Gobernanza e investigación en el ILIA 2026. Una lectura de política pública para República Dominicana.

Por Arturo López Valerio

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026 coloca a República Dominicana en el décimo puesto entre veinte economías, con 45,1 puntos sobre 100. Estamos apenas por encima del promedio regional de 44,5. En 2024 ocupábamos el séptimo lugar y en 2025 el noveno. Los cambios metodológicos aconsejan prudencia al comparar las tres ediciones, aunque el estancamiento reciente resulta difícil de ignorar. Entre 2025 y 2026, nuestro puntaje prácticamente permaneció igual.

Llevo varios años siguiendo los indicadores de innovación y desarrollo tecnológico del país. He aprendido a desconfiar de las lecturas que celebran o lamentan una posición sin examinar lo que ocurre detrás del número. Esta edición contiene una diferencia que ayuda a entender mejor nuestra situación.

El ILIA otorga a República Dominicana 73,2 puntos en gobernanza y apenas 27,1 en investigación, desarrollo y adopción. Son 46 puntos de distancia entre nuestra capacidad para organizar institucionalmente la inteligencia artificial y lo que estamos consiguiendo desarrollar y utilizar.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, presentada en 2023, contribuyó a colocar el tema en la agenda pública. Se establecieron responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación y compromisos internacionales. Es un avance que corresponde reconocer. Tres años después, los resultados plantean una exigencia mayor. Necesitamos saber cuánto de esa arquitectura institucional está llegando a las universidades, a las empresas y a los procesos productivos.

El problema tiene consecuencias económicas. Un país puede consumir inteligencia artificial, contratar servicios y mejorar determinadas operaciones sin que esas inversiones fortalezcan su capacidad tecnológica. Los beneficios inmediatos pueden ser reales, pero una parte importante del conocimiento, la propiedad intelectual y el valor agregado permanece fuera de su economía.

La comparación regional ayuda a entenderlo. Ecuador pasó de 40,7 a 51,8 puntos en la última edición, superando a República Dominicana. Los resultados destacan avances en gobernanza y capacidad de cómputo, aunque persisten debilidades en investigación y adopción empresarial. Conviene observar esa combinación. La mejora institucional y tecnológica amplía las posibilidades de desarrollo, pero todavía necesita traducirse en resultados productivos. Los cambios metodológicos del índice impiden atribuir toda la variación a las políticas recientes.

También resulta útil observar a Costa Rica y Uruguay, donde la gobernanza encuentra mayor correspondencia con la investigación y la adopción. Y la incorporación de Estonia entre los países extrarregionales de referencia permite considerar una experiencia de transformación digital sostenida por capacidades públicas y empresariales acumuladas durante años. La escala poblacional, por sí sola, explica poco. Importan las instituciones que ejecutan, los recursos disponibles y la continuidad de las decisiones.

República Dominicana dispone de algunas condiciones favorables. El ILIA registra una asequibilidad de banda ancha fija equivalente al 1,9 % del ingreso nacional bruto mensual per cápita y acceso a internet en el 91 % de los hogares. La actividad de nuestra comunidad de desarrolladores también figura entre las fortalezas regionales. Tenemos una base digital sobre la cual trabajar. La distancia aparece cuando buscamos resultados en investigación, empresas capaces de desarrollar soluciones propias y proyectos con continuidad financiera.

El propio informe estima que, en América Latina, la adopción de inteligencia artificial alcanza al 27,6 % de las grandes empresas, mientras desciende al 6,8 % entre las pequeñas. Es una brecha considerable en economías donde las mipymes representan buena parte del tejido empresarial. Para República Dominicana, ampliar la adopción exige atender las limitaciones de financiamiento, talento y organización que enfrentan estas empresas.

Aquí es donde empezaría a cambiar la política pública.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial necesita una asignación presupuestaria identificable y sometida a evaluación. El ILIA encuentra que, entre los países de la región, solamente Brasil y Colombia especifican recursos para ejecutar sus estrategias. Podemos tener una hoja de ruta técnicamente correcta, pero su utilidad será limitada mientras las actividades dependan de financiamientos ocasionales y de la voluntad de las instituciones participantes.

Destinaría parte de esos recursos a un fondo concursable para investigación aplicada y adopción empresarial, con participación de universidades y empresas. El cofinanciamiento privado permitiría seleccionar proyectos donde exista una necesidad económica concreta. Cada adjudicación debería quedar vinculada a resultados verificables, desde prototipos funcionales hasta soluciones incorporadas a operaciones empresariales.

La compra pública ofrece otra posibilidad. El Estado dominicano contrata tecnología y desarrolla iniciativas de inteligencia artificial. Ese poder de compra puede utilizarse para estimular capacidades nacionales mediante requisitos de transferencia de conocimiento, formación técnica y participación competitiva de proveedores locales, dentro de las reglas de contratación vigentes. El objetivo sería que una parte del conocimiento adquirido mediante contratos públicos permaneciera disponible para futuras implementaciones.

Hay además un asunto regulatorio que merece atención. Las empresas pequeñas tienen menos recursos para interpretar y gestionar las obligaciones asociadas al tratamiento de datos y a la automatización de decisiones. Un entorno regulatorio de pruebas, con supervisión, plazos definidos y garantías para los usuarios, permitiría experimentar en condiciones controladas. República Dominicana cuenta con experiencia sectorial que puede servir de referencia para diseñar ese mecanismo.

La cuarta medida requiere mirar fuera de nuestras fronteras. Brasil concentra el 87,7 % de las GPU identificadas en la región. Construir infraestructura propia de investigación exige inversiones significativas, difíciles de justificar sin una demanda sostenida. Prefiero explorar acuerdos de acceso compartido a capacidad de cómputo, vinculados a proyectos universitarios, investigación aplicada y formación avanzada. La cooperación tendría que traducirse en acceso efectivo, condiciones conocidas y resultados científicos, más allá de las declaraciones diplomáticas.

Estas decisiones exigen prioridades. Una estrategia presupuestada, compras que desarrollen proveedores, espacios de experimentación regulada y acceso a infraestructura de investigación pueden ejecutarse gradualmente. Cada instrumento necesita un responsable, recursos, calendario y mecanismos públicos de seguimiento.

Me interesa especialmente que esa evaluación salga del ámbito de las declaraciones. En la próxima edición deberíamos poder identificar cuánto se invirtió, cuántos proyectos de investigación aplicada llegaron a ejecutarse, cuántas empresas incorporaron soluciones de inteligencia artificial y qué capacidades técnicas permanecieron en el país.

El ILIA mide un ecosistema complejo. Ninguna de estas medidas garantiza una mejora inmediata en el ranking, y parte de sus efectos podría tardar varios años en aparecer. Pero ofrece una manera más seria de evaluar la política pública a partir de sus resultados.

Desde 2018, con el Global Innovation Index, y desde 2024, con el ILIA, he utilizado estas mediciones para examinar la trayectoria dominicana. Continuaré haciéndolo, incluyendo el seguimiento de las decisiones que propongo.

Los 46 puntos que hoy separan gobernanza e investigación son una medida de la tarea pendiente. El presupuesto, la contratación pública y las capacidades tecnológicas que logremos desarrollar dirán cuánto de esa distancia estamos dispuestos a recorrer.