Yeni Berenice exige al Congreso aprobar con urgencia ley de protección para víctimas y testigos

República Dominicana. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al Congreso Nacional que apruebe este año un anteproyecto de ley orientado a proteger los derechos de víctimas, testigos y otros participantes en procesos judiciales que se encuentren en situación de riesgo. La iniciativa forma parte de una estrategia coordinada entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, y según Reynoso, representa una deuda histórica del sistema de justicia dominicano, que hasta ahora no contaba con una legislación específica para este tipo de casos.

Durante su intervención en el Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, la procuradora destacó que, históricamente, el enfoque del sistema legal ha estado centrado en los imputados, mientras que las víctimas y los testigos han quedado en segundo plano. Según los datos proporcionados por Reynoso, en los últimos cuatro meses dos testigos de procesos penales fueron asesinados —uno en Santiago en junio y otro en San Francisco de Macorís en agosto— lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de medidas de protección.

El proyecto de ley propuesto se apoya en tres pilares esenciales: la creación de un programa de protección para víctimas y testigos, la garantía de representación legal a nivel nacional, y la implementación de un sistema integral de atención que incluya, entre otros servicios, asistencia clínica y médico-legal adaptada a cada caso. La procuradora aseguró que estas medidas buscan que quienes han sufrido daños puedan denunciar y colaborar con la justicia sin temor a represalias.

Reynoso enfatizó que la aprobación de esta ley no puede seguir postergándose, ya que se trata de una necesidad real más que de una simple actualización normativa. “No es un lujo, es una necesidad urgente”, afirmó, destacando que la promulgación de esta legislación sería una señal de compromiso con la justicia, la reparación y la protección de los derechos fundamentales de quienes históricamente no han tenido suficiente apoyo dentro del sistema judicial dominicano.