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Comunitarios de La Caleta paralizan actividades en protesta contra posibles desalojos

Ruth Encarnacion | 16 junio 2025

Desde tempranas horas de este lunes, residentes de La Caleta, en Santo Domingo Este, realizaron una huelga comunitaria como forma de protesta ante la amenaza de ser desalojados de las viviendas que han ocupado por más de cuatro décadas.

La jornada de protesta, que se extendió desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía, contó con el respaldo de educadores, comerciantes, transportistas, iglesias y vecinos, quienes detuvieron sus actividades en señal de rechazo.

Los manifestantes exigen al Gobierno que declare de utilidad pública los terrenos en los que están construidas sus casas, lo cual permitiría regularizar su situación y acceder a títulos de propiedad. Argumentan que, aunque han vivido allí por años, los terrenos pertenecen legalmente a particulares, situación que los deja en un limbo jurídico.

El Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta (Codecoc), a través de su coordinador Santos Carvajal, sostuvo que esta problemática afecta a una amplia mayoría: “Más del 70 % de las familias dominicanas viven en terrenos que no son ni del Estado ni suyos, sino de privados”, señaló, instando al presidente Luis Abinader a actuar para evitar violaciones a la Constitución.

El tema no es nuevo. Ya en octubre pasado, durante una visita del programa Listín en el Barrio, los comunitarios habían advertido del temor creciente por la inseguridad de sus viviendas. En ese entonces, el presidente Abinader designó al senador Antonio Taveras Guzmán como mediador entre los residentes y los propietarios de los terrenos, algunos de los cuales están organizados como personas jurídicas.

En respuesta a las recientes protestas, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, aclaró que el Gobierno no está llevando a cabo desalojos en la zona. “Al contrario, estamos titulando a quienes viven en terrenos del Estado. Pero si los terrenos son de propiedad privada, entonces eso escapa a nuestra competencia y le corresponde a la justicia”, afirmó.

Burgos Gómez insistió en que el Gobierno busca brindar seguridad jurídica a las familias, pero solo puede intervenir en terrenos estatales. En los casos donde hay disputas con terceros privados, la resolución debe pasar por los tribunales.



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