Suprema Corte ordena ejecución de sentencia contra Rosa Amalia Pilarte

República Dominicana. – La Suprema Corte de Justicia envió al juez de Ejecución de la Pena de La Vega el expediente de Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para dar cumplimiento a la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Con esta remisión, corresponde ahora al Ministerio Público solicitar formalmente al juez la ejecución de la sentencia, que establece su ingreso al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Según trascendió, un agente ministerial acudió al domicilio de Pilarte para notificarle la decisión, pero esta se habría negado a recibir la notificación. No obstante, la sentencia ya fue comunicada tanto a sus abogados defensores como a la Procuraduría General de la República.

La resolución, emitida el pasado 29 de agosto, rechazó de manera íntegra el recurso de casación presentado por la defensa y ratificó la culpabilidad de Pilarte bajo la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Además de la pena privativa de libertad, la exlegisladora fue condenada al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público.

El alto tribunal también ordenó el decomiso de varios bienes inmuebles ubicados en La Vega a favor del Estado dominicano. Entre las propiedades confiscadas figuran terrenos y construcciones de diferentes tamaños, incluyendo un inmueble de más de 1,400 metros cuadrados, una parcela de más de 28,000 metros cuadrados, un local comercial y otras edificaciones.

La sentencia destaca que Pilarte no logró desmontar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales establecieron que entre los años 2003 y 2021, manejó más de RD$4,400 millones en sus cuentas bancarias, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese período.

El órgano acusador había solicitado originalmente que la exdiputada fuera sentenciada a 10 años de prisión, pero el fallo final del tribunal impuso una pena de cinco años, ahora firme y en proceso de ejecución.