Una justicia ciega y transparente

La muerte de una niña de 11 años durante una excursión escolar en Santiago no es solo una tragedia, sino que se convierte en un reto para la justicia y la sociedad dominicana. Lo que ha seguido después ha sido el silencio, las versiones incompletas, la información retenida y el hermetismo institucional, lo cual es, en sí mismo, un segundo crimen. La República Dominicana no puede permitirse que este caso se maneje con paños tibios. Aquí no puede haber privilegios, intermediarios ni acuerdos bajo la mesa. La justicia debe actuar con firmeza, claridad y absoluta transparencia.

Las autoridades tienen la responsabilidad moral y legal de esclarecer cada detalle; desde quién autorizó la actividad, quién debía supervisar, qué protocolos se violaron, por qué había una piscina sin medidas mínimas de seguridad, qué hizo el colegio y, sobre todo, qué no hizo. La población exige hechos, no comunicados vacíos. La justicia dominicana debe llevar bien puesta la venda que simboliza su imparcialidad y permitir que el peso de la ley caiga sin distinción, no importa si los implicados son menores, ni si pertenecen a familias con apellidos rimbombantes o con vínculos de poder. En este país la vida de una niña no puede valer menos que los intereses de quienes prefieren callar.

Esta tragedia también debe reabrir una discusión impostergable sobre la actualización del Código del Menor. El marco jurídico actual no está preparado para enfrentar los casos complejos de violencia, negligencia y responsabilidad penal que involucran a adolescentes. Es un código que, en muchos aspectos, protege más de lo que previene y premia más de lo que corrige. La sociedad reclama un sistema que garantice derechos, sí, pero también responsabilidad y consecuencias reales ante hechos graves.

La muerte de esta niña no puede sumarse a la larga lista de expedientes olvidados. Este es un punto de inflexión. Si la verdad se oculta, si la justicia flaquea, si el sistema cede a presiones, entonces fallamos todos.