¿Quién vigila a los vigilantes?

Los congresistas lo han vuelto a hacer. Durante años, los llamados “honorables” han lamentado la mala imagen que una parte importante de la ciudadanía tiene sobre el Congreso Nacional. Sin embargo, son muchas veces sus propias decisiones las que alimentan esa percepción. Semana tras semana, el Poder Legislativo parece empeñado en confirmar las sospechas de quienes cuestionan si las decisiones que allí se toman responden verdaderamente al interés colectivo o a intereses particulares. El ejemplo más reciente es la reducción del impuesto que deberán pagar las bancas de lotería.

La propuesta original del Gobierno contemplaba una contribución de RD$120,000 por banca como parte de las medidas de ajuste fiscal. Sin embargo, el Senado decidió reducir esa cifra a RD$85,000, una disminución cercana al 30 %, equivalente a RD$35,000 por establecimiento. Vista de manera individual, la diferencia puede parecer menor; pero al analizar el impacto general, la decisión representa que el Estado dejará de percibir más de mil millones de pesos que podrían destinarse a servicios públicos, infraestructura o programas sociales.

Lo más preocupante no es únicamente la reducción aprobada, sino el evidente conflicto de interés que rodea la decisión. Entre los legisladores que respaldaron la modificación figuran congresistas vinculados al negocio de las bancas de lotería, ya sea como propietarios actuales o como antiguos propietarios. En cualquier democracia madura, la inhibición frente a asuntos donde existe un interés económico directo debería ser una obligación ética y no una opción. El Congreso Nacional tiene el desafío de fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Porque cuando quienes deben legislar para todos terminan legislando sobre sectores de los cuales forman parte, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes?