República Dominicana. – El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 393-26 mediante el cual declara de utilidad pública e interés social varios terrenos ubicados dentro del Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, en la provincia San Cristóbal, con el objetivo de fortalecer la protección de uno de los principales reservorios arqueológicos y ecológicos del país.

La disposición gubernamental busca ampliar las capacidades de conservación, monitoreo y restauración de esta área protegida, reconocida por su alto valor científico, ambiental y cultural, donde se concentran importantes manifestaciones rupestres de los primeros habitantes del territorio dominicano.

De acuerdo con el decreto, la medida permitirá la adquisición de terrenos ubicados en la parcela 405 del distrito catastral 02 del municipio de San Cristóbal, utilizando los mecanismos legales establecidos y recursos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, el documento instruye a las instituciones competentes —entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Abogado del Estado y el Registro de Títulos— a ejecutar los procedimientos administrativos y legales correspondientes para hacer efectiva la disposición.

En caso de no alcanzarse acuerdos con los propietarios sobre la valoración de los terrenos, el Estado podrá proceder conforme a la normativa vigente para garantizar su adquisición, como parte de las acciones orientadas a preservar el área.

¿Qué significa “utilidad pública”?

La declaración de utilidad pública e interés social significa que el Estado reconoce esos terrenos como necesarios para un fin colectivo, en este caso la protección ambiental y patrimonial del Monumento Natural. Esto permite al Gobierno iniciar procesos legales de adquisición o expropiación, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y garantizando el cumplimiento del interés general sobre el uso de la propiedad.

El Monumento Natural Cuevas del Pomier es considerado un patrimonio de alto valor para la República Dominicana y el Caribe, tanto por su riqueza arqueológica como por su biodiversidad, razón por la cual distintas entidades ambientales han insistido en la necesidad de reforzar su protección frente a presiones humanas y actividades extractivas.

Con este decreto, el Gobierno reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural del país, asegurando la preservación de este santuario histórico para las presentes y futuras generaciones.