Todos somos culpables

El sistema eléctrico dominicano continúa siendo una de las grandes tareas pendientes del país. Cada vez que aumenta la factura o regresan los apagones, aparece la tentación de convertir el problema en un arma política y atribuir toda la responsabilidad al gobierno de turno. Pero eso es demasiado cómodo. Si de buscar culpables se trata, aquí todos tenemos nuestra cuota. Es culpable un Estado que durante décadas no modernizó las redes al ritmo que crecía el país; las autoridades que no fiscalizaron suficientemente el fraude; el ciudadano que se conecta ilegalmente; el que decide no pagar la luz, pero sí encuentra dinero para gastarlo en el colmadón con los panas; y también los políticos que denuncian el problema cuando están en la oposición, pero pocas veces presentan una solución integral cuando les corresponde gobernar.

Porque el problema eléctrico tiene demasiadas aristas para reducirlo a una consigna. Tenemos redes de transmisión y distribución que necesitan inversiones y renovación de calidad, pérdidas técnicas y comerciales, subsidios que representan una enorme carga para el Estado y más de 800 mil conexiones que no pagan la energía que consumen. Mientras tanto, quienes sí cumplen terminan sintiendo que cargan con una parte desproporcionada del sistema. En verano aumenta el consumo y con él las facturas, pero también existen quejas que las autoridades deben atender con mayor transparencia. No basta con explicar que hizo más calor o que aumentaron las horas de uso de los acondicionadores: el ciudadano debe poder entender con facilidad cuánto consumió, por qué aumentó su factura y tener mecanismos rápidos y confiables para reclamar cuando considere que existe un error.

Ahí está uno de los grandes desafíos de la actual gestión encabezada por Joel Santos: transparentar todavía más el sistema de cobro, reducir las razones que alimentan las quejas y, sobre todo, comenzar a enfrentar seriamente a quienes consumen electricidad y no la pagan. No puede existir un sistema sostenible donde unos pagan y otros simplemente se conectan ilegalmente esperando que el Estado cubra la diferencia. Pero tampoco puede pedirse disciplina al ciudadano mientras persistan deficiencias en el servicio y dudas sobre la facturación. Resolver el problema eléctrico requerirá inversión, fiscalización, transparencia y responsabilidad ciudadana. Ya hemos perdido demasiado tiempo buscando a quién culpar; llegó la hora de que cada quien asuma la parte que le corresponde.