Código Laboral: una reforma que no termina de cuajar

A más de tres décadas de su promulgación, el Código de Trabajo de la República Dominicana continúa sin ser actualizado, pese a los profundos cambios que ha experimentado el mercado laboral tanto a nivel local como global.

La Ley 16-92, que desde hace 34 años regula las relaciones entre empleadores y trabajadores en el país, se enfrenta a una realidad distinta a la que le dio origen. La transformación tecnológica, la aparición de nuevas modalidades de empleo y las demandas de mayor protección social han puesto en evidencia la necesidad de una reforma integral.

Sin embargo, los intentos por modernizar esta legislación no han logrado concretarse. Desde hace aproximadamente 13 años, representantes de los sectores empresarial y laboral, con la mediación del Gobierno, han sostenido discusiones en busca de consensos que permitan actualizar el marco legal. A pesar de los múltiples encuentros y propuestas, las diferencias entre las partes han impedido que se alcance un acuerdo definitivo.

Esta falta de consenso ha retrasado que el Congreso Nacional conozca y apruebe una nueva normativa que responda a las actuales dinámicas del mercado de trabajo en la República Dominicana, manteniendo vigente un código que, aunque funcional, resulta cada vez más distante de la realidad laboral contemporánea.

La postura de los sindicalistas

Para el presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, el proceso no solo ha sido extenso, sino también “traumático”, marcado por tensiones entre los sectores empresarial, laboral y gubernamental.

En declaraciones ofrecidas a El Avance, Abreu recordó que las discusiones sobre la reforma han atravesado dos administraciones presidenciales —la del expresidente Danilo Medina y la del actual mandatario Luis Abinader— sin que se haya logrado un consenso definitivo. “Han sido 13 años de debate, y a estas alturas nadie puede asegurar cuál será el resultado final de esta reforma”, afirmó.

El dirigente sindical explicó que, tras la consolidación de un informe por parte de la comisión de la Cámara de Diputados, el presidente Abinader decidió abrir un compás de espera a solicitud del sector empresarial, con el objetivo de identificar y dirimir las diferencias entre empleadores y trabajadores. Sin embargo, según Abreu, ese proceso de diálogo nunca llegó a materializarse antes del cierre de la última legislatura.

Aunque el mandatario dejó claro que la cesantía no estaba en discusión dentro de ese espacio, el sindicalista sostiene que la falta de reuniones formales dejó el proceso en una especie de limbo político y técnico.

Una reforma impulsada por el empresariado

Abreu calificó la actual reforma como un caso “atípico”, al señalar que, a diferencia de lo habitual, no fue impulsada por los sindicatos, sino por el sector empresarial. Según explicó, las agrupaciones patronales organizaron diversos encuentros en los que identificaron los puntos a modificar, colocando la cesantía como tema central bajo el argumento de que limita el desarrollo empresarial.

“El sector empresarial entiende que la cesantía representa una carga que restringe la competitividad, pero desde el punto de vista sindical es una conquista fundamental que protege a los trabajadores”, indicó.

En ese contexto, Abreu advirtió que el movimiento sindical ha solicitado el retiro del proyecto de reforma. A su juicio, una eventual retirada no perjudicaría a los trabajadores, quienes han optado por defender los derechos ya adquiridos en lugar de exigir nuevas conquistas.

“Si se retira la reforma, los perdedores serían los empresarios, porque nosotros nos hemos colocado en una posición de defensa, no de ampliación de beneficios”, sostuvo.

Avances parciales y puntos de consenso

A pesar de las diferencias, el dirigente reconoció que durante el proceso se lograron algunos acuerdos importantes. Entre ellos, destacó la flexibilización de la jornada laboral, un aspecto que anteriormente no estaba contemplado y que ahora podría discutirse directamente entre las partes.

Asimismo, mencionó avances en temas procedimentales, especialmente en lo relativo a los procesos judiciales laborales. Según explicó, existían quejas del sector empresarial sobre el rol de los abogados y la duración de los litigios, lo que dio paso a consensos orientados a simplificar los procedimientos sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas.

El debate sobre el seguro de desempleo

Uno de los puntos más controvertidos ha sido la posible sustitución de la cesantía por un seguro de desempleo. Abreu recordó que este mecanismo está contemplado en el artículo 50 de la Ley 87-01 de Seguridad Social, el cual establecía un plazo de 18 meses para la realización de un estudio técnico.

Precisó que dicho estudio fue encargado a expertos internacionales, específicamente de México y Chile, quienes elaboraron un informe exploratorio. Sin embargo, el documento nunca fue implementado ni discutido públicamente.

“Ese estudio se archivó y hoy nadie puede decir dónde está”, denunció Abreu, quien agregó que informaciones obtenidas de manera informal indicaban que el costo del seguro de desempleo resultaba superior al de la propia cesantía.

Un derecho bajo resguardo

El presidente del CNUS enfatizó que la cesantía es un derecho eventual —no adquirido de forma automática—, pero fundamental dentro del esquema de protección laboral. En ese sentido, explicó que los sindicatos impulsaron la inclusión de un “candado” legal para evitar que este beneficio sea sustituido sin el consenso de todos los sectores.

Según detalló, cualquier intento de reemplazar la cesantía por un seguro de desempleo requeriría la no objeción del Gobierno, los empresarios y los trabajadores, lo que en la práctica otorga a cada parte un poder de veto.

“Si el nuevo sistema ofreciera menos beneficios que la cesantía, nosotros lo objetaríamos. Ese candado garantiza que no se reduzcan los derechos laborales”, afirmó.

Impacto de la paralización

Abreu advirtió que, contrario a lo que podría pensarse, la falta de aprobación de un nuevo Código de Trabajo podría afectar principalmente al sector empresarial. Argumentó que el marco legal vigente es altamente garantista, incluso para trabajadores del sector informal.

“Hay casos de personas en la informalidad que reclaman prestaciones laborales y se les reconocen, precisamente porque el Código actual protege los derechos del trabajador”, señaló.

En ese sentido, consideró que parte del interés en reformar la legislación responde a la intención de modificar ese carácter protector.

La posición de empresarios

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, ha señalado que el debate en torno a la cesantía dentro de la reforma al Código de Trabajo se ha convertido en una “bola de humo” que, a su juicio, desvía la atención de otros aspectos relevantes que deben ser discutidos antes de aprobar la iniciativa en el Congreso Nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la cesantía se mantenga sin modificaciones en el proyecto, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados indicara que existe consenso entre los legisladores en torno a este punto, el dirigente empresarial sostuvo que el debate no debe centrarse exclusivamente en ese tema.

“Realmente el tema de la cesantía en particular resulta ser una bola de humo, porque no es el único tema del código. Hay muchos aspectos que fueron acordados en el diálogo tripartito que no están reflejados ahí”, expresó.

En ese sentido, explicó que existen elementos técnicos pendientes de revisión, entre ellos aspectos procesales, disposiciones sobre la jornada laboral y otros puntos que, según indicó, habrían sido modificados en el proyecto actual sin reflejar los consensos alcanzados previamente entre representantes del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP), César Dargam, sostiene que el modelo actual genera costos elevados y fomenta la informalidad, aunque subrayó que cualquier modificación debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

El dirigente empresarial indicó que el debate debe abordarse de manera integral, considerando del costo laboral como la seguridad social, bonificaciones y aportes obligatorios. Advirtió que aumentar las cargas sin revisar el sistema completo podría afectar la competitividad y la generación de empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Dargam también señaló que más de la mitad de la economía dominicana opera en la informalidad, lo que limita la aplicación de la legislación laboral y reduce la protección de los trabajadores. En ese contexto, abogó por un modelo más flexible que incentive la creación de empleos y contribuya a disminuir la informalidad sin debilitar la protección social.

Asimismo, planteó que una eventual reforma de la seguridad social podría servir para incorporar el seguro de desempleo, una medida aún pendiente en el país.

El presidente y los titulares de las cámaras legislativas

El presidente Luis Abinader ha reiterado en múltiples ocasiones que la postura del Gobierno es mantener intacta la cesantía laboral, al tiempo que instó a empresarios y trabajadores a continuar el diálogo para lograr acuerdos sobre los puntos aún pendientes de la iniciativa.

Para el mandatario la defensa de la cesantía ha sido una línea constante del Poder Ejecutivo y cuenta con respaldo tanto dentro del Gobierno como en el Congreso Nacional.

En la misma línea, desde el Congreso Nacional se han reiterado señales de apertura al diálogo, pero sin ceder en aspectos considerados fundamentales. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, también ha reafirmado su compromiso de impulsar un Código de Trabajo lo más consensuado posible.

De los Santos destacó que el proceso legislativo aún permite introducir mejoras y ajustes, siempre dentro de un marco de diálogo democrático. Aseguró que existe disposición del empresariado para discutir aspectos puntuales, al tiempo que adelantó que también se reunirán con el sector laboral para escuchar sus planteamientos. El objetivo, según explicó, es alcanzar un equilibrio entre los derechos adquiridos de los trabajadores y la necesidad de modernizar la legislación vigente.

Desde la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco también fijó posición, aclarando que no ha propuesto modificaciones al proyecto de reforma laboral, especialmente en lo relativo a la cesantía. Afirmó que este derecho no será objeto de cambios en ese hemiciclo, reforzando así la postura de preservar los beneficios adquiridos por los trabajadores.

Puntos consensuados

La propuesta de reforma al Código de Trabajo introduce un conjunto amplio de cambios orientados a modernizar las relaciones laborales en la República Dominicana, en un contexto marcado por más de tres décadas sin modificaciones sustanciales a la legislación vigente.

Depositada en octubre de 2024 en el Senado, la iniciativa recoge acuerdos alcanzados en agosto de ese mismo año entre el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores en el marco del diálogo tripartito. Entre los principales avances figura la inclusión formal del teletrabajo, una modalidad que busca adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado laboral y facilitar la atracción de talento, según explicó en su momento el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps.

En el ámbito de los beneficios laborales, la reforma contempla la ampliación de la licencia por paternidad de dos a cuatro días laborables, así como el aumento de las vacaciones de 14 a 15 días, medidas que forman parte de los puntos previamente consensuados entre las partes.

Uno de los capítulos más transformadores es el relativo al trabajo doméstico. El nuevo régimen redefine las condiciones laborales de este sector, estableciendo jornadas máximas de ocho horas diarias y 44 semanales, descanso continuo de 36 horas, y la exclusión de la comida y el alojamiento como parte del salario para el cálculo de prestaciones. Asimismo, prohíbe la contratación de menores de 16 años y garantiza el acceso a la educación o formación para quienes tengan entre 16 y 18 años. Estos cambios buscan alinear la normativa local con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La reforma también introduce por primera vez el concepto de acoso laboral o “mobbing”, reconociéndolo como causal tanto de despido como de dimisión. De esta forma, se establecen mecanismos para sancionar conductas abusivas en el entorno laboral y proteger a las víctimas.

En materia de jornada laboral, el proyecto abre la posibilidad de acordar jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que exista el consentimiento de la mayoría de los trabajadores o del sindicato, y se mantenga el límite de 44 horas semanales. Además, eleva el tope de horas extras trimestrales de 80 a 120.

Otro cambio relevante es la modificación del sistema de distribución de propinas en sectores como hoteles, bares y restaurantes, donde se propone asignarlas en función del nivel de contacto directo con el cliente, excluyendo al personal administrativo y gerencial.

El proyecto también introduce ajustes en los procesos judiciales laborales, reduciendo los requisitos económicos para apelar sentencias —al exigir solo el depósito del monto de la condena y no el doble, como ocurre actualmente— y estableciendo la obligación de detallar con precisión las causas de despido o renuncia. Asimismo, promueve la digitalización de trámites, otorgando validez legal a documentos electrónicos y facilitando la gestión ante el Ministerio de Trabajo.

En cuanto a la supervisión, la reforma fortalece las facultades del Ministerio de Trabajo, reorganiza las infracciones en distintas categorías y establece un sistema de multas diferenciado según el tamaño de la empresa, junto con un procedimiento previo de advertencia antes de aplicar sanciones.

Adicionalmente, la iniciativa incorpora medidas contra la discriminación por discapacidad, autoriza el pago de salarios mediante transferencias bancarias, regula nuevos descuentos y amplía las funciones de inspección. También prevé la creación de juzgados laborales en todas las provincias y fija plazos para agilizar los procesos judiciales.

En conjunto, la reforma plantea una actualización integral del marco laboral dominicano, con énfasis en la modernización, la protección de derechos y el fortalecimiento institucional, aunque su aprobación definitiva continúa dependiendo del consenso entre los distintos sectores involucrados.

A pesar de los avances en el diálogo, persisten puntos de disidencia entre el sector empresarial y el laboral, lo que mantiene en pausa la aprobación definitiva de la reforma. No obstante, las autoridades coinciden en que el camino hacia un nuevo Código de Trabajo pasa necesariamente por el entendimiento entre las partes, en busca de una normativa que responda a las demandas actuales del mercado laboral dominicano sin sacrificar derechos fundamentales.