Venezuela anuncia su retiro de la Corte Penal Internacional y denuncia “sesgo geográfico”

Caracas, 24 de julio de 2026. El Gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio formal de su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando un supuesto “sesgo geográfico” en la actuación del organismo.

La decisión fue comunicada por el canciller Félix Plasencia, quien informó que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el país notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, la “decisión firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma, en apego al artículo 127 del tratado.

En un mensaje difundido en la red social X, el funcionario sostuvo que la CPI ha concentrado su accionar “de manera desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos, lo que, a juicio de Caracas, evidencia una práctica en detrimento del llamado Sur Global.

“El sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia”, expresó el canciller, quien además consideró que la justicia internacional ha sido “instrumentalizada” para profundizar desigualdades y desconocer la soberanía de los Estados.

Acusaciones de ‘lawfare’

El Gobierno venezolano también acusó a la CPI de aplicar “lawfare” o guerra jurídica, al señalar que el tribunal utilizaría mecanismos judiciales con fines políticos, lo que —según su postura— contribuye a la persecución contra el país.

Pese a su retiro, Caracas reiteró su compromiso con una justicia internacional “equitativa y respetuosa de la autodeterminación de los pueblos”.

Antecedentes de la decisión

La medida se produce meses después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara, en diciembre de 2025, una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma. En ese momento, las autoridades justificaron la acción como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, al que calificaron como víctima de “genocidio”.

Asimismo, el Parlamento cuestionó la actuación del tribunal internacional, al que acusó de “inacción” frente al conflicto en Gaza, pese a que en 2024 la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Con esta decisión, Venezuela inicia el proceso formal para desvincularse del principal tribunal internacional encargado de juzgar delitos graves como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.