Israel ante la encrucijada del poder: Netanyahu, las derechas ideológicas y el porvenir del sionismo

Denny Agramonte

Las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 constituyen un acontecimiento de singular trascendencia para la configuración del poder en Oriente Próximo. La contienda no representa únicamente una disputa por la jefatura del Gobierno, sino una confrontación entre concepciones divergentes de la seguridad nacional, la identidad judía, la organización institucional y el futuro de las relaciones con los palestinos.

Benjamin Netanyahu, dirigente del Likud y una de las figuras más influyentes de la política israelí contemporánea, afronta un escrutinio condicionado por las consecuencias de los ataques del 7 de octubre de 2023, las guerras posteriores, el deterioro de la confianza pública y las controversias relativas a su conducción gubernamental. El resultado provisional, sin una mayoría parlamentaria inequívoca, mantiene abierta la cuestión esencial: qué coalición podrá articular una autoridad ejecutiva suficientemente estable para gobernar un país sometido a profundas tensiones internas y externas.

La posición de Netanyahu debe comprenderse a partir de una trayectoria caracterizada por la longevidad política, el pragmatismo coalicional y la centralidad de la seguridad en su discurso. Su liderazgo ha combinado una orientación nacionalista, políticas económicas de signo liberal en determinados periodos y una estrategia diplomática que incluyó los Acuerdos de Abraham de 2020, mediante los cuales Israel normalizó relaciones con varios países árabes.

Paralelamente, su gestión ha suscitado controversias por la reforma judicial promovida por su coalición, la expansión de los asentamientos en territorios palestinos ocupados y las responsabilidades políticas asociadas a los fallos de seguridad del 7 de octubre. A ello se suma el proceso penal por corrupción que enfrenta, cuyos cargos Netanyahu rechaza. La concurrencia de estos factores ha convertido su continuidad en el poder en un asunto que rebasa la alternancia partidista y alcanza cuestiones de responsabilidad institucional, legitimidad pública y rendición de cuentas.

La eventual salida de Netanyahu no supondría necesariamente el desmantelamiento del bloque conservador israelí. Su importancia reside, en buena medida, en haber funcionado como articulador de fuerzas ideológicamente heterogéneas que encuentran en la seguridad, el nacionalismo y determinadas concepciones de la soberanía sus principales denominadores comunes. Sin embargo, esa amalgama alberga divergencias sobre el servicio militar obligatorio, la financiación de las instituciones religiosas, la autoridad del Tribunal Supremo y el alcance de las reivindicaciones territoriales.

La derrota de un dirigente puede modificar el equilibrio entre esos componentes sin alterar de manera sustancial las preferencias de sus electorados. Por ello, el porvenir del Likud dependerá tanto de su capacidad para reorganizar su liderazgo como de la posibilidad de conservar una identidad política diferenciada de la figura que ha dominado sus decisiones durante buena parte de las últimas décadas.

La derecha israelí, lejos de constituir un bloque monolítico, comprende familias doctrinales con genealogías, intereses y prioridades diferentes. El Likud representa una tradición nacionalista revisionista vinculada históricamente a Zeev Jabotinsky y caracterizada por su énfasis en la soberanía judía, la integridad territorial y la fortaleza militar.

En su evolución contemporánea ha incorporado elementos populistas y una retórica de confrontación con sectores del aparato judicial y administrativo. No obstante, sus integrantes no comparten necesariamente una posición uniforme sobre la anexión territorial, la economía o la relación entre religión y Estado. La diferencia entre conservadurismo nacional, liberalismo económico, nacionalismo identitario y populismo resulta indispensable para comprender las tensiones internas del partido. Reducir todas esas corrientes a una sola categoría impediría interpretar adecuadamente las negociaciones parlamentarias y las posibles recomposiciones del campo derechista.

Una segunda corriente está representada por el sionismo religioso, cuyo desarrollo contemporáneo vincula determinadas interpretaciones del judaísmo con reivindicaciones nacionales y territoriales. Dirigentes como Bezalel Smotrich han defendido la expansión de los asentamientos y la anexión de partes de Cisjordania, territorio que los israelíes denominan también Judea y Samaria.

Para sus partidarios, esos espacios poseen una significación histórica, religiosa y nacional; sus detractores consideran que semejantes políticas dificultan la autodeterminación palestina y la viabilidad de un Estado independiente. Esta corriente no debe confundirse automáticamente con la totalidad del judaísmo religioso ni con todas las expresiones del sionismo. Su influencia parlamentaria, sin embargo, le ha permitido ejercer una incidencia desproporcionada respecto de su dimensión electoral, al convertirse en socio relevante de coaliciones que necesitan sus escaños para alcanzar la mayoría gubernamental.

Una tercera expresión corresponde a la derecha radical nacionalista, representada por formaciones como Otzma Yehudit, asociada a Itamar Ben-Gvir. Sus planteamientos enfatizan el nacionalismo judío, el endurecimiento de las políticas de seguridad y una concepción restrictiva de las concesiones territoriales a los palestinos. Aunque comparte determinados objetivos con el sionismo religioso, su tradición política y su repertorio retórico presentan particularidades que aconsejan no tratarlos como fenómenos idénticos.

La presencia de estas organizaciones en una coalición puede desplazar el centro de gravedad gubernamental hacia posiciones más maximalistas, especialmente cuando su apoyo resulta imprescindible para garantizar la investidura. El problema no es meramente aritmético: consiste en determinar hasta qué punto una formación de mayor tamaño puede moderar las exigencias de sus socios sin provocar la ruptura de la alianza que sostiene su autoridad ejecutiva.

La derecha religiosa ultraortodoxa constituye otra realidad diferenciada. Partidos como Shas y Judaísmo Unido de la Torá priorizan cuestiones relacionadas con la autonomía de las instituciones religiosas, la educación confesional, las subvenciones comunitarias y el estatus de los estudiantes de las academias talmúdicas frente al servicio militar obligatorio.

Su participación en gobiernos conservadores no implica que compartan íntegramente el programa territorial o económico del Likud. En ocasiones, sus prioridades son corporativas y religiosas antes que estrictamente geopolíticas. La controversia sobre las exenciones militares ha provocado tensiones entre esas organizaciones y sectores que exigen una distribución más equitativa de las obligaciones ciudadanas. Esta fractura demuestra que la cohesión de la derecha israelí depende de transacciones políticas susceptibles de alterarse cuando las demandas de sus componentes dejan de resultar compatibles.

El sionismo, por su parte, requiere una aproximación histórica que evite las simplificaciones conceptuales. Surgido como movimiento nacional judío moderno durante el siglo XIX, en un contexto de nacionalismos europeos y persistente antisemitismo, defendió la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en su territorio histórico.

Su desarrollo dio lugar a corrientes políticas diversas, entre ellas el sionismo laborista, el revisionista, el religioso y expresiones culturales y socialistas. La fundación del Estado de Israel en 1948 transformó profundamente el movimiento, que pasó a relacionarse también con la construcción estatal, la inmigración judía, la defensa nacional y la definición de la ciudadanía. En la actualidad, el término comprende posiciones heterogéneas acerca de las fronteras, los derechos de las minorías, la cuestión palestina y el carácter democrático del Estado. Por ello, no existe una correspondencia automática entre sionismo, conservadurismo, religiosidad y las políticas de cualquier Gobierno israelí.

La disputa contemporánea concierne, en parte, a la relación entre el carácter judío de Israel y sus instituciones democráticas. El sistema parlamentario de representación proporcional favorece la presencia de múltiples partidos y obliga habitualmente a negociar coaliciones. La Knéset dispone de 120 escaños, y las formaciones necesitan superar el umbral electoral del 3,25 % para obtener representación.

La mayoría ordinaria requiere 61 diputados, circunstancia que otorga a los partidos pequeños una capacidad de negociación considerable. En semejante arquitectura, la composición del Gobierno puede depender de formaciones que representan electorados relativamente reducidos, pero cuyas exigencias resultan decisivas para alcanzar la investidura. Las controversias sobre la independencia judicial, la igualdad ante las obligaciones militares y los derechos de las minorías adquieren así una dimensión constitucional: afectan a la distribución del poder, los límites de la mayoría y la naturaleza de los contrapesos institucionales.

El conflicto palestino-israelí constituye otra variable determinante para el futuro político del país. Aunque los principales partidos judíos mantienen diferencias sobre la conducción de la guerra, la seguridad y la política de asentamientos, el respaldo a la creación de un Estado palestino independiente continúa siendo limitado entre numerosas fuerzas políticas israelíes, incluidas algunas organizaciones centristas. Los partidos árabes israelíes, por su parte, presentan posiciones distintas sobre la representación ciudadana, la igualdad de derechos y la autodeterminación palestina.

Esta configuración dificulta la formación de alianzas parlamentarias transversales y restringe las alternativas disponibles para quienes pretenden desplazar a Netanyahu. La cuestión palestina no constituye únicamente un expediente diplomático: incide en la seguridad, la identidad nacional, la legitimidad internacional y las posibilidades de una reorganización regional duradera. Las decisiones del próximo Gobierno repercutirán, por tanto, tanto en la política interna como en las relaciones con los países árabes y las potencias occidentales.

En el plano geopolítico, el desenlace de las negociaciones gubernamentales tendrá consecuencias para la relación estratégica con Estados Unidos, la rivalidad con Irán y la posición regional de Israel. Washington constituye un socio fundamental en materia de cooperación militar, asistencia y coordinación diplomática, aunque los intereses de ambos países no coinciden necesariamente en todos los asuntos.

Un Ejecutivo condicionado por sectores nacionalistas o religiosos podría mantener una línea de firmeza frente a Irán y resistirse a determinadas presiones internacionales relacionadas con los territorios palestinos. Una coalición alternativa tampoco garantizaría una transformación radical de la doctrina de seguridad, pues varias formaciones opositoras comparten posiciones restrictivas respecto de la creación de un Estado palestino. En consecuencia, una eventual sustitución de Netanyahu podría modificar el estilo de conducción, las prioridades internas y las relaciones diplomáticas sin alterar automáticamente los fundamentos estratégicos del Estado israelí.

El futuro de Netanyahu dependerá, finalmente, de una combinación de aritmética parlamentaria, negociación política y capacidad para mantener cohesionados a sus aliados. Los primeros resultados disponibles no establecen una mayoría concluyente, de modo que el tamaño de las bancadas y las condiciones impuestas por los partidos bisagra serán decisivos. Si el mandatario no logra formar una coalición, su salida abriría una disputa por la dirección del Likud y por la definición ideológica del conservadurismo israelí.

Si consigue mantenerse, tendrá que afrontar las divisiones que atraviesan su propio bloque, las exigencias de responsabilidad por los fallos de seguridad y las controversias sobre el sistema judicial y el servicio militar. Más allá del destino individual del primer ministro, estas elecciones exponen una cuestión de mayor alcance: si Israel podrá conciliar su identidad nacional, sus necesidades de seguridad, la pluralidad de su sociedad y las exigencias de un orden democrático sometido a tensiones persistentes. El desenlace no está predeterminado; dependerá de las decisiones de los actores políticos y de la capacidad de sus instituciones para procesar una fragmentación cada vez más compleja.