Fiscalizar para proteger vidas

Las grandes obras de infraestructura representan progreso, desarrollo y crecimiento para un país. Sin embargo, su verdadero valor no debe medirse únicamente por su tamaño o por la rapidez con la que se construyen, sino por la seguridad que ofrecen a quienes las utilizan. En una nación ubicada en una región de alta actividad sísmica como la República Dominicana, la fiscalización rigurosa de las construcciones no puede ser vista como un simple requisito administrativo, sino como una obligación permanente para proteger vidas humanas.

Tan importante como construir nuevas edificaciones es garantizar que estas cumplan con los más altos estándares de ingeniería y diseño antisísmico. Del mismo modo, las estructuras ya existentes no pueden quedar fuera del radar. Hospitales, escuelas, edificios públicos, centros comerciales y torres residenciales deben ser objeto de evaluaciones técnicas periódicas que permitan identificar posibles vulnerabilidades antes de que ocurra una tragedia. La prevención siempre será menos costosa —en recursos y, sobre todo, en vidas— que reaccionar después de un desastre.

La cultura de la fiscalización debe formar parte del desarrollo nacional. Las autoridades tienen la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, exigir el cumplimiento estricto de las normas de construcción y promover inspecciones técnicas continuas que alerten oportunamente sobre la necesidad de intervenir cualquier infraestructura que represente un riesgo. Invertir en prevención no es un gasto; es una decisión inteligente y responsable. Porque una sociedad verdaderamente desarrollada no solo construye grandes obras, sino que también garantiza que esas obras sean seguras para las generaciones presentes y futuras.