E24H: Un Estado que facilita

Por Eduardo Yayo Sanz Lovatón

El desarrollo no consiste solamente en crear nuevas oportunidades, sino también en remover los obstáculos que impiden aprovecharlas. Una buena idea necesita talento, capital y determinación para convertirse en empresa, y un entorno que le permita avanzar. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad fundamental: procurar que sus propios procesos no se conviertan en una barrera para quien quiere emprender, invertir y producir.

Como profesional del derecho conozco esa realidad en carne propia. No hace tanto, en mi vida anterior como abogado en ejercicio, constituir una empresa exigía algo más que conocimientos jurídicos: exigía paciencia. Mucha. Entre requisitos, documentos, instituciones y ventanillas, los abogados terminábamos asumiendo una tarea para la que la facultad de Derecho no nos había preparado: hacer un poco de terapeutas. Había que explicarles a los clientes por qué el proceso tardaba tanto, administrar una frustración que nunca debería acompañar el nacimiento de una empresa.

Quise recordar aquella experiencia hace unos días, durante el lanzamiento de Empresas en 24 Horas y de los Criterios Unificados para el Registro Mercantil, en HUB Cámara Santo Domingo 2026. La distancia entre aquel abogado que hacía malabares entre trámites, ventanillas y plazos, y el ministro que hoy puede contribuir a simplificar ese camino resume, para mí, buena parte de este cambio.

Porque el tiempo perdido en burocracia nunca es solamente tiempo. Una inversión que se retrasa, una empresa que tarda en comenzar o una oportunidad productiva que no se materializa pueden parecer hechos aislados. Pero cuando esas fricciones se reproducen en toda una economía, afectan la capacidad del país para invertir, producir, generar empleos y crecer. Por eso, simplificar la relación entre el ciudadano y el Estado es también una política de desarrollo.

Ese es el sentido de Empresas en 24 Horas. Integra en un mismo proceso el Nombre Comercial, el Registro Mercantil y el Registro Nacional de Contribuyentes. El servicio incorpora un formulario único, pagos en línea, validaciones automáticas, generación de documentos, seguimiento y correcciones digitales.

Un proceso estimado en aproximadamente 21 días puede llevar su fase digital a 24 horas laborables.

Pero la simplificación forma parte de una conversación más amplia. La competitividad no depende solamente de cuánto produce o crece un país, sino también de la calidad de sus instituciones.

Hace algún tiempo llegó a mis manos Why Nations Fail, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, a partir de una referencia que hizo el presidente Luis Abinader. El libro parte de una pregunta que ha ocupado a economistas, historiadores y gobernantes: ¿por qué algunas naciones alcanzan mayores niveles de prosperidad mientras otras se quedan atrás?

Acemoglu y Robinson encuentran una parte fundamental de la respuesta en instituciones que amplían oportunidades, protegen derechos y generan incentivos para invertir, innovar y producir.

Aquella lectura me dejó una idea útil para pensar nuestro propio proceso de transformación: las instituciones también son infraestructura para el desarrollo.

Cuando hablamos de infraestructura pensamos en carreteras, aeropuertos, energía o redes digitales. Pero existe también una infraestructura menos visible: seguridad jurídica, procedimientos ágiles y reglas previsibles que permitan a quienes emprenden e invierten saber con claridad a qué atenerse.

En esa visión convergen Empresas en 24 Horas y los Criterios Unificados para el Registro Mercantil. Buscamos hacer más sencillo crear una empresa y más consistente la aplicación de los criterios registrales, sin importar la jurisdicción.

La previsibilidad tiene valor económico. Un empresario que conoce las reglas puede planificar mejor, un emprendedor tomar decisiones con mayor certeza y un inversionista comprometer su capital con mayor confianza.

Empresas en 24 Horas articula procesos de instituciones públicas y las Cámaras de Comercio, dentro del esfuerzo de Burocracia Cero. Detrás de esa coordinación hay una idea sencilla: el ciudadano no debe cargar con la complejidad del Estado; corresponde al Estado organizarse para servirle mejor.

Las buenas instituciones no solo establecen reglas; también saben escuchar y construir soluciones junto al sector productivo. Ahí reside el valor de la colaboración público-privada.

El Estado y el sector privado tienen responsabilidades distintas y objetivos comunes. El Estado aporta institucionalidad, reglas y visión de largo plazo; el sector productivo aporta inversión, innovación y capacidad para generar empleos. Cuando esa relación funciona, el diálogo deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en resultados.

Esa ha sido una orientación constante del presidente Luis Abinader: un Estado que escucha, coordina y genera confianza. Esa forma de trabajar fortalece a nuestras empresas y emprendedores, y proyecta al país ante quienes evalúan dónde invertir.

Los grandes saltos de un país también se construyen removiendo aquello que limita su potencial y fortaleciendo las instituciones que sostienen su desarrollo. Cada paso en esa dirección nos acerca a la República Dominicana que aspiramos construir: más competitiva, más innovadora y con la mirada puesta en alcanzar su pleno desarrollo.