Víctima de intento de asesinato en Higüey clama justicia ante lentitud del caso judicial

Santo Domingo. – Joel de Jesús Rodríguez Durán, víctima de un violento intento de asesinato ocurrido en Higüey, provincia La Altagracia, denunció su temor por su vida debido a los continuos retrasos en el proceso judicial contra los imputados del hecho, quienes permanecen recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.

Rodríguez Durán fue atacado por un grupo de individuos armados con fusiles mientras se desplazaba en su camioneta. Según su testimonio, los atacantes dispararon directamente a matar. Milagrosamente, logró sobrevivir al atentado, aunque desde entonces vive bajo constantes amenazas y con secuelas psicológicas importantes.

El expediente judicial del caso, identificado como No. 187-1-2023-EPEN-00474, involucra a seis personas: Estarlin Rikerlvin Vilorio, Orlando Cedeño Acosta (alias “Ligth”), Reyme Yoan Eusebio Cedeño, Omar Antonio de la Cruz Veras, Pedro Vallejo González y Neifis Neftalís Núñez Espinal (alias “El Sobrino”).

A pesar de que el proceso cuenta con todas las piezas procesales en regla, Rodríguez Durán denuncia que el mismo ha sido objeto de múltiples maniobras dilatorias, lo que ha impedido que se realice la audiencia correspondiente. Esta situación ha incrementado su sensación de vulnerabilidad y su desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

“El temor por mi vida es real. Sobreviví a un intento de asesinato y hoy sigo recibiendo amenazas. No puedo entender cómo, con todos los elementos en manos del sistema, el caso sigue paralizado”, expresó Rodríguez Durán, visiblemente afectado.

El ciudadano exhortó al Ministerio Público, a las autoridades judiciales de La Altagracia y a la Inspectoría del Poder Judicial a intervenir de forma urgente. "No pido favores. Pido justicia. Que se celebre el juicio, que se garantice mi protección y que este caso no quede impune", reclamó.

Este caso pone en tela de juicio la capacidad del sistema judicial de responder de manera oportuna y efectiva ante hechos graves que atentan directamente contra la vida y seguridad de las personas.