El partido que nos obliga a mirar una realidad

ElAvance | 02 octubre 2026

El partido entre República Dominicana y Haití dejó mucho más que un resultado deportivo. Más de 20 mil personas asistieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez y fue evidente la numerosa presencia de aficionados haitianos apoyando a su selección en territorio dominicano.

Sería irresponsable utilizar las gradas de un estadio como un censo migratorio, pero también sería ingenuo ignorar la reflexión que dejaron esas imágenes. ¿Sabemos realmente cuántos ciudadanos haitianos residen hoy en República Dominicana, dónde viven y cuál es su condición migratoria? La última gran Encuesta Nacional de Inmigrantes estimó en 497,825 los nacidos en Haití residentes en el país en 2017. Han pasado casi diez años desde aquella fotografía estadística.

Lo ocurrido también vuelve a colocar sobre la mesa las enormes diferencias institucionales, económicas y sociales existentes entre dos países que comparten una misma isla. Haití atraviesa desde hace años una crisis extraordinaria y República Dominicana tiene derecho a proteger su territorio, ordenar sus flujos migratorios y exigir el cumplimiento de sus leyes.

Eso no significa convertir al inmigrante haitiano en enemigo ni juzgar colectivamente a una nacionalidad. Significa reconocer que ningún Estado puede administrar correctamente aquello que no conoce ni controla. Las autoridades deben reforzar la frontera, perseguir el tráfico de personas, controlar la inmigración irregular y, al mismo tiempo, disponer de información confiable sobre quienes ya residen en nuestro territorio.

Por eso necesitamos avanzar hacia un nuevo proceso de identificación y ordenamiento migratorio, con reglas estrictas, datos biométricos cuando corresponda legalmente, verificación de documentos y criterios claros que permitan distinguir entre quien se encuentra regularmente en el país y quien no.

Regularizar a quienes legalmente califiquen no significa abrir las fronteras ni premiar la irregularidad; significa poner orden, mientras la ley debe aplicarse a quienes no cumplan las condiciones establecidas. El partido terminó cuando sonó el silbato, pero dejó una pregunta que el Estado dominicano no debería seguir posponiendo: ¿cuántos somos, quiénes viven realmente en nuestro territorio y bajo qué condición lo hacen? Un país serio no puede responder esas preguntas con percepciones. Necesita datos, control y una política migratoria firme, humana y, sobre todo, ordenada.