Horror en Los Girasoles: Abuso sexual a una niña de 12 años y su familia recibe amenazas del agresor

Víctor Herasme

“Yo la vi en el hospital y da pena, porque lo que le han hecho a esa niña no se le hace a ningún niño humano.”

Se trata de la expresión de la tía de una menor proveniente del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, donde una familia vive días de profunda angustia tras denunciar el presunto abuso sexual de una niña de 12 años, un caso que ha encendido las alarmas en la comunidad y que actualmente se encuentra bajo investigación de las autoridades competentes. El principal señalado es Juan Daniel Montero, mejor conocido como “Calucho”, quien habría sido pareja sentimental de la madre de la menor.

“Nos comenzamos a dar cuenta porque la niña comenzó a tener cambios en el carácter, como de rebeldía, cosas que esa niña nunca ha sido así. Según me comentó la niña, los abusos comenzaron como en eso de noviembre, y ahí fue que la niña comenzó en eso de diciembre para acá a tener actitudes diferentes”, explicó otra tía de la adolescente.

De acuerdo con el relato ofrecido por familiares cercanos, los hechos se habrían producido entre noviembre y diciembre del año 2025, en circunstancias que aún están siendo esclarecidas por el Ministerio Público. La denuncia describe un patrón de conducta que, según aseguran, se habría desarrollado de forma progresiva y en un entorno de vulnerabilidad, lo que ha incrementado la preocupación por la integridad física y emocional de la niña.

Un entorno marcado por la ausencia parental

Uno de los elementos que agrava el caso, según los testimonios recabados por El Avance Media, es la situación familiar de la menor, quien no vivía con su madre al momento de registrarse los hechos, sino que estaba bajo el cuidado de varias tías maternas y una tía paterna, quienes asumieron su crianza. Esta fragmentación del núcleo familiar, afirman allegados, pudo haber incidido en la falta de supervisión directa y en la exposición a riesgos.

“La niña vivió conmigo de los tres a los nueve años. Y nosotros, yo compartía la tutela con una tía paterna. Entonces, de los nueve años a los 12, pasó a la mano de su tía Evelyn y la misma mamá fue como que fue involucrando el agresor con la familia. Él comenzó a ganarse la confianza de la niña, a sentir que la niña estaba protegida, comenzó a enamorar a la niña, que llegó a un punto donde le comenzó a tocar la niña y le dijo a la niña, déjate llevar. y por ahí fue que comenzaron las agresiones sexuales”, detalló una de las tías.

Asimismo, los familiares señalan que el padre biológico de la menor no ha tenido participación activa en su crianza, lo que ha dejado a la niña en una condición de mayor vulnerabilidad. En contextos como éste, especialistas han advertido que la ausencia de figuras parentales estables puede facilitar escenarios de abuso, especialmente cuando terceros ingresan al entorno familiar sin controles adecuados.

Relación previa con el acusado

El señalado, Juan Daniel Montero, mantenía una relación sentimental con la madre de la adolescente, vínculo que, según versiones de la familia, terminó poco después de que iniciaran los presuntos abusos. Este detalle ha sido considerado clave por los denunciantes, quienes sostienen que la cercanía previa del acusado con el entorno familiar habría facilitado el acceso a la niña.

Hasta el momento se desconoce su paradero actual. La familia insiste en que existe un historial de conductas preocupantes y teme que el individuo pueda reincidir. En un audio de WhatsApp se escucha la voz de Calucho en tono amenazante;

“Yo lo que le estoy diciendo es que hagan su vaina bien para que después no tengamos bobo porque yo sé quién yo soy”, se le escucha decir al acusado.

Protección institucional y proceso en curso

Actualmente, la menor se encuentra bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, entidad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo. La intervención de este organismo busca garantizar la seguridad de la niña mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

“A la niña le estaban haciendo un chequeo general. Gracias a Dios, todo salió bien, porque en realidad ese tipo es un delincuente tapado, es un vicioso. Ellos me dijeron que para ver a la niña tiene que ser con el permiso de un fiscal y una vez al mes”, precisa su tía.

El caso también está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades penales en base a las pruebas recolectadas. En situaciones de esta naturaleza, el proceso incluye evaluaciones psicológicas, entrevistas forenses y la recopilación de evidencias que permitan sustentar la acusación.

Denuncia de amenazas y temor a represalias

Más allá del proceso judicial, la familia ha denunciado vivir bajo constante temor. Alegan que el acusado habría logrado, en ocasiones anteriores, acercarse a la menor y manipularla hasta llevársela, lo que incrementa el nivel de alarma en torno a su seguridad.

“Tenemos miedo de que vuelva a aparecer y haga lo mismo. No nos sentimos seguros”, expresó uno de los familiares, quien pidió omitir su identidad por razones de seguridad.

Esta percepción de riesgo ha llevado a la familia a solicitar la intervención inmediata de la Policía Nacional, con el objetivo de que se garantice protección efectiva y se agilice la localización y captura de Calucho.

Un llamado a la acción de las autoridades

La familia asegura haber acudido a la fiscalía correspondiente para formalizar la denuncia, sin embargo, consideran que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a la gravedad del caso. Reclaman medidas más contundentes que incluyan vigilancia, protección directa y una actuación más expedita para evitar que el presunto agresor continúe en libertad.

Expertos en derecho penal consultados sobre situaciones similares indican que, en casos de abuso sexual infantil, la rapidez en la actuación de las autoridades es determinante no solo para preservar la integridad de la víctima, sino también para evitar la fuga del sospechoso y la posible reiteración del delito.

Impacto psicológico y social

El presunto abuso no solo deja secuelas físicas, sino profundas afectaciones emocionales. 

Psicólogos advierten que las víctimas de este tipo de violencia pueden experimentar trastornos de ansiedad, depresión, miedo persistente y dificultades en su desarrollo social.

En comunidades como Los Girasoles, este tipo de denuncias también genera un efecto colectivo. Vecinos consultados manifestaron preocupación y consternación, al tiempo que demandan mayor vigilancia y programas de prevención.

“Es algo que nos afecta a todos. Aquí hay muchos niños y uno nunca sabe quién puede estar en peligro”, comentó una residente del sector.

La importancia de la denuncia

Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez reiteran que denunciar es un paso fundamental para enfrentar este tipo de delitos. Sin embargo, también reconocen que muchas familias temen represalias o desconfían del sistema, lo que puede retrasar o impedir que los casos salgan a la luz.

En este contexto, el acompañamiento institucional y la protección efectiva de las víctimas y denunciantes resultan esenciales para romper el ciclo de silencio que suele rodear estos hechos.

Investigación en desarrollo

Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no han ofrecido detalles específicos sobre el avance de la investigación ni sobre posibles órdenes de arresto contra el acusado. No obstante, se espera que en los próximos días se produzcan actualizaciones conforme se consoliden las pruebas.

El Ministerio Público tiene la responsabilidad de garantizar un proceso transparente, respetando los derechos de todas las partes, pero priorizando la protección de la menor, en línea con los principios establecidos en la legislación dominicana e instrumentos internacionales sobre derechos de la niñez.

Una familia que exige justicia

Mientras tanto, la familia continúa en estado de alerta, aferrada a la esperanza de que el caso no quede impune. Su principal demanda es clara: justicia y garantías de seguridad.

“Lo único que queremos es que se haga justicia y que la niña esté protegida. No queremos que esto le pase a nadie más”, expresaron.

El caso de Los Girasoles pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción del abuso infantil en la República Dominicana, así como la necesidad de una respuesta institucional rápida y efectiva ante denuncias de esta naturaleza.

En medio del dolor y la incertidumbre, una niña de 12 años intenta reconstruir su vida bajo resguardo estatal, mientras su familia libra una batalla para que su voz sea escuchada y su caso no se pierda entre expedientes.

“Todas las autoridades, el país, ayúdennos con este caso, que apresen a ese hombre a ese hombre porque estamos siendo amenazados fuertemente, que anda con pistola, que él va a venir para acá, yo no sé qué va él hacer aquí en esta casa”, concluye una de las tías con el temor reflejado en el rostro.

Prohibición del matrimonio infantil en RD

Ante este desgarrador caso es oportuno recordar que el 6 de enero de 2021, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 1-21 y emitió el Decreto 1-21, mediante los cuales se elimina el matrimonio infantil en la República Dominicana y se establece una política de Estado para la protección de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas.

La Ley 1-21 prohíbe de manera absoluta el matrimonio en personas menores de 18 años, sin excepciones, a través de la modificación y derogación de múltiples disposiciones del Código Civil y de la Ley 659 sobre actos del Estado Civil. Entre los cambios, se establece en el artículo 144 que ningún menor de edad podrá contraer matrimonio en ninguna circunstancia, eliminando los vacíos legales existentes.

Asimismo, la normativa modifica artículos como el 63, 76 y 144 del Código Civil, y deroga otros, incluyendo el 145, 148, 151, 152, 154, 156, 157, 160, 173, 185 y 476. También introduce cambios en los artículos 56, 57 y 60 de la Ley 659, reforzando el marco legal en materia de estado civil.

En paralelo, el Decreto 1-21 declara de alto interés nacional la articulación de una política pública orientada a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y crea el Gabinete de las Mujeres, las Adolescentes y las Niñas, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer.

Este gabinete está integrado por instituciones clave del Estado, entre ellas los ministerios de la Presidencia, Interior y Policía, Defensa, Salud Pública, Educación, Educación Superior, Trabajo y Economía, así como representantes del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y organizaciones de la sociedad civil.

El órgano tendrá a su cargo la coordinación de políticas, así como el diseño y ejecución de estrategias en el marco del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de prevenir y combatir la violencia de género.

Con la promulgación de esta ley, el Estado dominicano da cumplimiento a compromisos internacionales que califican el matrimonio infantil como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia, además de reconocer su impacto negativo en la reducción de desigualdades y el desarrollo social del país.