Con la seguridad no se juega

Las últimas semanas han estado marcadas por una ofensiva de la Policía Nacional contra personas buscadas por la comisión de delitos, con operativos que han aumentado la presión sobre prófugos y llevado a varios a optar por entregarse a las autoridades. El mensaje también ha llegado desde el Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader advirtió recientemente que quien cometa un acto criminal será perseguido y capturado, mientras la propia dirección policial ha planteado que el objetivo es invertir la ecuación del miedo, que no sean los ciudadanos quienes teman al delincuente, sino quienes delinquen quienes sepan que serán perseguidos por la autoridad.

En ese contexto, hechos delictivos recientes que han involucrado a figuras conocidas han provocado comprensible preocupación y han sido utilizados por algunos sectores para alimentar la idea de que el país atraviesa un deterioro generalizado de la seguridad. Pero un caso impactante, por doloroso y repudiable que sea, no constituye por sí solo una tendencia estadística. Los datos oficiales disponibles dicen otra cosa: la tasa acumulada de homicidios se encuentra en 7.36 por cada 100,000 habitantes, frente a 13.20 en 2022, 11.49 en 2023, 9.65 en 2024 y 8.74 en 2025. Además, los robos reportados muestran una reducción de 40.5 % respecto al mismo período del año anterior. Eso no significa que el crimen haya desaparecido, ni que una familia víctima de un atraco deba sentirse consolada por una estadística. Significa simplemente que para evaluar la seguridad de un país debemos observar los datos completos y no exclusivamente el caso que domina las redes sociales durante una semana.

Y ahí debemos tener cuidado. Construir deliberadamente una percepción de inseguridad puede producir réditos políticos inmediatos, pero termina perjudicándonos a todos. La percepción de un país fuera de control afecta el turismo, la inversión, el comercio, la vida nocturna, el valor de nuestras ciudades y hasta la tranquilidad con la que una familia decide salir de su casa. La seguridad ciudadana debe seguir siendo fiscalizada, cuestionada y mejorada; cualquier abuso policial también debe investigarse y sancionarse. Pero convertir cada tragedia en combustible partidario es jugar con algo demasiado importante. Habrá tiempo y temas suficientes para hacer política. Con la seguridad de un país no deberíamos hacerlo. Si los indicadores avanzan, defendamos esos avances; si retroceden, exijamos correcciones. Cuidemos lo que hemos construido y trabajemos para hacerlo todavía mejor.