Mientras las autoridades reportan una reducción de los homicidios y robos, cerca de 50 personas murieron durante intervenciones policiales en septiembre. Los casos reavivan el debate sobre el uso de la fuerza, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Por Yulissa Reyes

Santo Domingo. — La seguridad ciudadana vuelve a ocupar el centro del debate nacional en República Dominicana. Mientras las estadísticas oficiales reflejan una reducción de los homicidios y los robos, el elevado número de personas fallecidas durante intervenciones policiales ha generado cuestionamientos sobre los métodos utilizados por las autoridades para combatir la delincuencia.

Septiembre de 2026 cerró con alrededor de 50 personas muertas en operativos que la Policía Nacional reportó como intercambios de disparos. La cifra ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que reclaman investigaciones independientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos.

La controversia gira en torno a un número: 29, identificado en el argot policial dominicano como un código asociado a la muerte de una persona durante una intervención.

Su utilización ha adquirido notoriedad en medio de una estrategia de persecución activa contra personas requeridas por la justicia, impulsada por las autoridades como parte de sus esfuerzos para reducir la criminalidad.

El debate se produce en un contexto en el que una parte importante de la población respalda medidas más severas contra la delincuencia.

Según el informe Latinobarómetro 2026, el 69 % de los dominicanos considera que al Gobierno «no le viene mal un poco de mano dura», una percepción que refleja el respaldo de un sector significativo de la ciudadanía a políticas de seguridad más firmes.

Sin embargo, las muertes ocurridas durante operativos policiales han abierto una discusión sobre los límites de la actuación de las fuerzas de seguridad, la proporcionalidad del uso de la fuerza y la obligación del Estado de garantizar el debido proceso.

Los fallecidos durante intervenciones policiales

Durante septiembre, los reportes de la Policía Nacional identificaron a numerosas personas fallecidas en operativos que, según la versión institucional, se produjeron cuando agentes fueron enfrentados con armas de fuego mientras intentaban ejecutar arrestos o realizar labores de investigación.

Entre los nombres recopilados en los reportes figuran Dalgeni de Jesús, conocido como «El Sicario» o «El Matatán»; Pedro Luis Paredes; Danny Braulio Contreras; Estarling Leonel Peñaló, alias «El Santiaguero»; Luis Rivera Simón; Henry Joel Borrell Rudecindo y Edilio Rafael Salcedo, alias «Manos Rápidas».

También aparecen Willi David Gómez Batista, alias «Willy Piñé»; Michael Junior Rodríguez Peguero, conocido como «Michael Peluche»; un hombre identificado como «Enger»; Wender Alcántara, alias «El Compa» o «La Muerte», y Deivi Rosado Durán, conocido como «El Gordo» o «El Fantasma de Guindo».

Otros fallecidos identificados son Jordin Antonio Ogando, alias «Jordin» o «El Maldito»; Dilson Humberto Reynoso Cruz, conocido como «Mandrake» o «El Mello»; Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, alias «El Fugao»; Rolando Torres Vásquez, conocido como «El Coco», y Cristofer Almonte Díaz, alias «Niño».

Los registros también incluyen a un hombre identificado únicamente como «El Haitiano»; otro conocido como «Yonathan», alias «Chuky», y uno identificado como «Yovany», alias «Chigua».

Asimismo, figuran Jorge Luis Tissol Báez, alias «Yiro»; Pedro Núñez, conocido como «Puli»; Luis David Fortuna Perdomo, alias «Caco de Leche»; Javier Mercedes Severino, conocido como «Javielito»; Melvin Francisco, alias «Arturo» o «La Melma»; Carlos Julio Féliz Sena y Domingo Santiago Valdez, alias «La Fama».

Entre los nombres reportados también aparecen Gabriel Luis Montero Valdez, conocido como «Campeón»; Ricardo Polanco García, alias «Richard Gatillo» o «El Vegano»; Jenny Santos Franco Jiménez, conocido como «El Comehombres de Los Frailes», y José Daniel de la Cruz Valdez, alias «Hernán» o «Nay».

La relación continúa con José Manuel San Luis, alias «Negrón»; Jean Luis Almonte Núñez, conocido como «Amarillo»; Hansel, alias «Boca Negra»; José Ignacio Rodríguez, conocido como «Ignacio»; Cristhoffer Carlos Belliard, alias «Cri Cri»; Jesús Alberto Aracena Castillo, conocido como «Bebeco», y Junior Antonio Cuevas Toribio, alias «Viño».

También se identificó a José Miguel de Jesús García, conocido como «Cama Larga»; Neyfi Then Monegro, alias «La Parita»; Alexander López Grabiel, conocido como «Chandel»; Erick Stiven Manzueta Alfonso, también identificado como Stiven Martínez, alias «Stiven»; Adolfo María Bello Heredia, conocido como «Yonathan», y Eudy Antonio Infante de León, alias «Nifi», «Ñifi» o «Nilfry».

La inclusión de estas personas en reportes policiales no constituye una determinación judicial de culpabilidad. Las circunstancias de cada fallecimiento deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Los casos que mayor atención han generado

Entre los fallecimientos que adquirieron mayor notoriedad pública figura el de Michael Junior Rodríguez Peguero, conocido como «Michael Peluche» o «Maicol Peluche».

El joven murió el 16 de septiembre de 2026 durante una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con la versión policial, el hecho ocurrió cuando los investigadores lo localizaron en la calle Diana, del residencial La Arboleda, mientras realizaban labores de seguimiento.

Rodríguez Peguero era buscado por su presunta vinculación con robos, atracos y otros hechos delictivos.

Entre los casos investigados se encontraba un ataque ocurrido en Los Coquitos, Boca Chica, donde fallecieron Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido en la escena urbana como Diddy Glow, y Jonathan Villanueva, alias «Cotuí», de 26 años.

Otro caso que generó atención fue el de Hansel, conocido como «Boca Negra», quien murió durante una intervención policial en la provincia de Samaná.

Según las autoridades, el hombre era buscado mediante órdenes de arresto y estaba señalado como presunto responsable de herir de bala, en hechos separados, al mayor Andrés Pascual y al cabo William Antonio Jesús Heredia, ambos pertenecientes a la DICRIM.

También figura el fallecimiento de Jenny Santos Franco Jiménez, conocido como «El Comehombres de Los Frailes», ocurrido durante una intervención policial en el sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los agentes realizaban labores para localizar al hombre, de 35 años, quien era requerido mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, incluido un homicidio ocurrido el 22 de febrero de 2026.

La intervención se produjo en la calle Carlos Teo Cruz, según la información ofrecida por la institución.

Otro nombre mencionado en el contexto de las operaciones policiales es el de Luis Alexander Lambert, alias «La Falacia», señalado por su presunta participación en el asalto contra el jefe de seguridad de la residencia de los suegros del expresidente Danilo Medina.

Lambert fue acusado de participar en el hecho junto a otras dos personas, durante el cual resultó herido de varios disparos el mayor de la Policía Nacional Domingo García Sugilio.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha defendido las actuaciones de la institución y señalado que las personas fallecidas durante enfrentamientos con agentes tenían antecedentes registrados en los sistemas policiales y judiciales.

No obstante, la existencia de antecedentes, denuncias u órdenes de arresto no elimina la obligación de investigar las circunstancias de cada muerte ni sustituye una sentencia judicial.

Más de 53,000 órdenes de arresto pendientes

La magnitud de los desafíos que enfrenta la Policía Nacional quedó reflejada el 2 de octubre, cuando la institución presentó una base de datos con 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución.

La cifra evidencia la cantidad de requerimientos judiciales que las autoridades deben atender como parte de sus labores de persecución criminal.

De acuerdo con el desglose presentado, 17,635 órdenes corresponden a casos relacionados con violencia intrafamiliar; 11,587, a robos; 5,951, a agresiones físicas; 4,018, a agresiones sexuales; 2,761, a delitos cibernéticos, y 2,681, a homicidios.

Las restantes corresponden a otras infracciones penales.

La Policía aclaró que el número de órdenes no equivale necesariamente a la cantidad de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular varios requerimientos judiciales.

En el levantamiento también fueron identificadas personas con múltiples órdenes pendientes, entre ellas 485 con más de cinco requerimientos.

El volumen de casos plantea un desafío para las autoridades, tanto en materia de localización de personas requeridas como en la capacidad institucional para ejecutar los arrestos dentro de los procedimientos establecidos por la ley.

La estrategia del nuevo director de la Policía Nacional

El mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumió la Dirección General de la Policía Nacional el 17 de agosto de 2026, tras su designación por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 558-26, emitido el día anterior.

Desde su llegada, el oficial ha presentado una estrategia enfocada en aumentar la presencia policial en las calles, fortalecer la investigación criminal e incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la prevención y persecución de los delitos.

Uno de los principales componentes es el Nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial, que organiza las operaciones mediante corredores y cuadrantes para ampliar la cobertura territorial.

La estrategia contempla utilizar mapas de calor elaborados a partir de denuncias e incidentes para identificar las zonas y los horarios de mayor incidencia delictiva.

Entre las medidas anunciadas también figuran la incorporación de 400 agentes a la DICRIM y la adquisición de 10,000 cámaras corporales destinadas a documentar las actuaciones policiales.

Asimismo, se plantea fortalecer los sistemas de identificación biométrica y dactiloscópica, renovar el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y ampliar el uso de herramientas digitales para registrar información relacionada con las detenciones.

La institución también ha anunciado el fortalecimiento de sus unidades de inteligencia, Policía Cibernética y laboratorios forenses, además de una mayor cooperación internacional para enfrentar estructuras del crimen organizado.

Rodríguez García ha reiterado el llamado a las personas con asuntos pendientes ante la justicia para que se entreguen voluntariamente.

El 28 de septiembre afirmó que los más de 46,000 integrantes de la institución continuarían trabajando para localizar a personas vinculadas con homicidios, robos, violaciones y otros delitos.

Sin embargo, también sostuvo que las actuaciones policiales deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos.

Abinader respalda la persecución de personas buscadas

El presidente Luis Abinader ha respaldado una política de persecución activa contra las personas requeridas por la justicia.

El 28 de septiembre, el mandatario afirmó que las autoridades cuentan con tecnología, personal capacitado y la determinación de localizar a quienes cometan delitos.

“A todo el que cometa un acto criminal” las autoridades lo van a capturar, expresó el jefe de Estado al referirse a las acciones de seguridad.

Abinader también sostuvo que aproximadamente el 80 % de las personas involucradas en homicidios acumulan varias órdenes de arresto, por lo que consideró necesario fortalecer su localización antes de que puedan cometer nuevos hechos violentos.

El mandatario resumió su posición con una frase: “O se entrega, o se busca”.

No obstante, el Gobierno ha planteado que su estrategia de seguridad no se limita a la persecución criminal, sino que también contempla medidas de prevención, modernización institucional y ampliación del patrullaje.

El 5 de octubre, Abinader informó que la proporción de miembros de la Policía dedicados al patrullaje había aumentado del 12 % al 31 %.

También destacó la incorporación de 400 agentes a la DICRIM, la adquisición de cámaras corporales y el desarrollo de programas preventivos dirigidos a jóvenes.

El 2 de octubre, el presidente encabezó el despliegue de la segunda fase del nuevo modelo de patrullaje en la provincia La Altagracia.

La iniciativa contempló la incorporación de 990 agentes, distribuidos en 84 cuadrantes y 39 corredores correspondientes a siete departamentos policiales.

Los indicadores oficiales reflejan una reducción de los delitos

En medio de la controversia por las muertes durante operativos, las autoridades han presentado estadísticas que muestran una reducción de algunos de los principales indicadores de criminalidad.

Según los datos oficiales, la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.36 por cada 100,000 habitantes.

Asimismo, al 25 de septiembre, los robos registraban una disminución de 40.5 % en comparación con el mismo período de 2025.

El Gobierno ha utilizado estos resultados para respaldar las medidas implementadas y destacar los avances en materia de seguridad ciudadana.

Sin embargo, las cifras también plantean la necesidad de evaluar la efectividad de las estrategias policiales desde una perspectiva más amplia.

La reducción de los delitos constituye un indicador importante, pero también deben considerarse otros aspectos, como la confianza ciudadana, la transparencia institucional, el respeto al debido proceso y las condiciones en que se realizan las intervenciones.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan los intercambios de disparos

Las muertes ocurridas durante los denominados intercambios de disparos han provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que reclaman investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias de los fallecimientos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Manuel María Mercedes, ha expresado preocupación por la cantidad de personas muertas durante intervenciones policiales.

La organización ha cuestionado la versión oficial de algunos casos y considera necesario determinar si las actuaciones de los agentes se ajustaron a los procedimientos establecidos por la ley.

La entidad también anunció su intención de llevar el tema ante organismos internacionales para solicitar investigaciones independientes.

El planteamiento ha reavivado el debate sobre los mecanismos de supervisión de la actuación policial y la necesidad de garantizar transparencia cuando se producen muertes durante operativos de seguridad.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la lucha contra la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco constitucional y respetando las garantías fundamentales de todas las personas.

Esto incluye el derecho a la vida, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Una ficha policial, una denuncia, una investigación o una orden de arresto no equivalen a una condena judicial. La responsabilidad penal corresponde determinarla a los tribunales mediante los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.

De igual manera, las circunstancias en que una persona fallece durante una intervención policial deben ser investigadas para establecer si el uso de la fuerza fue legal, necesario y proporcional.

42 personas se entregaron voluntariamente durante los primeros días de octubre

En medio de los operativos de localización, la Policía Nacional informó que 42 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente entre el 1 y el 6 de octubre de 2026.

Estas entregas representaron el 21.5 % de las 195 registradas desde el 17 de agosto hasta el 6 de octubre.

Durante los primeros seis días de octubre, 15 personas se entregaron por delitos contra la propiedad; 12, por agresiones físicas, y cinco, por casos de homicidio.

También se registraron tres entregas relacionadas con heridas causadas por armas blancas y dos por violencia intrafamiliar.

Las restantes correspondieron a casos de heridas con armas de fuego, investigaciones, abuso sexual, amenazas y abuso de confianza.

El comportamiento de las entregas muestra un incremento durante septiembre, mes en el que se registraron 122 casos, equivalentes al 62.6 % del total acumulado.

Entre el 17 y el 31 de agosto se contabilizaron 31 entregas, para un 15.9 %, mientras que las 42 registradas durante los primeros seis días de octubre representaron el 21.5 % restante.

Las autoridades atribuyen estas entregas a las acciones de búsqueda, investigación y llamados públicos realizados por la institución.

Robos y homicidios encabezan las entregas voluntarias

En el balance general de las 195 personas que se entregaron voluntariamente durante el período analizado, los delitos contra la propiedad encabezaron la lista.

Según las estadísticas policiales, 58 personas se entregaron por casos relacionados con delitos contra la propiedad, equivalentes al 29.7 % del total.

Les siguieron los homicidios, con 49 entregas, para un 25.1 %.

Las heridas causadas por armas de fuego y las agresiones físicas registraron 28 entregas cada una, equivalentes al 14.4 % por categoría.

El resto de los casos estuvo relacionado con intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, infracciones a la legislación sobre armas de fuego, estafas, abuso sexual, amenazas y otros hechos delictivos.

El registro también incluyó cinco entregas por intento de homicidio; cuatro por investigaciones; cuatro por violencia intrafamiliar; cuatro por infracciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados, y cuatro por estafa.

Asimismo, se contabilizaron tres casos de abuso sexual, tres de amenazas, tres de heridas con armas blancas, uno de falsedad documental y otro de abuso de confianza.

La Policía Nacional informó que mantiene los operativos para localizar a personas requeridas por la justicia y reiteró el llamado a quienes tengan órdenes de arresto pendientes para que se entreguen voluntariamente ante las autoridades correspondientes.

El verdadero reto: combatir la delincuencia sin vulnerar derechos

La seguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de la población dominicana y uno de los mayores desafíos para las autoridades.

La reducción de los homicidios y los robos representa un objetivo fundamental de cualquier política de seguridad. Sin embargo, los resultados deben evaluarse junto con los métodos utilizados para alcanzarlos.

Las muertes ocurridas durante intervenciones policiales plantean interrogantes que no pueden quedar sin respuesta, especialmente cuando existen denuncias sobre posibles excesos en el uso de la fuerza.

El Estado tiene la obligación de perseguir a quienes cometen delitos, proteger a las víctimas y garantizar la seguridad de la población. Pero también debe asegurar que sus agentes actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.

El respaldo ciudadano a medidas más firmes contra la delincuencia no elimina la necesidad de garantizar investigaciones transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Por el contrario, una política de seguridad sostenible requiere instituciones capaces de combatir el crimen con eficiencia y, al mismo tiempo, generar confianza en la ciudadanía.

La modernización de la Policía Nacional, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de la investigación criminal y la ampliación del patrullaje constituyen herramientas importantes para mejorar la seguridad.

No obstante, estos avances deben acompañarse de una actuación profesional, supervisión institucional y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

El verdadero éxito de una estrategia de seguridad no consiste únicamente en reducir las estadísticas delictivas, sino en lograr que los ciudadanos se sientan protegidos por instituciones que actúan con eficacia, transparencia y apego a la ley.

La República Dominicana enfrenta el desafío de encontrar ese equilibrio: perseguir la delincuencia con firmeza, proteger la vida de los ciudadanos y garantizar que la justicia prevalezca sobre cualquier forma de actuación arbitraria.

Porque la seguridad ciudadana no debe medirse solamente por la cantidad de personas detenidas o por la reducción de los delitos, sino también por la capacidad del Estado de preservar la vida, respetar el debido proceso y fortalecer la confianza en sus instituciones.