Abinader vs. Aerodom: La guerra por el cumplimiento de un contrato 

La tensión ha aumentado luego de que el Gobierno advirtiera con una demanda internacional contra Aerodom.

Santo Domingo. – La renegociación del contrato entre el Estado dominicano y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) volvió a colocarse en el centro del debate público tras los compromisos económicos anunciados por el presidente Luis Abinader y las recientes tensiones por la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) que la empresa aún no concluye.

El 14 de noviembre de 2023, el mandatario informó que el acuerdo suscrito originalmente en 1999 fue revisado para modificar sus condiciones financieras y operativas, estableciendo nuevas obligaciones para la concesionaria en favor del país.

Según explicó el jefe de Estado, la actualización del contrato proyecta beneficios para la República Dominicana que oscilarían entre 1,905 y 2,155 millones de dólares, producto de una mayor participación del Estado en los ingresos generados por la red aeroportuaria concesionada.

Como parte esencial del nuevo pacto, Aerodom asumió el compromiso de entregar 775 millones de dólares al Estado dominicano por la extensión del período de concesión. Ese desembolso sería transferido en un plazo de seis meses y utilizado para financiar un ambicioso programa de infraestructura pública.

Entre las obras previstas a desarrollar con esos recursos se incluyen:

Un programa integral de asfaltado en La Caleta, Boca Chica y el Gran Santo Domingo, estimado en 350 millones de dólares.

La construcción de una vía rápida que conectará la Plaza de la Bandera con la autopista 6 de Noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares, la cual ya está en desarrollo.

Intervenciones viales en la avenida República de Colombia, incluyendo enlaces hacia la Jacobo Majluta y la avenida Monumental, con un presupuesto de 108 millones de dólares, que también están en ejecución.

Sustitución del puente flotante sobre el río Ozama por una estructura levadiza, valorada en 50 millones de dólares.

Levantamiento de un puente adicional paralelo al Jacinto Peynado, con una inversión de 56 millones de dólares.

Construcción de un paso a desnivel en la carretera Sabana Perdida–La Victoria, presupuestado en 30 millones de dólares, y que ya los trabajos para su construcción están en proceso.

Edificación de la Unidad Traumatológica de San Cristóbal (15 millones de dólares), además de 139 obras menores distribuidas en distintas provincias.

El acuerdo también contempla una inversión superior a los 830 millones de dólares para modernizar y ampliar los seis aeropuertos bajo concesión, incluyendo el AILA. Todo esto ante las proyecciones que estiman que el tráfico aéreo alcanzará los 8.4 millones de pasajeros en 2030. La empresa asumió compromisos adicionales:

Una inversión inmediata de 16 millones de dólares para optimizar la terminal actual en un período de 12 a 18 meses.

El diseño y construcción de una nueva terminal a partir de 2025, con capacidad para 4 millones de pasajeros adicionales por año y una inversión estimada en 250 millones de dólares.

A estos montos se suman aportes variables adicionales que podrían situarse entre 300 y 550 millones de dólares, elevando el impacto económico total del contrato.

Para el presidente Abinader, esta renegociación representa un precedente en la revisión de contratos de concesión, con el objetivo de garantizar mayores retornos para el Estado y mejores estándares en infraestructuras estratégicas.

El problema actual con AERODOM y su posible sometimiento a la justicia

Actualmente, las demoras en los trabajos han provocado un cambio en el escenario luego de que a finales del mes pasado el presidente Luis Abinader advirtiera que el Gobierno no descartaba recurrir a los tribunales si Vinci Airports no iniciaba formalmente la construcción de la nueva terminal del AILA, tal como se había pactado.

Durante un encuentro con comunicadores y líderes de opinión, el mandatario fue enfático al señalar que el Estado defendería lo acordado en la renegociación y que, de ser necesario, el caso sería llevado a instancias judiciales internacionales para que la compañía cumpla con lo pactado.

En agosto de 2025, el propio presidente encabezó el acto del primer picazo junto a ejecutivos de la empresa francesa. No obstante, meses después, los avances visibles en el terreno han sido limitados, situación que encendió las alarmas en el Poder Ejecutivo.

El jefe de Estado recordó que la extensión del contrato tuvo como finalidad garantizar el tiempo y las condiciones necesarias para ejecutar una transformación sustancial de la principal terminal aérea del país. A su juicio, los plazos acordados no se han cumplido conforme a lo establecido.

Previamente, en diciembre de ese año, el ministro de Turismo, David Collado, también había exhortado a la concesionaria a acelerar el cronograma de trabajo, señalando que otras terminales del país sí mostraban progresos concretos en sus procesos de modernización.

La advertencia presidencial marcó un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y la empresa, en momentos en que la ampliación del AILA es considerada clave para sostener el crecimiento turístico y el aumento sostenido del flujo de pasajeros, que solo el año pasado los turistas que ingresaron al país superaron los 11 millones.

Legisladores apoyan al presidente

En el Congreso Nacional, senadores y diputados manifestaron su respaldo al presidente ante la eventualidad de que el conflicto escale a tribunales internacionales por alegado incumplimiento contractual.

Los legisladores reaccionaron luego de que el mandatario calificara de irresponsable la actitud de la concesionaria por no avanzar al ritmo esperado en la construcción de la nueva terminal.

De acuerdo con los congresistas, el Poder Ejecutivo contaría con el apoyo del Congreso si decide iniciar acciones legales fuera del país, al considerar que los compromisos establecidos deben ejecutarse estrictamente en beneficio del interés nacional.

Estos también entienden que el eje del conflicto es la edificación de la nueva terminal, una infraestructura estratégica para ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y responder al incremento sostenido del turismo, pero que la ausencia de avances significativos ha generado fricciones entre ambas partes.

En ese contexto, los legisladores reiteraron que cualquier acción judicial tendría como finalidad garantizar el cumplimiento del contrato y proteger los intereses del Estado dominicano.

La respuesta de Aerodom

Frente a los señalamientos, Aerodom aseguró que el proyecto de la nueva terminal avanza conforme al calendario establecido y en apego a lo estipulado en el contrato de concesión.

Su vocero, Luis José López, explicó que la obra contempla fases técnicas y preparatorias que no siempre son perceptibles a simple vista, pero que resultan indispensables para asegurar una ejecución adecuada.

Indicó que este tipo de proyectos requiere cumplir con estándares internacionales que incluyen estudios, planificación y permisos previos antes de que las estructuras físicas comiencen a levantarse.

Asimismo, afirmó que la empresa mantiene comunicación constante con las autoridades y que la entrega de la obra se realizará dentro del plazo previsto. En relación con la posible multa de cinco millones de dólares y los cuestionamientos relacionados con los parqueos, señaló que esos temas continúan en diálogo con la Comisión Aeroportuaria. Con estas declaraciones, la concesionaria defendió su desempeño y rechazó que exista incumplimiento contractual.

La empresa también resaltó que, desde que Vinci Airports asumió la gestión, se han ejecutado inversiones continuas en la red aeroportuaria. Solo entre 2024 y 2025, el monto destinado a mejoras superó los 75 millones de dólares.

Entre las intervenciones destacan la nueva terminal de carga y la remodelación del atrio central del AILA. Además, se realizaron ampliaciones en los estacionamientos, instalación de sistemas de drenaje pluvial, renovación de áreas de llegadas y salidas con nuevos techos, pisos y mobiliario, así como la implementación de un sistema automatizado de manejo de equipajes.

Según la compañía, estas mejoras han impactado positivamente la experiencia de los pasajeros y la eficiencia operativa del aeropuerto.

Remodelación del AILA: La manzana de la discordia

Con relación a este punto, Aerodom sostiene que se trata de una obra de alta complejidad que exige una planificación técnica rigurosa, y que en los dos últimos años la empresa ejecutó una etapa crítica que incluyó estudios geotécnicos, diseño integral del proyecto y obtención de permisos ambientales.

Las labores preliminares comenzaron en junio de 2025 con demoliciones y adecuación del terreno, mientras que en diciembre de ese mismo año se formalizó el contrato principal de construcción. La fecha proyectada de culminación es el segundo semestre de 2028.

No obstante, mientras la empresa habla de una intervención integral del aeropuerto, usuarios y autoridades han señalado que las áreas vehiculares de llegada y salida continúan presentando congestionamientos, deficiencias en señalización y limitaciones operativas que evidencian que la modernización aún no se percibe plenamente en la experiencia diaria del pasajero.

La lucha entre el Gobierno y la concesionaria al final del mes de febrero continúa y se mantiene en un escenario donde están en juego inversiones millonarias y el futuro de la principal puerta aérea del país.

Pero los efectos de la situación que ha generado este conflicto se extienden más allá de ambas partes. Los pasajeros y usuarios del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) figuran entre los principales afectados, debido a que la falta de avances visibles en la nueva terminal y las dificultades persistentes en las áreas de llegada y salida inciden de manera directa en la experiencia de viaje.

El sector turístico también observa con atención el desarrollo de esta controversia, ya que la ampliación del AILA es considerada una pieza clave para sostener el crecimiento proyectado del flujo de visitantes y garantizar la competitividad del país en el Caribe. Cualquier retraso significativo podría limitar la capacidad operativa futura en momentos en que la demanda aérea mantiene una tendencia ascendente.

Para el Estado dominicano, el escenario implica un desafío político y económico, dado que la renegociación del contrato fue presentada como un logro que fortalecería las finanzas públicas y modernizaría la infraestructura aeroportuaria; sin embargo, un eventual incumplimiento o un litigio internacional podría generar cuestionamientos y costos adicionales.

Asimismo, el desenlace del conflicto podría impactar la percepción de la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país, y un proceso judicial a nivel internacional enviaría señales relevantes a los inversionistas sobre la estabilidad y el cumplimiento de los contratos de concesión en la República Dominicana.

El conflicto entre el Gobierno dominicano y Aerodom trasciende la simple ejecución de una obra y se convierte en una prueba de fuego para el modelo de concesiones en el país.

Mientras el Estado exige el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos en la renegociación, la empresa sostiene que avanza dentro de los plazos contractuales y conforme a estándares internacionales. En el centro de la disputa está la ampliación del AILA, una infraestructura estratégica para sostener el crecimiento turístico y la competitividad del país en la región.

El desenlace de esta controversia no solo definirá el futuro de la nueva terminal, sino también enviará un mensaje claro sobre la relación entre el Estado y el sector privado en proyectos de alto impacto económico.

Si prevalece el diálogo, podría consolidarse un modelo de cooperación con mayores niveles de supervisión y transparencia; si escala al terreno judicial, marcaría un precedente determinante sobre el alcance de las obligaciones contractuales y la defensa del interés nacional.