El CMD y el Código Penal

La entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha tenido un efecto que va mucho más allá de los tribunales. Ha puesto sobre la mesa prácticas, vacíos y costumbres que durante años fueron asumidas como normales en distintos sectores de la sociedad. Ese quizás sea uno de sus mayores aportes: obligar a revisar procedimientos, fortalecer responsabilidades y abrir debates que durante demasiado tiempo fueron postergados. Las leyes no solo sirven para sancionar conductas; también ayudan a ordenar la convivencia y a impulsar los cambios que las instituciones necesitan.

Uno de esos debates se ha producido en el sector salud. La decisión de algunos médicos de dejar de responder llamadas o mensajes de pacientes por temor a posibles demandas genera una preocupación legítima. La comunicación entre un médico y su paciente forma parte de la confianza que sostiene la atención sanitaria, especialmente cuando surgen situaciones urgentes fuera del horario habitual de consulta. Si existen dudas sobre el alcance de la responsabilidad profesional bajo el nuevo Código, lo correcto es promover un diálogo técnico y buscar aclaraciones jurídicas, no trasladar las consecuencias al paciente. Jugar con la incertidumbre en un tema tan sensible como la salud nunca puede ser una herramienta de presión.

También resulta inevitable preguntarse por qué muchas de estas preocupaciones aparecen ahora y no durante el amplio proceso de discusión legislativa del Código Penal, cuando distintos sectores tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones ante el Congreso Nacional. Si el gremio médico entendía que algunos artículos requerían ajustes, ese era el momento de plantearlos con firmeza y argumentos. Pero los desacuerdos son legítimos; convertir al ciudadano en rehén de una negociación, no. Las reformas se perfeccionan mediante el diálogo y las propuestas, sin poner en riesgo el derecho de los dominicanos a recibir una atención médica oportuna.