Abuso silenciado: la niñez dominicana víctima de un sistema que no actúa

Miles de niños dominicanos sufren en silencio distintas formas de abuso ante la indiferencia institucional.

Santo Domingo. – Los recientes casos de abusos contra menores de edad registrados en el país ponen en evidencia una situación que llama la atención de muchos, pero cuya solución es buscada por pocos. Esto deja en evidencia una gran falencia en la protección a la infancia en la República Dominicana.

El artículo 56 de la Constitución obliga a la “Protección de las personas menores de edad". En tal virtud establece que la familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”. No obstante, en la práctica no es así. Esto se demuestra en la falta de justicia que viven decenas de familias cuyos hijos han sido abusados.

La misma Constitución declara de “alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad…” y establece que estos deben ser protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. Sin embargo, en muchos casos que han salido a la luz pública y en muchos otros que permanecen en el anonimato no ha sido así.

En el caso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), órgano que desde el 7 de octubre de 2004 cuenta con el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 136-03, se le hace imposible asistir y proteger adecuadamente a niños y adolescentes que se encuentran en estado de desprotección y vulnerabilidad.

De acuerdo con lo que ordena este marco jurídico, es vital garantizar a la niñez y adolescencia, dentro del territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.

La Ley 136-03 creó el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia como órgano administrativo del Sistema Nacional de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (SNP). Esta ley, en su artículo 51, define al sistema como el conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones en los niveles nacional, regional y municipal para la protección integral de los derechos de los niños.

A pesar de estas ordenanzas legales, y de que existen otras instituciones que trabajan a favor de la niñez, solo en el año 2018 la Dirección Central de la Policía Nacional informó que la mayoría de los arrestos realizados por abusos sexuales fueron, en realidad, casos de incesto. En estos, la mayoría de los detenidos eran padres, padrastros, abuelos, tíos u otros parientes cercanos. Las víctimas tenían entre 2 y 17 años.

Entre enero de 2018 y junio de 2019, la Procuraduría General de la República (PGR) registró 525 casos de incesto, lo que equivale a 29 casos por mes, o un caso por día en promedio. En 2023, la misma institución reportó 508 denuncias de incesto, lo que elevó la media a dos casos por día.

Lo más lamentable de esta situación es que los casos que se hacen públicos son solo una parte del subregistro. Diversos estudios estiman que la mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian. En el caso del incesto, se estima que entre el 70 % y el 90 % de los casos nunca llegan a conocimiento de las autoridades. La razón más clara de este silencio es el miedo de las víctimas a la estigmatización social y a sus agresores.

Pero no todo es abuso sexual. También hay jóvenes que, por diferentes razones, terminan en situación de calle y, en muchos casos, sumergidos en el mundo de la delincuencia.

Según datos recientes de la PGR sobre delitos cometidos por adolescentes, entre febrero y abril de este año se registraron 859 casos en los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

De acuerdo con el informe, el robo agravado lidera la lista de crímenes cometidos por menores, con 328 casos reportados. Le siguen agresión sexual (179) y homicidios (170). Otros delitos registrados incluyen microtráfico y consumo de drogas (57 casos), tentativa de homicidio (51) y golpes y heridas (48).

Al 30 de abril, el sistema tenía 285 adolescentes recluidos, de los cuales 124 habían sido condenados y 161 estaban bajo medidas de coerción. La mayoría de los ingresados tenía entre 16 y 18 años. Solo en abril, se registraron 56 nuevos ingresos y 44 egresos.

Por otro lado, quienes tampoco han encontrado justicia son los familiares del joven prospecto de béisbol Ismael Ureña Pérez, quien falleció el 25 de julio de 2024 a causa de un severo fallo hepático. Según sus parientes, el informe de autopsia aún está retenido por Patología Forense.

Alegan que el adolescente murió tras consumir esteroides ilegales de uso veterinario, presuntamente suministrados por Yordy Basilio Cabrera Alduey, propietario de la academia donde entrenaba, quien aún permanece en libertad. Los exámenes médicos practicados al joven mostraron un deterioro extremo del hígado, con niveles de amonio en sangre superiores en más de un 500 % a los límites normales. Otro caso de abuso infantil sin respuesta institucional.

Los especialistas hablan

La niñez dominicana enfrenta una crisis estructural de protección, según el abogado penalista y constitucionalista Juan Pablo de la Cruz Peña, quien señala que el problema radica en la desarticulación de las instituciones estatales responsables del bienestar de los menores.

“Te hablo de Inaipi, de Conani, incluso del sistema judicial. Hay muchos organismos que están segregados, y creo que ahí radica el mayor problema”, explicó.

Denunció que estas instituciones trabajan de manera aislada y sin estrategia común. “Cada quien va por su lado. Conani, el Despacho de la Primera Dama, la Presidencia… ninguno plantea una estrategia real frente a esta problemática. Solo acaparan fondos”, expresó.

De la Cruz afirmó que el abandono institucional se debe a que la infancia no representa capital político. “En este país se prioriza a quienes mueven votos, no a quienes más lo necesitan”.

También criticó las condiciones en que se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley: “No hay sistema de reinserción. Se les lanza a la calle de nuevo”, señaló.

Por su parte, el doctor Francisco Bentz Brugal, especialista en Medicina Física, Rehabilitación y Medicina del Deporte, denunció el uso creciente de esteroides anabólicos en menores deportistas como una forma de abuso disfrazada de promesa de éxito.

“Desde la primera aguja que invade el cuerpo de un niño, se está abusando. No se está creando un atleta, se está destruyendo una vida”, dijo.

Bentz advirtió sobre graves consecuencias físicas y psicológicas, desde daños hepáticos y renales hasta dependencia emocional y muerte súbita. También denunció que detrás de esta práctica hay intereses económicos y ausencia de control estatal.

Propuso la creación de una unidad de supervisión dentro del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Deportes para implementar controles regulares desde las ligas menores hasta las juveniles.

La niñez dominicana enfrenta una situación crítica de vulnerabilidad frente a múltiples formas de abuso, desde el incesto y la violencia hasta el abandono institucional y el uso indebido de sustancias en el deporte infantil. 

A pesar del marco legal existente, la falta de coordinación entre organismos del Estado, la indiferencia social y la ausencia de una estrategia integral han generado un sistema que falla en proteger a los más indefensos. Sin una intervención urgente y articulada, el país seguirá reproduciendo ciclos de violencia, impunidad y desprotección con consecuencias profundas para toda la sociedad.

Además del silencio institucional, el miedo de las víctimas y sus familias a denunciar refleja una profunda desconfianza en el sistema de justicia y en los organismos responsables de velar por la niñez. El hecho de que la mayoría de los abusos sexuales no se denuncien, y que muchos agresores sean figuras cercanas y familiares, habla de un círculo vicioso de impunidad y revictimización que perpetúa el sufrimiento infantil. 

Las autoridades, en lugar de actuar con celeridad y rigor, muchas veces se limitan a respuestas reactivas y superficiales, lo que erosiona aún más la esperanza de justicia para quienes la necesitan con urgencia.

Para romper con esta realidad, no basta con endurecer leyes o aumentar las detenciones: es necesario un rediseño completo del enfoque estatal hacia la niñez. Esto implica implementar políticas públicas coherentes, integradas y con enfoque preventivo, además de garantizar la educación, el acompañamiento psicológico y la inclusión social de los menores en riesgo. Sin un compromiso real, sostenido y apolítico, seguiremos condenando a generaciones enteras de niños y adolescentes a vivir y morir dentro de un sistema que, en vez de protegerlos, los olvida.