¡Voy al pinto! peleas de gallos en RD, entre la herencia cultural y el debate ético

Las peleas de gallos son tildadas por activistas como crueldad animal, mientras los galleros las defienden como parte integral de la cultura dominicana

En la República Dominicana, las peleas de gallos, conocidas localmente como lidias, forman parte de una tradición que ha perdurado por generaciones, fusionando espectáculo, apuestas y cultura popular.

Para Walbin Camacho, criador con años de experiencia en el mundo gallístico, estas lidias representan mucho más que un deporte; son una manifestación viva del patrimonio cultural dominicano, una práctica que, asegura, merece respeto y preservación.

“Personas de México, Colombia y otros países llegan al país exclusivamente para traer a sus gallos a competir o para presenciar estas lidias. Con el paso de los años, República Dominicana se ha consolidado como una locación importante en el ámbito de las peleas de gallos”, aseguró.

Mientras que diversos sectores denuncian estas peleas como un claro ejemplo de crueldad animal, Walbin sostiene que se trata de una actividad recreativa que además aporta importantes beneficios a la economía dominicana.

Destacó que los gallos de pelea no son aves comunes, ya que pueden llegar a costar desde 25 mil hasta un millón de pesos, dependiendo de su linaje, nivel de entrenamiento, historial de victorias y estado físico.  

Walbin aseguró que detrás de cada pelea hay un arduo trabajo. “Criar un gallo requiere un entrenamiento riguroso, alimentación especial, suplementos y vitaminas para mantener el peso ideal para competir”.

Asimismo, aclaró que, contrario a la creencia popular, el objetivo no es que un gallo mate al otro, sino que uno de ellos abandone la pelea para que el rival resulte ganador. “Hay gallos altamente entrenados que poseen un gran valor sentimental para sus dueños, quienes suelen retirarlos de la competencia después de varias peleas”. Señaló.

Aunque aseguró que el entretenimiento es una de las finalidades de estas lidias, admitió que las apuestas juegan un papel fundamental en estas actividades. “Las apuestas son comunes y pueden superar los dos, tres, seis y hasta diez millones de pesos”.

A pesar del control sobre las peleas reguladas, las peleas informales son frecuentes. “Existen tres tipos de peleas: gallista, gallera y coliseo. Las gallísticas son informales y suelen generar conflictos debido a la falta de regulación. En ellas, los dueños suelen hacer trampas utilizando los llamados ‘gallos desechables’, cuya finalidad es que uno o ambos gallos mueran durante el combate”, explicó el gallero.

Al ser consultado sobre la percepción de crueldad que estas peleas generan, Camacho defendió la práctica como una tradición cultural de gran relevancia para el país. Destacó además que los gallos dominicanos se están internacionalizando, y que muchos extranjeros llegan a la República Dominicana con sus ejemplares para participar en las lidias.

Un retroceso en la lucha por los derechos de los animales

 Myrian Rodríguez Scott, presidenta de la Fundación Democracia en Desarrollo y activa defensora de los derechos de los animales, expresó de forma clara y contundente su rechazo a las peleas de gallo, argumentando que estas prácticas deben ser prohibidas por ley desde el inicio.

Aseguró que la misma legislación que regula el transporte y trato de animales destinados al consumo humano, también debería contemplar la prohibición de todo tipo de maltrato animal, incluyendo las peleas de gallos.

"La ley ya prohíbe las peleas de perros, y hay que entender que un gallo, al igual que un perro, es un ser vivo. No podemos tener una legislación selectiva que proteja a unos animales y a otros no", enfatizó.

Rodríguez denunció que, detrás de las peleas de gallo existe una estructura de poder profundamente arraigada a sectores influyentes de la sociedad. "Solo hay que pasar por una gallera, incluso en los barrios más humildes, para ver la cantidad de vehículos de lujo estacionados. Esto no es un entretenimiento popular, es una práctica mantenida y promovida por personas con poder económico y político", afirmó.

Para Myriam, este tipo de eventos no solo representan un acto de crueldad hacia los animales, sino también el reflejo de cómo ciertas élites utilizan su posición para perpetuar prácticas arcaicas que violan los principios básicos del bienestar animal.

Una de las críticas más firmes de Rodríguez está dirigida al proceso legislativo que dejó fuera la prohibición de las peleas de gallo de la Ley de Bienestar Animal. "Las peleas de gallo se excluyeron deliberadamente de esa ley para asegurar su aprobación en el Congreso. La mayoría de los diputados, que son galleros o simpatizantes de estas prácticas, nunca habrían permitido que la ley pasara si incluía la prohibición explícita de estos eventos", denunció.

Desde la Fundación Democracia en Desarrollo, se entregó una propuesta concreta al diputado Omar Fernández, en la cual se solicitaba la inclusión expresa de la prohibición de las peleas de gallo. La presidenta lamenta que, a pesar del trabajo y la presión de organizaciones civiles, se haya optado por ceder ante intereses particulares. "Nuestra posición ha sido siempre coherente: no se puede hablar de protección animal mientras se permite, de forma tácita, una práctica tan violenta y degradante".

Finalmente, la activista expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la lucha por los derechos de los animales. "Estamos yendo para atrás como el cangrejo. En lugar de avanzar hacia una sociedad más empática y justa, estamos permitiendo que intereses económicos y políticos frenen el progreso en materia de protección animal. No podemos seguir aceptando este tipo de incoherencias legales y éticas", concluyó.

Ley 248-12: Avances en protección animal con una excepción polémica

La Ley No. 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, promulgada en la República Dominicana, busca garantizar el bienestar de los animales, prevenir el maltrato y fomentar una cultura de respeto hacia ellos. Establece normas claras tanto para los propietarios como para el Estado.

Los dueños de animales están obligados a brindar alimentación, cuidados de salud, higiene y alojamiento adecuado, evitando actos de crueldad, abandono o negligencia. Además, la ley establece que el Estado debe desarrollar programas educativos, campañas de vacunación, crear albergues y apoyar a organizaciones protectoras de animales.

La ley prohíbe el maltrato, la crueldad y el biocidio (matar animales sin justificación), imponiendo sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y si hay reincidencia. Estas sanciones aplican tanto a animales domésticos como a los utilizados para trabajo, entretenimiento u otros fines. Además, se promueve la tenencia responsable, es decir, que las personas solo tengan el número de animales que puedan cuidar adecuadamente sin causarles sufrimiento ni poner en riesgo a otros.

Sin embargo, la implementación de la ley ha enfrentado varios obstáculos, ya que hace una excepción específica para las peleas de gallos, las cuales no están contempladas dentro de las actividades prohibidas por la ley. Esto significa que, legalmente, las peleas de gallos están permitidas en la República Dominicana, siempre que se realicen conforme a las normativas vigentes.

También existe una débil aplicación por parte de las autoridades, con escasa fiscalización, poca formación de jueces y fiscales en esta materia, y falta de albergues públicos, sobre todo en zonas rurales o municipios con menos recursos.

A pesar de sus desafíos, la Ley 248-12 sigue siendo un marco legal fundamental para la protección de los animales en la República Dominicana.

Este conflicto entre tradición y ética plantea preguntas sobre la evolución de las normas sociales y la protección de los derechos de los animales. Mientras algunos defienden las peleas de gallos como parte integral de la identidad dominicana, otros abogan por su prohibición, citando consideraciones éticas y de bienestar animal. La falta de consenso en la sociedad dominicana refleja la complejidad del tema y la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso que considere tanto el valor cultural como las preocupaciones éticas asociadas a esta práctica.