El Ministerio Público y la prisión preventiva

Por años, el Ministerio Público ha naturalizado y convertido en estándar la aplicación de 12 y 18 meses de prisión preventiva en los principales casos de corrupción administrativa. Si bien es cierto que la prisión preventiva es una medida cautelar establecida por la ley para asegurar que los imputados no evadan la justicia, oculten evidencia y se proteja la integridad física de las víctimas y los testigos, su uso excesivo genera preocupación.

El efecto más preocupante es la posible violación del principio de presunción de inocencia. Castigar a una persona antes de ser declarada culpable tiene consecuencias devastadoras en la vida personal y profesional de los imputados, especialmente si estos terminan siendo declarados inocentes.

Además, esta estandarización incrementa la sobrecarga en el sistema penitenciario, que ya enfrenta una crisis desde hace décadas. Las cárceles dominicanas están saturadas de casos sin sentencias, lo que agrava la situación.

Estas situaciones hacen que sea necesario que el Ministerio Público reevalúe el uso excesivo de esta medida, asegurando así que el sistema judicial sea justo. El abuso de este recurso no solo afecta a los individuos o al sistema carcelario, sino que también debilita la confianza en el propio Ministerio Público, creando la percepción de que se castiga antes de probar culpabilidad.