El Congeso Nacional le dice no a la ONU; una decisión que marca un precedente

Damaris Patrocinio Peguero

Por encima de cualquier organismo internacional existe un principio que ninguna democracia puede renunciar a defender: la soberanía nacional. Cuando un Estado decide sus leyes a través de sus instituciones constitucionales, ninguna organización externa, por prestigiosa que sea, debe intentar orientar o influir en ese proceso. La reciente comunicación de la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas al Senado de la República Dominicana reabre un debate de enorme trascendencia: ¿Dónde termina la cooperacion internacional y donde comienza la ejerencia en los asuntos internos de un Estado Soberano?

La carta, fechada el 13 de julio de 2026, dirigida expresamente al senador Catrain, reconoce que la aprobación de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, constituye un acontecimiento histórico tras más de dos décadas de debates legislativos. Incluso valora positivamente avances como la tipificación de más de 70 delitos penales, incluido el acoso sexual en espacios públicos y el fortalecimiento de la protección frente a la violencia intrafamiliar, destacando que se debe modificar determinado artículo para que expresamente diga que la violencia de género es solo en contra de las mujeres, entonces debemos preguntarnos ¿Dónde queda el principio de igualdad establecido en el articulo 39 de la Constitución que establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley?

Sin embargo, después de ese reconocimiento, el Sistema de las Naciones Unidas plantea una serie de recomendaciones dirigidas a modificar aspectos esenciales de una ley que apenas ha sido promulgada y donde ellos no tienen ninguna potestad, aunque así se lo crean.

Entre las propuestas formuladas se encuentran establecer el consentimiento como eje central de los delitos sexuales; eliminar cualquier disposición que permita la disciplina física de los hijos dentro del hogar; incorporar de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas frente a la discriminación; eliminar las disposiciones relativas a la objeción de conciencia y a las “buenas costumbres”; así como modificar el régimen jurídico del aborto, cuestionando la penalización de la terminación del embarazo y las exigencias establecidas para proteger simultáneamente la vida de la madre y del concebido.

Para la ONU, nuestros legisladores deben ser adoctrinados para irrespetar nuestra constitución y para ellos se ofrecen a dar asistencia técnica especializada, evidencia científica, derecho comparado y acompañamiento directo a las comisiones legislativas para redactar las modificaciones que, a su juicio, armonizarían el Código Penal con los estándares internacionales de derechos humanos. Es decir, para la ONU la Carta Magna dominicana no vale un centavo, y tienen bastante claro, que no es lo que se vota, es lo que se esctribe, como lo dijera una vez Romanones “Las leyes que las haga cualquiera, yo me encargo de hacer el reglamento.”

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El problema no radica en el derecho que tiene cualquier organismo internacional de expresar opiniones o formular recomendaciones. El verdadero debate surge cuando esas recomendaciones se dirigen específicamente al Congreso Nacional para promover cambios concretos en una legislación que pertenece exclusivamente al ámbito de la soberanía del Estado dominicano.

La elaboración del Código Penal corresponde únicamente al Congreso Nacional, órgano constitucional elegido por el pueblo dominicano. Esa facultad no puede ser compartida ni condicionada por organismos internacionales, por muy nobles que sean sus propósitos.

Precisamente por esa razón, el derecho internacional establece límites claros a la actuación de las representantes internacionales.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 41.1, dispone expresamente: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades tienen el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También tienen el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.”

Este principio no constituye una formalidad diplomática; es uno de los pilares que garantizan la convivencia entre los Estados. La cooperación internacional debe respetar siempre la independencia política, jurídica e institucional de cada nación.

Es legítimo que existan diferencias entre los pensadores de la izquierda radical representada por la ONU, y los que respetamos los principios morales y fundacionales establecidos en nuestra Constitución sobre temas tan sensibles como la identidad de género, la protección de la niñez, la objeción de conciencia, el aborto o derechos sexuales y reproductivos. Lo que no resulta aceptable es que esas diferencias se conviertan en un mecanismo de presión para modificar decisiones adoptadas por los representantes democráticamente elegidos por el pueblo dominicano.

La República Dominicana tiene el derecho de construir su propio modelo jurídico conforme a su Constitución, sus valores, su cultura y su realidad social. Ningún organismo internacional posee autoridad para sustituir el juicio soberano del Congreso Nacional ni para convertirse en un supervisor permanente de las decisiones legislativas del pais.

Aceptar que organismos externos orienten el contenido de nuestras leyes abriría un precedente peligroso para la independencia institucional de la República. Hoy podría tratarse del Código Penal; mañana podría ser cualquier otra legislación relacionada con la familia, la educación, la libertad religiosa, la seguridad nacional o el modelo constitucional del Estado.

La cooperación entre la República Dominicana y las Naciones Unidas ha sido valiosa en múltiples áreas del desarrollo humano, la salud, la educación y la asistencia técnica, sin embargo, también es cierto que debido a la frágil diplomacia dominicana para decirlo de manera diplomática, han permeado con  un alto contenido ideologico cada una de nuestras instituciones e inferido en nuestras  buenas costumbres. Es preciso recordarle a la ONU, que esa cooperación solo conserva legitimidad cuando respeta plenamente la autodeterminación de los pueblos y la independencia de las instituciones nacionales. El acompañamiento nunca puede convertirse en tutela, ni la asesoría en influencia sobre decisiones que competen exclusivamente al Estado.

Hoy y siempre rechazamos  de manera contundente la injerencia a nuestro marco jurídico no solo de la ONU que de manera burda e irrespetuosa lo ha ha venido haciendo, sino también de cualesquiera organización injerencista que ose hacerlo y menos aquellas con una reputación tan cuestionada como la ONU, sin importar sus relaciones que pudieran tener con diputados y senadores escogidos para tales fines, con consentimiento o no del gobierno y sus cuantiosas sumas de dinero de todos los colores disfrazados en causas nobles, quizás dirigidos a comprar conciencia, a vendar ojos y colocar tapabocas a los inconscientes, hoy mas que nunca  exigimos respeto para nuestro Congreso Nacional, integrado por hombres y mujeres valientes y con firmes convicciones, aprovechamos para felicitar a todos y cada uno de los legisladores que emitieron su voto por el Código Penal, que perfecto no es, pero perfectible si lo es; hoy reconozco el liderazgo y valentía de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, honorables Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos. Sientanse todos orgullosos de su voto.

La defensa de la soberanía no es un acto de confrontación contra las Naciones Unidas; es un deber constitucional y un compromiso con la democracia dominicana. La ONU debe recordar que su propia credibilidad, a propósito muy cuestionada, descansa en el respeto al principio de igualdad soberana de los Estados y al mandato de no intervenir en sus asuntos internos. El Congreso Nacional tiene hoy la responsabilidad histórica de legislar con absoluta independencia, escuchando únicamente la voz de la Constitución y del pueblo dominicano. Porque la soberanía no admite tutelas, no acepta presiones y, sobre todo, no se negocia.