Más de 170 mil títulos de propiedad entregados llevan tranquilidad y seguridad jurídica a familias de todo el país

Yulissa Reyes

La entrega de títulos de propiedad ha sido un eje clave de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Durante la gestión se han entregado 173,540 títulos de propiedad desde el año 2020 hasta octubre de 2026.

La iniciativa forma parte del Plan Nacional de Titulación, una política que busca convertir en propietarios legales a miles de familias que durante décadas han ocupado terrenos sin contar con un documento que certifique jurídicamente su derecho de propiedad.

La cifra representa un crecimiento significativo frente a los 42,000 títulos que habían sido entregados antes del inicio de la actual gestión, de acuerdo con la Presidencia de la República. En la actualidad, además, hay 156,755 títulos en distintas etapas de mensura, catastro y registro, por lo que el Gobierno proyecta alcanzar entre 300,000 y 350,000 títulos de propiedad entregados a nivel nacional al 2028.

El proceso es ejecutado principalmente por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), en coordinación con instituciones como Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y otras entidades propietarias de terrenos públicos.

La UTECT, cuyo director ejecutivo es Duarte Méndez Peña, es la institución encargada de desarrollar los procesos técnicos, sociales y jurídicos necesarios para que las familias puedan recibir sus certificados de títulos.

El programa ha tenido presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Para octubre de 2023, el Gobierno reportaba entregas en 28 provincias, y posteriormente el programa se extendió a otras demarcaciones.

Entre las provincias donde se han realizado jornadas de titulación figuran:

• Santo Domingo
• San Pedro de Macorís
• Azua
• San Cristóbal
• Monte Plata
• Santiago
• Hato Mayor
• Montecristi
• La Romana
• Barahona
• Bahoruco
• Elías Piña
• María Trinidad Sánchez
• Dajabón
• Samaná
• Duarte
• Pedernales
• El Seibo
• Valverde
• Peravia
• Sánchez Ramírez
• Espaillat
• San Juan
• La Vega
• Independencia
• Monseñor Nouel
• La Altagracia
• San José de Ocoa
• Distrito Nacional

La Presidencia ha informado que el programa mantiene 176 proyectos de titulación distribuidos en casi todo el país. Las demarcaciones con mayor cantidad de títulos entregados son Santo Domingo, con 74,472; San Pedro de Macorís, con 25,167; el Distrito Nacional, con 13,222; Azua, con 10,587; San Cristóbal, con 10,502; Santiago, con 7,728; Montecristi, con 2,599; La Romana, con 2,521, y Hato Mayor, con 2,442.

A nivel municipal Santo Domingo Este lidera con 32,451 títulos entregados, seguido por Los Alcarrizos con 23,28, el Distrito Nacional con 13,000, Santo Domingo Norte con 11,968 títulos y San Pedro de Macorís con 9,560.

En tanto, Santiago Rodríguez se encuentra en proceso de incorporación al programa, según el reporte más reciente de la Presidencia.

Un documento que cambia el valor del patrimonio familiar

Para las familias beneficiadas, recibir el título significa mucho más que obtener un documento. Representa pasar de una posesión de hecho a un derecho de propiedad reconocido legalmente por el Estado.

Durante años, miles de estas familias han vivido en sus casas sin tener un certificado que demostrara legalmente que el terreno donde construyeron les pertenece. Esa situación las mantenía en una condición de incertidumbre ante posibles conflictos, dificultades para realizar operaciones legales sobre el inmueble o limitaciones para utilizarlo como respaldo financiero.

Con el título en sus manos, las familias salen de esa incertidumbre porque cuentan con un documento oficial que avala que son propietarias del terreno donde está ubicada su vivienda.

En junio pasado, por ejemplo, el Gobierno explicó que la titulación en Villa Linda, Palmarejo y Pantoja convierte una ocupación de hecho en un derecho legal y permite elevar el valor patrimonial de las propiedades. En esa jornada, el Estado estimó en RD$87.4 millones el ahorro para las familias por recibir gratuitamente el proceso de titulación.

Un efecto similar se ha observado en otros proyectos. En Domingo Savio, la UTECT estimó un ahorro de RD$185.7 millones para los beneficiarios, mientras que en 2025 la institución calculó que el programa permitió ahorrar más de RD$2,650 millones a las familias beneficiadas, al asumir el Estado los costos del proceso.

Impacto económico para las familias

La titulación también tiene un efecto económico. Al convertirse en propietarios legales, los beneficiarios pueden aumentar el valor de sus inmuebles y cuentan con mayores posibilidades de utilizar su patrimonio dentro de la economía formal.

El Gobierno señala que el título facilita el acceso al sistema financiero formal, permitiendo que los propietarios puedan gestionar préstamos para mejorar sus viviendas, construir, ampliar sus casas o desarrollar pequeños negocios. También fortalece la posibilidad de dejar el inmueble como patrimonio para sus hijos y demás herederos.

En algunos proyectos, las autoridades han estimado que el valor de las propiedades puede aumentar considerablemente después de ser tituladas. En San Cristóbal, por ejemplo, la UTECT señaló que los terrenos intervenidos podrían hasta triplicar su valor una vez completada la titulación.

El impacto trasciende a cada hogar. Una familia que puede demostrar legalmente que posee un inmueble tiene mayores posibilidades de incorporarlo al circuito económico formal, invertir en él, mejorar su vivienda y utilizar parte de ese patrimonio para impulsar una actividad productiva.

Uno de los principales componentes sociales del programa es precisamente la tranquilidad que genera el documento.

En numerosas comunidades, las familias llevaban 20, 30, 40 o más años ocupando terrenos sin contar con un certificado definitivo. La entrega del título pone fin a esa espera y brinda certeza sobre el futuro del hogar.

En San Pedro de Macorís, por ejemplo, la entrega de 2,315 títulos en marzo de 2026 fue presentada por el Gobierno como un paso para convertir años de incertidumbre en un derecho reconocido. La jornada benefició a unas 10,000 personas.

Una situación similar se produjo en Los Alcarrizos, donde en septiembre de 2026 fueron entregados 1,750 certificados a familias de Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II, beneficiando aproximadamente a 7,000 personas.

¿Cuándo se entregarán más títulos?

El proceso no termina con los 173,540 certificados ya entregados. La Presidencia informó el 5 de octubre de 2026 que existen otros 156,755 títulos en proceso, actualmente en las etapas de mensura, catastro y registro.

Esto significa que nuevas entregas continuarán realizándose durante los próximos meses, mientras el Gobierno mantiene como meta final alcanzar entre 300,000 y 350,000 títulos de propiedad a nivel nacional.

Además, el presidente Abinader informó el 1 de octubre que la titulación continuará durante las próximas semanas con nuevas entregas en diferentes comunidades. El Almirante II, Santo Domingo Este, anunció que el proceso continuará hasta superar los 6,000 certificados en esa comunidad.

También indicó que existen alrededor de 40,000 títulos pendientes de evaluación en la Dirección de Mensura Catastral.

Una política que busca convertir la vivienda en patrimonio

La titulación de terrenos se ha convertido así en uno de los programas sociales con mayor alcance territorial de la administración de Luis Abinader. Para las familias beneficiadas, el certificado representa seguridad jurídica, patrimonio, tranquilidad y una mayor capacidad para aprovechar económicamente el inmueble que han ocupado durante años.

Más allá del número de documentos entregados, el objetivo central es que aquellas personas que durante décadas tuvieron una casa, pero no tenían un documento que demostrara legalmente que el terreno era suyo, puedan finalmente contar con esa certeza.

El presidente Luis Abinader destaca en cada oportunidad que la entrega de títulos de propiedad definitivos representa un "acto de justicia social" y un "legado histórico".

Para el mandatario, el valor de este programa va mucho más allá de la entrega de un documento formal, destacando los siguientes pilares fundamentales:

• Seguridad jurídica y paz mental: Pone fin a décadas de incertidumbre para miles de familias de bajos ingresos que habitaban terrenos de forma informal. Con el título en mano, tienen la certeza legal de que la vivienda les pertenece y que nadie podrá desalojarlos, garantizando un patrimonio seguro para las futuras generaciones.

• Inclusión en el sistema financiero: Abinader recalca continuamente que un título definitivo convierte a los ciudadanos en propietarios formales, abriéndoles las puertas a la banca comercial. Esto les permite acceder a préstamos, emprender pequeños negocios, o disponer de capital para ampliar y mejorar sus viviendas.

Con el título en sus manos, la vivienda deja de ser solamente el lugar donde vive una familia y pasa a convertirse, jurídicamente, en un patrimonio reconocido por el Estado que puede ser protegido, mejorado y transmitido a las siguientes generaciones.