China invade América Latina: el tablero comercial y geopolítico se mueve y pone a líderes a mover sus fichas

Victor Herasme | 23 septiembre 2026

Víctor Herasme

La expansión de los negocios de capital chino en República Dominicana ha generado un intenso y creciente debate entre comerciantes locales, representantes de la comunidad del país asiático y las autoridades, que incluye la competencia, el cumplimiento de las normas tributarias y laborales, la valoración de mercancías importadas, el uso de comprobantes fiscales y hasta el origen de los capitales con los que se crean estos establecimientos comerciales.

Mientras la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) sostiene que existe una competencia que considera desleal y reclama una mayor fiscalización, Rosa Ng Báez, figura clave del colectivo chino en el país, defiende el derecho de esos empresarios a desarrollar sus actividades y advierte sobre el peligro de convertir irregularidades que considera particulares en señalamientos contra toda una nacionalidad.

El Gobierno, por su parte, representado por el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, ha precisado que la fiscalización a comercios de capital chino incluye la revisión de posibles operaciones de lavado de activos, además del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El funcionario explicó que, en coordinación con la Dirección General de Aduanas, la institución que dirige verifica que las mercancías vendidas en comercios chinos estén registradas en el inventario y que se pueda comprobar su origen.

En ese orden, la DGII ha fiscalizado alrededor de 60 establecimientos propiedad de empresarios chinos, en medio de las denuncias sobre supuesta evasión fiscal y competencia desleal.

No obstante, Urrutia se ha encargado de aclarar que las inspecciones no están dirigidas exclusivamente contra los negocios chinos, sino contra cualquier comercio que incumpla con la legislación.

Actualmente, el intercambio comercial del país con China también muestra una marcada diferencia entre importaciones y exportaciones. Entre 2019 y 2025, República Dominicana acumuló un déficit comercial de US$27,755 millones con el gigante

La relación comercial entre República Dominicana y China mantiene un marcado desequilibrio a favor del gigante asiático. De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), durante los primeros siete meses de 2026, el país importó desde China US$3,384.3 millones, mientras sus exportaciones hacia ese mercado alcanzaron apenas US$249.2 millones.

Esta diferencia representa un déficit comercial de US$3,135.1 millones para República Dominicana y evidencia la amplia brecha existente entre las compras realizadas al mercado chino y las ventas de productos dominicanos hacia ese destino.

La postura de la FDC

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, sostiene que el sector organizado lleva años denunciando condiciones que, a su juicio, colocan a los comerciantes dominicanos en desventaja frente a determinados establecimientos de capital chino.

Entrevistado por El Avance Radio, García señaló que algunos de esos negocios alcanzan superficies de entre 20,000 y 40,000 metros cuadrados y cuestiona la rapidez con la que, según afirma, algunos consiguen instalarse.

Iván García presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes.

En ese orden, sostuvo que hay establecimientos que pueden ser levantados en aproximadamente tres meses, mientras un comerciante dominicano puede tardar más de un año, solo completando permisos y procesos administrativos.

García aseguró que la desaparición de comercios dominicanos tradicionales, es una causa directa de la expansión de los establecimientos de capital asiático en el país. Puso como ejemplo el caso de la avenida Duarte, afirmando que la organización que representa llegó a tener 91 comerciantes afiliados y actualmente solo quedan siete, una reducción que atribuye a la competencia de los negocios chinos. Aclaró que estas cifras corresponden a los registros que maneja la propia FDC y no a un levantamiento oficial de todos los establecimientos de la zona.

Otro de los puntos señalados por el dirigente comercial en la conversación con El Avance Radio, es el cumplimiento de las disposiciones laborales, particularmente la proporción establecida por el Código de Trabajo para la contratación de empleados dominicanos y extranjeros.

El presidente de la FDC sostuvo que algunos establecimientos mantienen una elevada presencia de trabajadores de otras nacionalidades y denunció que, en determinados casos, empleados dominicanos están siendo desvinculados antes de cumplir los tres meses con el fin de no pagarles las prestaciones correspondientes.

Iván García cuestionó también las prácticas de facturación de algunos establecimientos regenteados por chinos. En esa línea aseveró que existen negocios que realizan buena parte de sus operaciones en efectivo, no aceptan pagos mediante tarjetas y no entregan comprobantes fiscales en todas sus transacciones.

La valoración de las mercancías y el origen de los capitales

Uno de los reclamos más importantes del comercio organizado está relacionado con la valoración de las mercancías en las aduanas. García dijo a El Avance Radio que se dan casos en que una mercancía que un comerciante dominicano podría declarar en la DGA en US$50, un operador chino lo puede hacer en sólo US$5.

El dirigente afirmó que esta práctica perjudica a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones y termina reflejándose en una diferencia de precios que dificulta la competencia.

Planteó además interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados por algunos empresarios chinos para adquirir o alquilar grandes establecimientos.

En ese sentido mencionó el caso del inversionista británico-camboyano Chen Zhi, el mayor accionista de Tabacalera de García en La Romana, y con una participación del 49 % en Habanos, Cuba. A partir de ese ejemplo, cuestionó cómo determinados comerciantes pueden asumir alquileres de US$20,000 o US$30,000 mensuales, además de entregar por adelantado el equivalente a un año de renta.

Consideró que instituciones como la Superintendencia de Bancos y la DGII deberían examinar la procedencia de esos fondos.

El papel de Procompetencia

Pese a sus quejas, Iván García sostuvo que la Federación Dominicana de Comerciantes apoya completamente que la República Dominicana mantenga relaciones comerciales con la República Popular China, así como la inversión extranjera y el intercambio comercial con ese país.

En tal virtud, expresó que la posición de los comerciantes no está en contra de las relaciones comerciales con China, señalando que la gran mayoría de los importadores agrupados en la Federación Dominicana de Comerciantes adquieren productos en ese mercado.

Sin embargo, manifestó que una cosa es respaldar las relaciones comerciales y la inversión extranjera y otra diferente es que empresarios de cualquier nacionalidad que lleguen a la República Dominicana pretendan operar sin cumplir las leyes que regulan el comercio en el país.

García dijo que los comerciantes no están de acuerdo con que empresarios extranjeros vengan a República Dominicana a evadir el pago de impuestos, mientras los comerciantes nacionales sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Consideró que esta situación constituye una competencia desigual y una forma de perjudicar a los empresarios dominicanos.

Al referirse al papel de Procompetencia, indicó que los comerciantes se han reunido en varias oportunidades con su presidenta, María Elena Vásquez, y que además depositaron el informe de abogacía correspondiente.

Explicó que dicho informe debió haber sido emitido en un plazo de 45 días, debido a que ese es el período establecido por la ley. No obstante, señaló que en muchas ocasiones las propias instituciones del Estado no suministran a Procompetencia la información que esta solicita para poder realizar sus investigaciones y emitir sus informes.

En ese sentido consideró que, debido a estas dificultades, la legislación que regula el funcionamiento de Procompetencia tendrá que ser modificada. Señaló que existen problemas tanto por la falta de información que deben proporcionar las instituciones oficiales como por el bajo nivel de las multas que pueden ser aplicadas a quienes incurren en prácticas contrarias a la competencia.

La postura china

Rosa Ng Báez, la representante más visible de la comunidad china en RD ha rechazado que los señalamientos contra determinados comercios sean utilizados para cuestionar a toda una comunidad.

Rosa Ng, en cambio, ha explicado que representantes de la comunidad china han acudido al Ministerio de Trabajo para conocer con mayor precisión sus obligaciones y cumplir con las disposiciones dominicanas, incluida la regla 80-20.

Rosa Ng, representante de la comunidad china en el país.

Asimismo, ha señalado que existe una campaña que considera desafortunada y advirtió que algunas expresiones utilizadas en el debate pueden acercarse a posiciones xenófobas.

Al reconocer que cualquier empresario que opere en República Dominicana debe cumplir con las leyes nacionales, Ng plantea que las autoridades deben investigar los casos de manera individual y determinar responsabilidades con base en evidencias, sin asociar automáticamente una posible irregularidad con el origen nacional del propietario.

Otro de sus argumentos es que los establecimientos chinos han encontrado un mercado importante entre consumidores de ingresos bajos y medios, debido principalmente a sus precios y a la variedad de productos que ofrecen.

Desde esa perspectiva, sostiene que el crecimiento de estos negocios también responde a una demanda existente y no únicamente a una estrategia de desplazamiento del comercio tradicional.

La disputa por los locales comerciales

Ng también rechaza la idea de que los comerciantes chinos estén expulsando de manera sistemática a empresarios dominicanos de determinados corredores comerciales.

Como ejemplo, plantea que en zonas como la avenida Duarte algunos propietarios dominicanos optan voluntariamente por alquilar sus locales a comerciantes chinos porque estos presentan ofertas que consideran atractivas.

Recomienda analizar este aspecto dentro de la dinámica normal del mercado inmobiliario y comercial, sin atribuir automáticamente la salida de un negocio dominicano a una acción ilegal del empresario extranjero.

MICM jugando su rol con más de 30,000 decomisos

Las noticias sobran cuando se realiza una búsqueda en internet relativa a la incautación de mercancías chinas por parte de las autoridades.

En uno de los informes más recientes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), reportó el decomiso de más de 30 mil productos ilícitos en intervenciones realizadas a comercios de propietarios chinos en distintos puntos del país.

Cierre de un negocio de capital chino.

En las operaciones, realizadas con el acompañamiento del Ministerio Público, se ocuparon bebidas alcohólicas de alta gama, estimulantes sexuales, medicamentos, cigarrillos premium y otros productos que carecían de los permisos y registros exigidos por las autoridades dominicanas.

Una de las últimas intervenciones tuvo lugar en Santiago de los Caballeros, donde fueron inspeccionados los establecimientos Mall Lindo, Well Being Malls, Plaza Moda Select y Kindo Mall, bajo la coordinación de la magistrada Lía Collado, procuradora fiscal del Departamento de Delito Electrónico de la Fiscalía de Santiago.

En esos comercios fueron ocupadas 5,872 mercancías irregulares, entre ellas 3,706 unidades de estimulantes sexuales, 2,141 unidades de medicamentos y otros productos sin Registro Sanitario y con etiquetado exclusivamente en su idioma original, además de 25 unidades de bebidas alcohólicas de alta gama.

A la par, recientemente se han realizado operativos en Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Haina y la carretera Sánchez, donde fueron detectados productos similares.

Entre las irregularidades detectadas figuran la venta de productos sin registro sanitario, sin trazabilidad fiscal y sin el etiquetado en español requerido por la legislación dominicana. El MICM advirtió que estas prácticas representan riesgos para los consumidores y afectan los ingresos del Estado.

Todas estas prácticas constituyen infracciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley General de Salud 42-01 y la Ley General de Aduanas 168-21.

Un fenómeno que trasciende a República Dominicana

El debate dominicano también se produce en un contexto regional en el que varios países han adoptado medidas para proteger sectores productivos frente al crecimiento de determinadas importaciones provenientes de China.

Megapuerto Chancay construido por China en Perú.

En Colombia, por ejemplo, el Gobierno estableció en marzo de 2026 un arancel del 35 % para 14 productos siderúrgicos y metalmecánicos procedentes de países con los que no existen acuerdos comerciales vigentes, entre ellos China, Rusia e India. La medida fue presentada como una herramienta para corregir distorsiones y proteger la producción nacional.

Perú es un vivo ejemplo de la penetración de China en América Latina. Un informe publicado por el portal China en las Américas establece que el intercambio comercial entre Lima y Pekín alcanzó los US$37,184 millones entre enero y julio de 2026, casi tres veces el registrado con Estados Unidos, que llegó a US$13,477 millones, de acuerdo con el Reporte Mensual de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La diferencia también se refleja en el ritmo de crecimiento. Durante los primeros siete meses del año, el comercio peruano con China aumentó 35.3 % interanual, mientras que el intercambio con Estados Unidos creció 22.3 %.

Los resultados consolidan a China como el principal socio comercial de Perú y evidencian una brecha que continúa ampliándose frente al intercambio con Estados Unidos.

El punto de fondo

El conflicto reúne dos posiciones que, aunque enfrentadas en varios aspectos, coinciden en un principio: todo empresario que opere en República Dominicana, independientemente de su nacionalidad, debe cumplir las leyes tributarias, laborales, aduaneras, sanitarias y comerciales del país.