“Miguelito” y las siete veces que la Policía Nacional ha chocado con la misma piedra

La muerte de Miguel Antonio Lucas Valenzuela, “Miguelito”, ocurrida tras permanecer detenido en un destacamento policial de San Cristóbal, volvió a colocar bajo la lupa una realidad que se ha repetido durante los últimos años: personas que ingresan bajo custodia del Estado y fallecen dentro de un destacamento o poco después de ser trasladadas a un centro de salud.

Esta investigación periodística, basada en la revisión de publicaciones de la prensa nacional entre octubre de 2020 y julio de 2026, documentó siete casos con características similares.

Entre ellos figuran Manuel Eusebio Tejada Vargas, José Gregorio Custodio, Richard Rafael Báez, David de los Santos Correa, Ramón Antonio Mora Abad, Frankley Rafael Pérez y Miguelito. En la mayoría de estos expedientes, los familiares denunciaron agresiones o negligencia durante la detención, mientras que las investigaciones quedaron bajo la responsabilidad del Ministerio Público.

Aunque cada caso tiene circunstancias distintas, todos conducen a una misma pregunta: ¿quién garantiza los derechos fundamentales de las personas mientras permanecen bajo custodia policial?

La respuesta está en la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11. El artículo 30, numeral 12, dispone que corresponde al Ministerio Público vigilar el respeto de los derechos fundamentales en cuarteles, destacamentos policiales y demás centros de detención. Es una responsabilidad legal de supervisión y control sobre las condiciones en que permanecen los detenidos.

Sin embargo, la investigación también establece una diferencia importante. Aunque desde finales de los años noventa existen experiencias de fiscales trabajando en destacamentos, no se encontró una disposición legal que obligue a mantener un fiscal de forma permanente en cada destacamento del país. La obligación vigente es supervisar y velar por los derechos de las personas detenidas, no necesariamente mantener presencia física continua.

La revisión de los expedientes también revela otra debilidad institucional: la República Dominicana no cuenta con un registro público consolidado de muertes ocurridas bajo custodia policial, lo que obliga a reconstruir cada caso mediante decisiones judiciales, informes oficiales y publicaciones de prensa.

De los casos analizados, David de los Santos Correa es el que presenta el mayor avance judicial, tras concluir con condenas penales en 2025. Los demás expedientes, incluido el de Miguelito, permanecen en distintas etapas de investigación o sin una decisión definitiva conocida públicamente.

Más que una sucesión de hechos aislados, la cronología muestra un patrón que se repite desde octubre de 2020.