia de víctimas colaterales, personas ajenas a los enfrentamientos que pierden la vida a causa de los disparos. Un ejemplo reciente es el caso de Nelson de Jesús Colón, un joven de 22 años que, según su familia, fue alcanzado por una bala disparada por un policía mientras se encontraba en la zona de una persecución en Santiago. Aunque las autoridades continúan investigando el incidente, la familia sostiene que Colón no tenía nada que ver con los individuos perseguidos.

Otro caso similar fue el de Luisa Yanderi Acevedo Coronado, quien fue asesinada durante un tiroteo entre la Policía y dos hombres que se trasladaban en una motocicleta sin placa. Acevedo, que se encontraba comprando en una tienda, fue alcanzada por un disparo de los agentes, lo que subraya el riesgo de la violencia indiscriminada en estos enfrentamientos.

En cuanto a la Policía, cuatro agentes han resultado heridos en intercambios de disparos con presuntos delincuentes en lo que va de 2025. El raso Brailin Laureano Hernández, el sargento Jairo Mateo Morillo y el raso Octavio Jiménez Peña sufrieron lesiones durante distintas persecuciones y operativos. El caso más reciente ocurrió el 18 de febrero, cuando el teniente coronel Stalin Vidal de Los Santos fue herido en un tiroteo en Valverde.

El caso de Santiago

El pasado 10 de septiembre, una patrulla de la Policía ultimó a 5 hombres en el sector La Barranquita, en la provincia de Santiago, que según la institución, pertenecían a una estructura criminal.

Los fallecidos fueron identificados como: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años, Julio Alberto Gómez, de 28, José Vladimir Valerio Estévez, de 25, Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40.

El caso dio un giro cuando se supo que al menos dos de los fallecidos no eran antisociales como inicialmente reportó la uniformada.

Al respecto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dispuso la suspensión de los agentes actuantes en el caso y afirmó que de comprobarse su responsabilidad penal, enfrentarán la justicia.

De su lado, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ordenó una investigación a cargo del director de Persecución del Ministerio Público y la fiscal de Santiago.

CNDH denuncia crisis de violencia policial a cuatro años de la reforma

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que, a pesar de los esfuerzos por reformar la Policía Nacional, persisten los abusos y la violencia policial en la República Dominicana.

Manuel María Mercedes, presidente de la entidad, señaló que, a lo largo de más de quince años, la CNDH ha documentado un patrón constante de abuso por parte de los agentes, especialmente en lo que respecta a los “intercambios de disparos”, que la organización califica como ejecuciones extrajudiciales. En lo que va de 2025, ya han muerto más de 230 personas en circunstancias similares, superando las cifras de 2024.

Mercedes destaca que, a pesar de las inversiones millonarias en programas de capacitación y la creación de protocolos para regular el uso de la fuerza, estos esfuerzos no han producido cambios significativos. La Comisión recuerda que el reglamento sobre el uso de la fuerza, elaborado por la Comisión de Responsabilidad Policial, nunca se ha implementado de manera efectiva, lo que permite que los operativos violentos continúen sin control en barrios vulnerables.

A su juicio, el caso reciente del prestamista Luis Manuel Brazobán Núñez, que perdió la vida durante un operativo policial en Villa Mella, ilustra la falta de aplicación de estos protocolos, ya que los agentes optaron por un enfrentamiento directo en lugar de emplear técnicas de persuasión.

La CNDH también cuestiona la efectividad de la Reforma Policial, destacando que la formación teórica de los agentes no se ha traducido en una mejora real en sus prácticas diarias. A pesar de las mejoras en la capacitación académica y la modernización de equipos, el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo una constante. La organización insiste en que la cultura institucional de la Policía Nacional sigue siendo un obstáculo para cualquier cambio significativo.

Además, la CNDH critica las recientes declaraciones del director de la Policía Nacional, quien sugirió que los agentes deben igualar el nivel de fuerza de los civiles. Para la Comisión, esta postura no solo es errónea, sino que profundiza el ciclo de violencia, pues responde a la violencia con más violencia, en lugar de apostar por estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos.

A cuatro años de iniciada la Reforma Policial, la CNDH sostiene que los avances son mínimos. La falta de control interno y la no aplicación de normativas en la práctica continúan alimentando la crisis de confianza en las fuerzas de seguridad del país. La organización hace un llamado urgente al Estado para que refuerce los mecanismos de supervisión y controle efectivamente el cumplimiento de las leyes, de lo contrario, la crisis institucional se profundizará y continuará socavando los derechos humanos en el país.

Informes sobre Derechos Humanos de Estados Unidos revela preocupaciones por el abuso policial

Los informes sobre derechos humanos presentados por los Estados Unidos en 2022 y 2023, revelaron serias preocupaciones sobre el abuso policial y las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en la República Dominicana, destacando múltiples incidentes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del país.

Según el informe, más de 4,000 personas perdieron la vida entre 2010 y abril de 2021 en enfrentamientos con la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad. Aunque la Procuraduría General de la República reconoció la muerte de 41 personas a manos de la policía hasta octubre de ese mismo año, la cifra exacta de ejecuciones extrajudiciales sigue siendo incierta, lo que genera un grave vacío de información y transparencia en torno a estas prácticas.

El informe también documenta varias violaciones graves de derechos humanos, como asesinatos ilegales y arbitrarios, tratos crueles e inhumanos por parte de la policía, y detenciones arbitrarias. Se señala que, a pesar de que la ley prohíbe explícitamente la tortura y el maltrato físico, existen pruebas de que miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Nacional, han recurrido a estas prácticas de manera sistemática. Esta situación está relacionada con la falta de una aplicación efectiva de la ley, lo que ha permitido que, en muchos casos, se produzca impunidad.

La violencia policial también afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como la comunidad LGTBIQ+, que ha sido objeto de abusos específicos y discriminación por parte de las fuerzas de seguridad. En este contexto, el informe menciona que la corrupción gubernamental y la deficiencia en la justicia han contribuido a la persistencia de estos abusos, ya que la aplicación desigual e ineficaz de la ley ha permitido que muchos casos de violencia policial queden sin castigo.

Entre los casos más emblemáticos mencionados en el informe se encuentra el asesinato de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, así como la muerte de Leslie Rosado, cuya investigación también fue objeto de controversia debido a las circunstancias que rodearon su muerte.

Qué está haciendo el Ministerio de Interior y Policía

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para implementar una reforma estructural que busque mejorar el comportamiento de sus agentes y reducir los abusos dentro de la institución. Según la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, uno de los pilares de la reforma es la educación continua de los agentes, quienes ahora reciben formación constante y están sujetos a supervisión y monitoreo por parte de la Policía Nacional y la Comisión de Reforma Policial. Dentro de este programa educativo, se ha establecido el "Decálogo del Buen Servicio Policial", que destaca principios fundamentales como la empatía, el respeto a la vida y el uso proporcional de la fuerza.

A pesar de los avances en la formación, Raful enfatizó que cualquier miembro de la Policía Nacional que cometa un abuso será investigado y llevado ante la justicia. En el último año, más de 50 agentes han sido sometidos a juicio por violar los derechos humanos o por actuaciones ilegales. La ministra subrayó que el Ministerio Público ha procedido de manera rigurosa, iniciando investigaciones exhaustivas antes de cualquier acusación formal. Estos procesos judiciales buscan asegurar que la justicia se cumpla dentro de las filas policiales y servir como ejemplo para erradicar la impunidad.

Además de la educación y la supervisión, la Policía Nacional ha implementado protocolos claros sobre el uso de la fuerza, que buscan evitar su uso excesivo. Raful destacó que todos los agentes deben regirse por estos lineamientos, que incluyen evitar el maltrato al ciudadano, actuar con justicia y nunca exigir dádivas. A pesar de estas medidas, la funcionaria reconoció que el cambio cultural dentro de la Policía sigue siendo un desafío, ya que algunos agentes aún no aplican estos protocolos correctamente, lo que pone en evidencia la necesidad de un monitoreo más efectivo.

Para asegurar que estos cambios no queden solo en el papel, la Policía Nacional también ha lanzado iniciativas como el sistema de reconocimiento de placas para mejorar la identificación de individuos en situaciones de conflicto. Este sistema tiene como objetivo aumentar la transparencia en las interacciones entre los agentes y la ciudadanía, y garantizar que las normas se apliquen de manera justa y equitativa. La ministra afirmó que la implementación de esta tecnología ha sido clave para mejorar la efectividad en la resolución de casos y en la identificación de aquellos que violan la ley.   A pesar de los avances en la reforma, la ministra Raful insistió en que el verdadero cambio no será posible sin una transformación profunda en la cultura institucional de la Policía Nacional.

En resumen, se puede concluir en que pese a los esfuerzos por reformar la uniformada, la violencia que emplean muchos agentes, la impunidad y la falta de control sobre las fuerzas de seguridad, siguen siendo problemas persistentes que afectan profundamente el respeto a los derechos humanos y la imagen de la institución.