El precipicio del atajo: la trampa que siembra muertos y cosecha impunidad

Hay una perversión procesal que pocos nombran y que, sin embargo, explica buena parte de nuestra impotencia. El Ministerio Público, en lugar de instrumentar expedientes más condensados, que ataquen el fondo sin pretender resolver el 100% del problema que atacan, fabrica megaexpedientes que terminan siendo ventanas para ir de mal a peor. Casos gigantescos, imposibles de sostener en juicio, que se desmoronan por su propio peso, que prescriben o se archivan. Sin sentencias irrevocables, todo seguirá siendo un espectáculo. Un expediente no tiene que resolver el crimen organizado entero; tiene que probar un hecho, condenar a un responsable y sentar un precedente.

Y cuando el expediente falla, aparece el atajo. El llamado “intercambio de disparos” es la mentira más grande que todos los gobiernos dominicanos han usado para apagar el fuego con una lata de agua sucia que lo embarra todo. Es el viejo oeste reinstalado en pleno siglo XXI: la ejecución extrajudicial de un presunto delincuente bajo el simulacro de un enfrentamiento. No es una política de seguridad: es la confesión de una impotencia estructural. La Policía Nacional lleva décadas matando y no ha resuelto el problema ni lo resolverá. Lo que sí ha producido es un cementerio de jóvenes pobres: 205 ejecuciones extrajudiciales en 2025, según documenta la prensa nacional, y unos 4,500 dominicanos muertos en “intercambios de disparos” entre 2018 y 2025. El 98% eran jóvenes de entre 18 y 35 años. La justicia no llega, y cuando llega, los expedientes prescriben.

Vamos como el cangrejo, caminando de reversa. Abinader prometió seguridad; solo se ven altos presupuestos, proveedores de siempre más ricos —sospecho, no tengo pruebas— y asesores internacionales que vienen a buscar lo suyo. La receta es mala y sus resultados peores. No hay revisiones de resultados, solo reuniones de lunes que llenan de helio al ministro de Interior de turno y a Palacio Nacional, que se toma muy en serio reportes que, con un poco de luz y sentido común, son una cadena de mentiras. La reforma policial, que costó entre 15,000 y 20,000 millones de pesos, no ha dado los resultados esperados. La cifra negra del delito —entre siete y nueve delitos no detectados por cada uno registrado— revela que las estadísticas oficiales son un espejo roto.

El contraste con los modelos exitosos es instructivo. Singapur ha mantenido índices de criminalidad bajos no por la brutalidad policial, sino por instituciones fuertes, baja corrupción, policía de proximidad, prevención social temprana y una red tecnológica de más de 90,000 cámaras que disuade sin ejecuciones; el 94% de sus residentes se siente seguro caminando solo de noche. Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a un laboratorio de urbanismo social, presencia estatal, educación y transporte; la tasa de homicidios pasó de 23.9 en 2019 a 9.7 en 2023. Pernambuco, en Brasil, redujo homicidios de manera sostenida con el Pacto pela Vida: disuasión focalizada, gobernanza y uso efectivo de registros policiales; en 12 años salvó 9,243 vidas.

Los fracasos, en cambio, tienen un aire de familia. México apostó por la militarización y cosechó más violencia y más impunidad: con Calderón los homicidios dolosos aumentaron un 86%, y con López Obrador y su Guardia Nacional se registraron 193,377 homicidios. El Salvador de Bukele ha reducido homicidios a un costo que la región empieza a medir en derechos humanos y cárceles hacinadas. Y la República Dominicana, nuestro tercer caso de fracaso, lleva seis años sin una política de seguridad coherente: planes relanzados sin evaluación, contratos de asesoría por la vía de excepción, una reforma policial que legisladores de todos los partidos califican de fracaso.

El comunicador José La Luz lo ha advertido con claridad meridiana: el problema no se resuelve solo reformando la Policía Nacional. “La seguridad debe construirse desde la garantía de los derechos fundamentales, especialmente de los niños y jóvenes de los sectores más vulnerables”, ha dicho. “A mayor garantía de derechos, menor policía”. Sus propuestas de liderazgo responsable —descentralización efectiva de la Policía, prevención como instancia separada de la persecución, formación intelectual del agente antes que entrenamiento en el uso del arma— han sido recibidas por los gobiernos de turno con un gesto que ya es costumbre: taparse los dos oídos al unísono.

La solución no puede ser un decreto ni un plan sexenal. La inercia de décadas no se mueve en cuatro años. Propongo una estrategia institucional de tres etapas en diez años. La primera, de contención y legitimidad (años 1-3): desmontar el “intercambio de disparos” mediante protocolos vinculantes, fiscalía especializada en ejecuciones policiales y una reforma de la Ley de Policía que subordine el uso de la fuerza al Ministerio Público. La segunda, de construcción institucional (años 4-7): crear el Ministerio de Justicia para separar la persecución penal de la administración penitenciaria, fortalecer la carrera fiscal y judicial, e implementar un sistema de información criminal que permita medir la cifra negra. La tercera, de consolidación y prevención (años 8-10): integrar seguridad con desarrollo urbano, educación y empleo juvenil.

No hay atajos. La seguridad es una deuda civilizatoria que se paga con instituciones, no con balas. El “intercambio de disparos” es la confesión de una derrota. Los megaexpedientes son su coartada. Reconocer ambas cosas es el primer paso para superarlas.

Redacción: Rolando Espinal