Exsenador Rafael Calderón enfrentará juicio por presunta vinculación en caso de corrupción

Santo Domingo. – El exsenador de la provincia Azua, Rafael Porfirio Calderón, deberá responder ante un tribunal de fondo por su presunta participación en una estructura acusada de cometer irregularidades que habrían provocado pérdidas multimillonarias al Estado dominicano.

La decisión fue tomada este viernes por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la jueza Altagracia Ramírez concluyera que existen pruebas suficientes para que el exlegislador sea juzgado por los hechos que le atribuye el Ministerio Público.

La audiencia preliminar de Calderón fue conocida de manera independiente al resto de los implicados debido a condiciones de salud que, según se informó, impedían su participación conjunta en el proceso.

Tras la decisión judicial, su abogado, Wilson Beriguete, expresó confianza en que durante el juicio se demostrará la inocencia de su defendido y que este será descargado de las acusaciones.

El expediente forma parte de uno de los casos de presunta corrupción administrativa de mayor alcance en los últimos años, en el que el Ministerio Público sostiene que una red integrada por funcionarios, particulares y empresas habría desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Entre los acusados enviados a juicio figura también el exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado como uno de los principales involucrados en la supuesta estructura, junto a decenas de personas físicas y jurídicas que, de acuerdo con la acusación, habrían participado en el esquema.

Según las investigaciones, la red identificaba procesos de expropiación pendientes de pago por parte del Estado y ofrecía a los propietarios o herederos agilizar los desembolsos. A cambio, estos debían ceder una parte significativa de los recursos a empresas o personas presuntamente vinculadas al entramado.

El Ministerio Público asegura que varias compañías fueron utilizadas para canalizar las operaciones investigadas, razón por la cual también fueron enviadas a juicio junto a los imputados.

Con la apertura a juicio, el proceso entra en una nueva etapa en la que el tribunal de fondo deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados en los hechos que se les atribuyen.