Wilson Camacho llama a reformar el sistema penal dominicano y advierte sobre fallas estructurales

Santo Domingo.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, planteó la urgencia de transformar a fondo el sistema de justicia penal en la República Dominicana, señalando que los cambios no deben centrarse solo en los procedimientos, sino también en el marco legal que los sustenta.

En respuesta a observaciones de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Camacho insistió en que el debate sobre la reforma judicial debe ser más que técnico: debe ser integral y dialéctico, evaluando tanto los mecanismos de aplicación de la ley como los fundamentos normativos que los regulan.

Un marco legal desfasado ante realidades complejas

Para ilustrar su planteamiento, Camacho mencionó los plazos establecidos por el Código Procesal Penal (CPP) para la investigación de casos complejos: ocho meses, con una posible extensión de cuatro meses adicionales. Según el procurador adjunto, esos tiempos resultan irrealizables cuando el proceso involucra gestiones internacionales, como una solicitud de información bancaria en Panamá, que puede tomar el mismo tiempo que la prórroga completa.

"¿Cómo se puede investigar eficazmente en ese plazo, si el código no contempló el nivel de complejidad que hoy enfrentamos?", cuestionó.

Ciencia forense: una deuda pendiente

Camacho también llamó a una inversión seria en las capacidades institucionales del sistema de justicia, especialmente en lo que respecta a la ciencia forense. Como ejemplo positivo, citó el caso de Chile, que luego de desmantelar su antiguo Ministerio Público, lo reconstruyó con una fuerte inversión, logrando así un modelo eficiente y moderno.

En ese sentido, lamentó que en muchos procesos penales dominicanos, especialmente los que involucran a personas de escasos recursos, las pruebas principales sean testigos y no evidencia científica. Reiteró la urgencia de fortalecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para que todas las audiencias, en cualquier jurisdicción, puedan contar con peritajes oficiales en tiempo real, evitando que sustancias u objetos se presenten en juicio sin validación técnica.

“No basta con tener capacidad, hay que ponerla a funcionar efectivamente. En veinte años se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer”, afirmó.

Extinción de procesos: una forma silenciosa de impunidad

Camacho también alertó sobre un problema que, según él, erosiona la credibilidad de la justicia: la extinción de casos por dilaciones procesales. Aclaró que en el país no se ha dejado de juzgar a nadie por falta de méritos, sino por los retrasos que impiden llegar a una sentencia, sea condenatoria o absolutoria.

Lamentó que el manejo del tiempo en los procesos judiciales no se asuma como una tarea compartida por todo el sistema —desde fiscales hasta jueces y defensores—, lo que convierte la extinción en una "salida cómoda" para evitar enfrentar el fondo del caso.