De las zonas francas al silicio: el viaje dominicano que empezó en un reactor de epitaxia

Luis Orlando Díaz Vólquez.
Ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación.

El acuerdo con la Arizona Commerce Authority coloca a República Dominicana como el eslabón caribeño del CHIPS Act, con la mira puesta en ensamblar, probar y empacar chips antes de 2028.

Hay una imagen que resume, mejor que cualquier comunicado, lo que República Dominicana fue a buscar en Arizona. No es la del apretón de manos ante las cámaras ni la del podio con banderas, sino la de una delegación caribeña observando de cerca un proceso llamado epitaxia: el crecimiento controlado, átomo sobre átomo, de las capas cristalinas sobre las que se levanta todo dispositivo electrónico moderno. En Tempe, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, entró al taller de Lawrence Semiconductor, único proveedor independiente de Estados Unidos dedicado en exclusiva a materiales epitaxiales del Grupo IV. Que su CEO, Ali Torabi, abriera esas puertas es la señal de que la conversación dominicana subió de nivel.

Conviene medir la distancia recorrida. Hace pocos años, la ambición tecnológica nacional se agotaba en atraer ensambladoras. Hoy, el país firmó un Memorando de Entendimiento con la Arizona Commerce Authority, rubricado junto a su presidenta y CEO, Sandra Watson, en Phoenix. Watson fue elocuente: lo que ofrece el país al ecosistema de Arizona es “la estabilidad democrática más sólida de la región” y el papel de “eslabón estratégico del CHIPS Act en el Caribe”. El ministro no llegó a mendigar, sino a presentar credenciales verificables: 858 empresas en zonas francas, más de 200,000 empleos directos y exportaciones superiores a US$8,600 millones, con US$1,200 millones anuales en electrónica, el 98.8% con destino a Estados Unidos.

Detrás de cada reunión hay una lógica que conviene explicar sin triunfalismos. La industria global reorganiza sus cadenas de suministro, empujada por la pandemia, la rivalidad entre Washington y Pekín y el encarecimiento asiático. El país no aspira a fabricar los chips de vanguardia de Intel o TSMC, sino a ocupar el “back-end”: ensamblaje, prueba y empaquetado —el ATP—, componentes pasivos y placas de circuito impreso. Firmas como Eaton, Rockwell, Jabil y Vishay operan hace años en nuestras zonas francas con cultura de “cero defectos”. No partimos de cero: partimos de una plataforma manufacturera madura que busca subir de categoría.

La relación es de complementariedad, no de competencia. Arizona levanta megafábricas gracias a la Ley CHIPS; República Dominicana ofrece proximidad, conectividad y régimen fiscal. Mientras un chip enviado a Asia flota semanas en inventario, la cercanía con la costa este reduce ese trayecto a un par de días, y el acceso libre de aranceles vía DR-CAFTA otorga un margen que las rutas transpacíficas no igualan.

Detrás de la retórica hay arquitectura de Estado. El Decreto 324-24 declaró de alta prioridad esta industria; la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS) y el diagnóstico que la OCDE presentó junto al MICM dotaron a la aspiración de rigor. La misión, con voces del sector privado y académico —INTEC, UNICARIBE, Grupo INICIA— visitó además MacroTechnology Works, de Arizona State University. La meta es audaz: producir y exportar semiconductores antes de 2028.

Queda una advertencia. El entusiasmo oficial no sustituye la formación técnica sostenida, la seguridad jurídica ni una infraestructura eléctrica que no perdona interrupciones. Si Arizona diseña el futuro del chip y el país logra ensamblarlo, probarlo y empacarlo, habremos dado el salto que ninguna zona franca textil pudo darnos: pasar de vender mano de obra barata a vender talento, precisión y posición estratégica. Ese es, al final, el silicio que de verdad importa.